La Legislatura de Chubut sesionó durante la tarde de hoy de manera ordinaria. En primer lugar, se aprobó por unanimidad de los diputados presentes en el recinto un proyecto impulsado por el legislador del bloque oficialista (Despierta Chubut), Leonardo Bowman, para la creación de un nuevo marco normativo en las comunas rurales en reemplazo de la Ley XVI número 93, la cual se encontraba en vigencia desde hacía 10 años. 

La nueva Ley de Comunas Rurales fue fundamentada por Bowman, quien señaló: “Luego de la sanción de la Ley XVI número 93, el cambio más significativo para quienes habitamos las comunas rurales, fue que esta ley propició las elecciones de las autoridades locales, presidente y vice, a través del voto de manera democrática. Hasta 2015 las autoridades eran designadas por el Poder Ejecutivo”.

Bowman aludió a que las últimas elecciones generales en las comunas produjeron una participación del 74%, más que el 70% promedio en los grandes centros urbanos. “A pesar de que fueron en invierno se dieron estos resultados importantes”, indicó.

El proyecto presentado, señaló, “se fundamenta en que la ley vigente carece de reglas claras tanto para la participación como para la regulación de las responsabilidades, con el fin de cumplir con las expectativas que los vecinos de las comunas tienen en sus gobiernos locales”.

Entre otros puntos dijo que “se introdujeron cambios para agilizar los trámites de asunción de los cargos no electivos, de manera que el día de la asunción el presidente y vicepresidente lo puedan hacer con su equipo de trabajo y cumplir con las expectativas de la comunidad”, al tiempo que “se incrementó de dos a cuatro años la residencia para quienes quieren participar en cargos electivos para propiciar el conocimiento previo de la comunidad por parte de los aspirantes”.

Por otro lado, el cuerpo legislativo chubutense aprobó dos dictámenes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, por los cuales se rechazaron por “inadmisibilidad formal” denuncias presentadas para iniciar juicio político contra el Procurador General de la Provincia, Jorge Miquelarena; y su adjunto Emilio Porras Hernández.

El juicio político contra Miquelarena había sido pedido por la Fundación FUSSO; mientras que el proceso pedido contra Porras Hernández había sido presentado por el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz.

En el caso del pedido presentado por la Fundación FUSSO, Hollmann pidió autorización para leer el dictamen de Comisión, y entre otras cuestiones mencionó que la solicitud se basa en afirmaciones mayormente falsas, y que desconoce las competencias del Ministerio Público Fiscal, no existiendo además denuncias previas contra el Procurador General ante el Consejo de la Magistratura y otros organismos.