Desde 2016, este medio viene dando información expresa de un número importante de personas que cobran sueldos más que interesantes en el poder judicial, pero que no registran antecedentes de haber accedido a sus cargos por los carriles democráticos. Resulta que, para ingresar a trabajar en tribunales, aún más a ciertos trabajos de privilegio donde el horario se cumple a gusto y se cobra un sueldo altísimo, parecen no existir demasiados requisitos.

En este semanario se llama Malas Lenguas a una sección en especial: allí se dicen cosas que han sucedido ante la evidencia de los ojos de todos, pero el cerco mediático establecido alrededor de los grandes poderes ha hecho que no se difundan. En ese espacio se venía denunciando que el Fiscal General de Cámaras —Daniel Adler— había armado un grupo de privilegio enorme, compuesto por militantes políticos provenientes de diversos sectores. Sus integrantes habían llegado allí por la ventana. Por ejemplo, Belén Cano de Libres del Sur, Lucía Muraca y Pablo Carignano de La Cámpora, Juan Gelemur de Patria Grande, Rosa Dettori por ser la esposa del “Toro” Aiello, Lorena Vallejos y Mila Montaldo provenientes de SITRAJU. Decíamos que se trataba de una facción política marplatense que tenía sucursal operativa en Tandil, de la mano de Pablo Larriera. Tan malas son las lenguas que mencionaban en el mismo momento que Micaela Herrera —ex jefa de Anses Tandil y activa militante del Movimiento Evita— había llegado a su cargo por un nombramiento y una efectivización igualmente irregulares. Las Malas Lenguas decían también que la tal Mica gozaría de la amplia simpatía y dedicación de Adler.

Esa no era la primera vez que este medio daba indicios contundentes de lo que hoy se verifica. Habíamos hablado de María Rosa Dettori, esposa de Juan Manuel Aiello, el Toro, quien fuera número dos del EMDER. Ella ingresó a la Fiscalía por obra del ex integrante de la SIDE Juan Martín Mena, quien pidió su nombramiento al ex jefe de la PROCELAC, Carlos Gonella. De ella hablamos.

La italiana

Según se decía en aquel momento, Dettori —de nacionalidad italiana— no era abogada sino criminóloga. Ella tiene un escaso dominio del idioma español, y nos imaginamos que bastante menor será su dominio de la  enorme carga conceptual que implica trabajar en el marco de la ley argentina. Ya en aquel momento se decía que cobraba mensualmente 45 mil pesos. Hablamos de 2016.

Y si es por favorecerse del dinero de la caja pública, otro caso especial es el de Mila Montaldo, la última incorporación a la Fiscalía General de Cámaras. Se trata de la mujer de Víctor Hugo Dellarosa, sindicalista jubilado ex-preferido de la Procuradora, quien fue el armador del SITRAJU. Otra operadora con sueldo superior a los 45 mil pesos, que permanece en el edificio de la fiscalía sin que nadie sepa cuál es su función. Ni trabajo judicial, ni administrativo.Toda una estructura montada que drena dinero público escandalosamente, sin control.

Hoy todos los pronósticos se cumplieron, y las irregularidades que este semanario anunciaba comienzan a reflejarse en resultados de orden judicial. Recientemente, la Procuración General de la Nación tuvo que reconocer lo que N&P había advertido: la italiana no tenía título.

En efecto, todo explotó porque la agente Rosa María Dettori, oficial mayor de la Procuración General de la Nación que prestaba funciones en la oficina de ATAJO de Mar del Plata, solicitó que se le reconociera la bonificación por título de abogada y el retroactivo correspondiente desde que asumió. El título que presenta consiste en una reválida de la Universidad Nacional del Nordeste, sobre el que fuera expedido por la Facultad de Jurisprudencia de Sassari de la Universidad de Sassari, Italia.

Pero claro, para llevar adelante este reconocimiento académico hay que armar un expediente, y mirar las firmas. Se incorporó a ese expediente cierta documentación remitida por las autoridades de la universidad nacional sobre el trámite de reválida de título extranjero, y otra gestionada por la Secretaría de Coordinación Institucional en el marco del Convenio de Cooperación Institucional suscripto con la Guardia de Finanzas de Sassari, República Italiana.

De esta última, expedida por la referida autoridad extranjera a título informativo, surge que Dettori no concluyó su licenciatura en Derecho y que su condición de estudiante caducó el 28 de febrero de 2018. No es abogada. También se desprende que el trámite delegalización N° 16266/11, del 24 de octubre de 2011, del gobierno de Sassari, pertenecería a un trámite diferente, que no es el del título de Dettori.

El trámite

A su vez, parece que la funcionaria nombrada presentó unas fotocopias certificadas de dos ejemplares diferentes del título a su nombre, expedido por la Universidad de Sassari el 20 de julio de 1998. En ese agregado, más precisamente en la hoja 4, presenta tres firmas con sus aclaraciones debajo. En otro documento, que se encuentra agregado en su legajo personal en la hoja número 42, el título aparece emitido el 20 de julio de 1998/99 y presenta sólo una firma con su aclaración.

Por otra parte, las apostillas de La Haya —requerimiento de legalización internacional imprescindible de cualquier documentación— que aparecen en el reverso de ambos documentos, llevan el mismo número: el 16266/2011, y la misma fecha de legalización, 24 de octubre de 2011. Aparecen suscriptos por la misma persona, pero difieren a simple vista en la firma y en su estructura.

Cuando se detectaron todas estas irregularidades, se remitieron las copias de los documentos al Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Germán Moldes, quien radicó la denuncia penal.  La causa vino a dar al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 10 y a la Fiscalía 12 del fuero correspondiente.

La resolución firmada por el Procurador General de la Nación Interino, Eduardo Ezequiel Casal, indica: “En resumen, la situación descripta permite presumir que se está ante la posible existencia de faltas disciplinarias, por lo que se dispondrá la formación de un sumario administrativo, que comprenda los hechos aquí descriptos y se designará como instructor al doctor Norberto Alejandro Baldanza, secretario de fiscalía general”.

De acuerdo con el Reglamento Disciplinario para Funcionarios y Empleados del Ministerio Público Fiscal de la Nación hay que iniciar el sumario Dettori con instrucción de Baldanza. El mismo va a designar un agente letrado como secretario de actuación en un plazo de sesenta días. De haberse callado la boca, de haber renunciado a reclamar el sobresueldo, no se daban cuenta nunca. Porque acá nadie controla demasiado.