El TOF 1 de Jujuy impuso ayer condenas que van desde prisión perpetua a 9 años de cárcel a seis imputados en el segundo juicio de lesa humanidad por los delitos de privación ilegal de la libertad, tortura, tormentos y homicidio contra siete víctimas detenidas desaparecidas en la dictadura cívico militar.
Los condenados son Antonio Orlando Vargas, ex interventor en el Penal jujeño y condenado a 25 años en un primer juicio que cumple prisión en Ezeiza, ahora condenado a prisión perpetua.
El ex suboficial del Ejército César Darío Díaz, condenado a prisión perpetua por partícipe necesario de homicidio agravado por alevosía y por concurso premeditado de dos o más personas.
Carlos Alberto Ortiz fue absuelto por el cargo de homicidio, pero condenado a 12 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua por ser coautor de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos con concurso real.
Orlando Ricardo Ortiz, guardia cárcel, fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación absoluta.
Herminio Zárate, guardia cárcel, fue condenado a 9 años de prisión inhabilitación absoluta y perpetua, por ser coautor de privación ilegítima de la libertad, agravada por mediar violencia, amenazas y tormentos.
El guardiacárcel Mario Marcelo Gutiérrez recibió la pena de quince años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua por ser partícipe secundario de homicidio agravado por alevosía y por concurso premeditado.
Las víctimas detenidas-desaparecidas son: Dominga Alvarez de Surta, docente, secuestrada por el comisario Ernesto Jai en su casa en Jujuy; Osvaldo José Garibaldi, detenido en El Talar, trabajador en el ingenio Ledesma, y María Alicia del Valle Ranzón, docente, sacada de su casa en barrio San Pedrito.
La nómina de desaparecidos también la integran Juana Francisca Torres Cabrera, detenida ilegalmente en su domicilio de barrio Mariano Moreno, y su hermano de 16 años, Pedro Eduardo Torres Cabrera, jornalero, secuestrado mientras trabajaba en un galpón del ex intendente de Jujuy durante la dictadura, Pablo Labarta.
También fue secuestrado y desaparecido Jaime Lara Torres, docente de artes plásticas, detenido en su casa de barrio Los Perales y el abogado Jorge Turk Llapur, quien se presentó espontáneamente a la Jefatura de Policía tras una citación.
Todos fueron víctimas de torturas en diferentes centros clandestinos de detención como la Jefatura de Policía, donde funcionaba un centro del Area 323, organismo represor de la dictadura, el CCD de la localidad de Guerrero y en el propio Penal.
Los fiscales fueron Francisco Snopek y el ad hoc, Pablo Pelazzo. Los abogados querellantes por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, María José Castillo; por el Codesedh, Liliana Molinari y Martín Patio y las particulares Ariel Ruarte y Paola Alvarez Carreras.
Los defensores Matías Gutiérrez Perea, Luis Casares y Carlos Rodríguez Vega.
Quedó en firme que las víctimas fueron secuestradas en los últimos días del mes de mayo de 1976, llevadas al Penal y luego entregadas el 10 de junio del mismo año al ex comisario Ernesto Jaig y al sargento Díaz, según relatos de testigos víctimas y asientos en los libros internos.
El único cuerpo que fue recuperado fue el de Alvarez de Scurta, enterrado en el cementerio de Yala como NN, exhumado y reconocido por familiares y un empleado de la morgue del Hospital Pablo Soria
El juicio comenzó 4 de septiembre del año pasado, en el salón del Colegio de Abogados y continuó en el del Juzgado Electoral Federal hasta ayer.
Se desarrollaron 39 audiencias y testimoniaron más de medio centenar de testigos-víctimas, tres ex jueces federales, ex guardicárceles, médicos del penal, al igual que otros testigos desde el Consejo de la Magistratura y un ex intendente durante la dictadura militar.
Por video conferencia desde Francia testimoniaron Martina Chávez y Ninfa Hockofler, quienes compartieron el pabellón de mujeres con las víctimas.
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