La iniciativa, presentada por los legisladores María Eugenia Estenssoro y Juan Pablo Arenaza, fue acompañada por representantes del PRO, la Coalición Cívica, Unen y el bloque de la diputada Graciela Ocaña.

“La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires expresa su más enérgico repudio por la violación del artículo 43 de la Constitución Nacional que protege el secreto de la información periodística, del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que garantiza la libertad de expresión y el derecho de buscar, recibir y difundir información”, se comunicó.

El martes 28 de octubre el juez Santiago Ulpiano Martínez ordenó un allanamiento a la radio y al sitio de noticias LA BRÚJULA 24 para buscar la fuente de las escuchas de los detenidos por lavado de dinero.

Además, el periodista Germán Sasso de dicha radio y portal digital fue procesado por violación de secretos y encubrimiento por haber transmitido los audios en los cuales el empresario Juan Suris, vinculado con una causa por narcotráfico, menciona a políticos, policías y miembros del Poder Judicial.

Sasso está acusado por negarse a revelar la fuente que le suministró la información divulgada. En el allanamiento a la radio se secuestró material sobre las escuchas “para llevarse sobre todo lo relacionado con Suris, Fariña y las causas vinculadas con el narcotráfico, según nos dijo la policía”, contó el periodista.

El juez explicó a través de un comunicado que su proceder respondía a un pedido del Ministerio Público Fiscal, con el fin de investigar "la presunta sustracción o violación de secretos por parte de funcionarios públicos" y "eventuales complicidades o encubrimientos de quienes los hubieren recibido y difundido".

“El juez Santiago Ulpiano Martínez procesa al periodista antes que perseguir a los responsables del lavado de dinero y avanzar en la causa del narcotráfico. La situación en el país en materia de libertad de expresión, en particular los graves ataques a los periodistas, pone en jaque la democracia argentina. Si la Constitución no protegiera a la prensa, nuestra democracia estaría invertida y el poder sancionaría leyes para protegerse a sí mismo. Debemos defender el derecho de los todos argentinos a ser informados, tal como lo establece nuestra Constitución Nacional al darle jerarquía constitucional a los tratados internacionales”, finalizó el comunicado de los legisladores.