El oficialismo porteño buscará aprobar normas de excepción para construcciones y el proyecto para privatizar predio de Costanera Norte. Negocia votos con el radicalismo. Ciudad recibiría u$s6 millones por cambiar ley.
El oficialismo porteño negociaba hoy la suma de votos que necesita para la sesión de este jueves en la Legislatura porteña, donde buscará aprobar un combo de leyes que modifican la normativa para proyectos inmobiliarios. Los presentó el Jefe de Gobierno el mes pasado. Al ya conocido emprendimiento en Costa Salguero se le agrega el juego de tres convenios que firmó el Gobierno porteño con empresas privadas para cambiar las normas de construcción y permitirle mayor uso del suelo y mayor altura para torres, en tres barrios de la Ciudad de Buenos Aires.
La iniciativa más polémica se refiere a dos parcelas linderas al Campo de Polo, donde funcionara la Sastrería Militar y la Obra Social de las FFAA, con resistencia dentro del PRO pero rechazo del radicalismo, socio imprescindible para reunir 31 votos que requiere la aprobación de la norma, ya que la Coalición Cívica directamente no votaría los convenios.
El bloque oficialista Vamos Juntos reúne 26 legisladores de los 60 del recinto más los aliados de la UCR que son 9 y 2 del Socialismo. Dentro de VJ, los referentes de Elisa Carrió son 5, que restan para la ocasión.
"No sería raro que Sastrería Militar se archive por el momento" confiaba, un legislador clave del PRO en el debate en comisiones.
En principio no habría inconvenientes para la sanción del proyecto del "Distrito Joven" en Costa Salguero, que contempla la construcción de un barrio naútico torres de hasta 10 pisos, alternado con locales gastronómicos y otro tipo de desarrollos con la duda sobre el paso que se dejará en la ribera, ya que se trata de lotes en la Costanera Norte, frente al Aeroparque. La Legislatura ya aprobó el año pasado el permiso para que los lotes se rematen y que allí se desarrolle este proyecto, para el cual convocó a un concurso que finalizó a mitad de año.
La bancada Frente de Todos, que conduce Claudio Ferreño y es la segunda minoría en el recinto, directamente se opone a todo el combo. De ese bloque, sobre Costanera Norte, el legislador Matías Barroetaveña, expresó que "privatizar el acceso al río es la peor decisión que puede tomar la Ciudad" y que "por un lado se afecta un área sensible al cambio climático, y por otro, se sigue con la venta de tierras que desde la llegada el macrismo al gobierno ya alcanza la superficie de un barrio como San Telmo".
"Mientras discutimos una modificación sustancial a un Código que no tiene dos años de sancionado y nos aprestamos a discutir el Plan Urbano Ambiental, Ley marco que rige la gestión urbana, el Gobierno sigue trayendo modificaciones parciales, motivadas por negocios para los más poderosos. Nos dijeron que con el nuevo Código se terminaban las torres sorpresa, pues bien, todos estos convenios habilitan la construcción de torres de hasta 140metros", se quejó el diputado Javier Andrade, vicepresidente de la Comisión de Planeamiento Urbano.
En cuanto a la iniciativa conocida como "Sastrería Militar", en una parcela se elevaría el proyecto inmobiliario y otra se cedería para una plaza pública, además de $2.5 millones que Horacio Rodríguez Larreta volcaría para la emergencia sanitaria. Se deberían derrumbar además dos edificios que se consideran históricos. Se permitiría un basamento de 11 metros de alto y torres con anchos balcones que mirarían al Campo de Polo.
El caso de Villa Crespo no tendría tanta oposición. Es un terreno en Fitz Roy 801, que se subastó por u$s 13.6 millones y solicita cambio de norma para elevar de 8 a 10 pisos. A cambio la Ciudad recibirá u$s 1.041.112,89.
El tercer convenio trata de una torre en Puerto Madero, que también requiere de más flexibilización constructiva para elevar hasta 140 metros el proyecto. "La contraprestación para el Estado es el pago de u$s2.5 millones para la construcción de un parque en memoria de las víctimas de atentado a la AMIA en un terreno de la Ciudad junto al Parque de la Memoria y para la emergencia Covid-19", explicó Andrade.
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