La norma había sido impulsada por el gobierno de María Eugenia Vidal en un proyecto que eliminaba impuestos provinciales y municipales para reducir el costo de la energía eléctrica un 15,7%; la del gas, un 6,3%, y la del agua corriente, otro 6,2 por ciento.

La primera parte de esa iniciativa fue sancionada hace seis semanas y los descuentos ya comenzaron a llegar a los usuarios. Pero la eliminación de normas municipales chocó contra la resistencia de los intendentes. Los jefes comunales alertaron que la eliminación de estos cánones, tal como quería la gobernadora, traería aparejada complicaciones en las cuentas de los municipios ya que los presupuestos en cada distrito son confeccionados a comienzo de año.

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Por eso su tratamiento se estancó y los jefes comunales, tanto oficialistas como opositores, buscaron alguna alternativa para poder salir de la situación. Fue así que esta semana el Frente Renovador y el bloque del PJ de los intendentes llegaron a un acuerdo con el oficialismo para introducir cambios al proyecto original y de esta manera sortear los problemas de las cuentas municipales.

La solución: le cargaron los importes al sector privado. Es decir el 6% de luz que hasta ahora pagaba los vecinos en concepto de cánones municipales ahora lo pagarán las empresas prestatarias del servicio. Del mismo modo ocurrirá con el 4 % del agua. Si bien la proyecto fue celebrado como un triunfo de Cambiemos la oposición de Unidad Ciudad alertó que la puesta en marcha de esta norma generará inconvenientes en los distritos.

"No tenemos nada que festejar. Nos enteramos por los medios antes que por la tarea legislativa [del contenido de la iniciativa votada]. El proyecto traslada la definición política a las intendencias que ya tienen mucho de que ocuparse con lo que le fueron trasladando nación y provincia. Van a tener que pasar por concejos deliberantes para aprobar otra tasa para cobrar a las cooperativas. Y sabemos cuál es la situación que atraviesan esas cooperativas", disparó el senador Juan Manuel Pignocco de Unidad Ciudadana-FPV.

La diputada del Frente Renovador y vicepresidenta de la comisión de presupuesto, Valeria Arata, opinó distinto. "Se buscó una solución para destrabar el proyecto. Las empresas eléctrica y las que prestan servicios sanitarios no estaban pagando por el uso del espacio aéreo, la colocación de cables, caños como lo hacen, por ejemplo, las empresa de servicio de televisión por cable. Los municipios le cobraban esos importes a la gente. Era una norma vieja, de hace 30 años y nosotros pensamos que lo deberían pagar las empresas".

El proyecto original llevaba a 0 la parte de la boleta de la luz que queda en las arcas municipales. Ahora, las modificaciones introducidas al proyecto establece que "cada municipio podrá aplicar a la distribuidora correspondiente, conforme a la normativa local, todo gravamen o derecho municipal que corresponda" sin excederse del 6 % establecido en la vieja ley, y tienen prohibido cobrar por actividades o servicios "no vinculados" a la actividad.

El mismo criterio se usó para las boletas de agua y así cada municipio podrá aplicar al prestador correspondiente, conforme a la normativa local, todo gravamen o derecho municipal que corresponda, los que en total no podrán exceder el 4% de las entradas brutas del prestador, netas de impuestos, recaudadas por la venta de los servicios. Las contribuciones especiales o de mejoras y aquellas que correspondan por la prestación efectiva de un servicio no vinculado a su actividad quedan exceptuadas del tope fijado precedentemente.

El proyecto estaba estancado en la Cámara de Diputados que, tras lograr el consenso político con un sector de la oposición, fue aprobado y girado a la Cámara de Senadores que lo convirtió en ley al caer la noche. "En este proyecto fue fundamental el apoyo de parte de la oposición (frente Renovador y bloque de los intendentes) para poderle llevar tranquilidad a los intendentes y poder bajar algunos puntos las tarifas de la luz y del agua", concluyó el diputado Manuel Mosca (Cambiemos).