Es un misterio en qué gastará la Legislatura los cerca de $ 750 millones presupuestados para 2014. Pero sí se sabe que, de la mano del convenio salarial firmado en el primer trimestre del año entre la Provincia y los gremios estatales, los legisladores tendrán un incremento anual del 30% tanto en sus dietas (equivalente a los sueldos) como en los gastos sociales (una especie de gastos reservados asignados a cada parlamentario, sobre los cuales no rinden cuentas de manera pública).

La primera parte del aumento (el 18%) impactó en las boletas de julio, explicaron fuentes del cuerpo colegiado; la segunda parte (es decir, el 12% restante) replicará en los recibos de septiembre.

Fuera de micrófono, referentes de la Cámara justificaron la suba afirmando que también deben atender las incrementos salariales de los empleados contratados. “Aunque no es nuestra obligación, y no debería ser nuestra función, las personas nos buscan para recibir ayudas económicas, medicamentos o pasajes de colectivo, e incluso otras cuestiones de primera necesidad que son costosas, como equipos de aire acondicionado”, indicó un representante de la oposición. En tanto, un peronista argumentó que esos fondos resultan clave a la hora de “mantener la presencia en el territorio”. De hecho, deslizó que algunos oficialistas tienen bajo su órbita hasta 50 agentes trabajando “en cuestiones políticas”.

Los porcentuales

Si bien la cifra de la dieta no se publica en el Boletín Oficial ni en otros medios de difusión estatales, hasta el año pasado rondaba los $ 18.000. Con el 18%, de julio llegó a los $ 21.000; con el 12% de septiembre, superará los $ 23.000.

Esta es la parte de los haberes en “blanco” que perciben los titulares de las 49 bancas de la Cámara. La Constitución provincial, en su artículo 68, establece que “los legisladores percibirán mensualmente una suma de dinero que se denominará dieta”. “(Este monto) tendrá carácter compensatorio de la función y será fijada por la Presidencia del Cuerpo”, agrega la Carta Magna reformada en 2006.

La Ley Fundamental nada dice sobre los denominados “gastos sociales”. Si bien desde un sector del oficialismo sostienen que los montos son idénticos para todos los parlamentarios, por lo bajo los menos “beneficiados” admiten que esto no es así. Esta versión sostiene que la partida de recursos variaría según las responsabilidades internas en el cuerpo colegiado. 

El año pasado, esta cifra en “negro” alcanzaba los $ 50.000 para los de menor escala, entre los que aseguran estar algunos opositores. Con el aumento de junio, la suma llegó a $ 59.000; en septiembre, estos legisladores firmarán los recibos internos por $ 65.000.

El reglamento interno de la Legislatura establece algunas pautas sobre estos ingresos de los parlamentarios, cuando en el artículo 41 habla sobre el personal de cada bancada y se refiere a la partida como “gastos de bloque”. Allí expresa que el pago de estos empleados “se atenderá con una partida especial de gastos que se incluirá anualmente en el presupuesto”. El año pasado, cuando se aprobó la previsión de ingresos y egresos de la Cámara, se difundieron los detalles del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo a través de un archivo digital entregado por la comisión de Hacienda y Presupuesto del cuerpo colegiado. En esa nómina no aparecían los datos referidos a la Legislatura.

El massista Gerónimo Vargas Aignasse (Frente Renovador) habló en la última sesión sobre estos recursos en el período de manifestaciones generales, y señaló que con los fondos sociales va entregando “botones antipánico a más de 4.200 familias”. Algunos evidenciaron sorpresa en el recinto y en los palcos, ya que los legisladores no suelen hablar sobre estos recursos en público.

Otros opositores se quejaron por lo bajo debido al mecanismo de pago de los “gastos sociales”. Como la partida es en “negro”, según estos parlamentarios eventualmente les podría resultar difícil fundamentar alguna compra ante los organismos de control. “Tenemos que justificar que vivimos y hacemos política con alrededor de $ 20.000”, protestó un hombre de las filas contrarias al oficialismo.

Un alperovichista, al ser consultado sobre este tópico, sostuvo que los gastos sociales son importantes para atender necesidades de vecinos, sobre todo de la Sección Electoral y del “territorio” al que pertenecen. “Algunos tienen 50 o 60 contratos con esa partida. No significa que esas personas tienen que estar necesariamente trabajando en la Legislatura. No son asesores. Hacen un ‘trabajo político’”, relató un hombre de peso en las filas oficialistas. Ese “trabajo político” va desde la organización de eventos y la recepción de planteos vecinales hasta las pegatinas y pintadas en muros y postes de luz.

Por la autoridad máxima

Las partidas para dietas y gastos sociales sólo pueden ser fijadas por la autoridad máxima de la Legislatura. Desde 2009, cuando el vicegobernador Juan Manzur tomó licencia para ejercer como ministro de Salud de la Nación, en ese cargo quedó el monterizo Regino Néstor Amado, presidente subrogante del cuerpo colegiado. LA GACETA intentó comunicarse con el legislador oficialista, pero este se encontraba en Buenos Aires, realizando gestiones ante funcionarios nacionales por subsidios en las planillas salariales de empresas locales. “No puede atender el teléfono en este momento”, indicó un secretario.

Altas fuentes del parlamento remarcaron que Amado firmó la resolución interna que fijó el aumento sobre la base del acuerdo al que llegaron los gremios estatales en el primer cuatrimestre del año. Según este vocero, se aguardó hasta julio para aplicar la primera suba, y se estableció septiembre como fecha de la segunda. A pesar de que mantuvieron las cifras oficiales en reserva, todos los consultados admitieron la suba del 30% anual.

En 2003, la dieta era de $ 3.081

En diciembre de 2003, el entonces vicegobernador Fernando Juri (hoy legislador del bloque oficial Tucumán Crece) había dado a conocer en una entrevista con LA GACETA que la dieta fijada era de $ 3.081, y que cada legislador recibiría $ 5.000 para asesores y otros $ 5.000 para gastos sociales. Ese año, afirmó Juri, la Cámara gastó $ 29,7 millones, y la gestión de Raúl Topa (1995-1999) había alcanzado los $ 42 millones en las erogaciones.