Los bloques legislativos opositores resolvieron ayer dejar de asistir a las reuniones de Labor Parlamentaria de la Unicameral, en lo que sería el primer costo político e institucional que afronta el gobernador José Manuel de la Sota por el tratamiento express de la reforma previsional, el miércoles pasado. La decisión ya había sido anunciada por algunos sectores, pero ayer se concretó por primera vez.

En ese marco, la oposición repudió la reforma jubilatoria, que difirió 180 días el pago de los aumentos a los pasivos cordobeses, en relación a los activos.

La medida fue anunciada por los bloques del Frente Cívico, Unión Cívica Radical, Frente de Izquierda y Encuentro Vecinal Córdoba. No se plegó el unipersonal del ex juecista Rubén Borello.

El miércoles pasado, De la Sota concurrió a la Legislatura a presenciar la votación de la ley por la cual Córdoba se bajó unilateralmente del Pacto Fiscal de 1992, iniciativa que gozó de un amplio consenso entre la oposición. Pero tras la votación, De la Sota anunció el proyecto de “Fortalecimiento Previsional”, que fue votado en veinticinco minutos y sobre tablas por el oficialismo, mientras la oposición abandonaba el recinto.

Labor Parlamentaria es una comisión compuesta por las autoridades de la Legislatura y los presidentes de los bloques. Se reúne una vez por semana, antes de las sesiones, para acordar la actividad legislativa del día y el temario a tratar, y es considerada en la rutina legislativa como una instancia de diálogo y negociación entre oficialismo y oposición.

El titular del bloque del Frente Cívico, Roberto Birri, dijo que “de un plumazo”, De la Sota “logró meterle la mano en los bolsillos a los jubilados y a toda la ciudadanía por el impuestazo a los combustibles”, y calificó de “cachetazo de desprecio a las instituciones cordobesas”, al trámite urgente con que se aprobó la ley. Dijo el juecista que el Frente Cívico considera roto el diálogo político que lanzó el propio De la Sota en los inicios de este Gobierno, y que de ahora en más “no acudirá” a las convocatorias del mandatario. Asimismo, indicó que reclamarán vía judicial los cargos institucionales que le corresponden al Frente Cívico en los directorios de empresas descentralizadas y en agencias gubernamentales.

En tanto, desde la UCR, el legislador Luis Brouwer de Koning reprocho al oficialismo el hecho de que, mientras la oposición apoyaba al Gobierno en su denuncia del Pacto Fiscal, para que Córdoba recupere el 15% de la coparticipación que cede a la Nación desde 1992, el mandatario “de manera unilateral disolvió el 82% móvil de los pasivos de Córdoba”. “Fueron momentos donde la prepotencia y el poco apego al diálogo se adueñaron de la casa del pueblo. La misma comprensión que exige el gobernador a nivel nacional la retacea a nivel provincial”, indicó.

Por la derogación

En tanto, el juecismo solicitó la derogación de la Ley previsional Nº 10.078, y la creación de un Fondo Ético para paliar el déficit de la Caja de Jubilaciones, integrado por ahorro en publicidad oficial y gastos contemplados en el Presupuesto provincial 2012.

Según el proyecto que firma el bloque del Frente Cívico, con el direccionamiento de gastos se ahorrarían unos $ 1.876 millones, más $ 500 millones anuales en publicidad.

Piden informes sobre recorte al Boleto Educativo

El Frente Cívico pidió al Gobierno de Córdoba informes sobre el recorte al beneficio del Boleto Educativo Gratuito, que sufrió una merma para los estudiantes que viven a más de 100 kilómetros de su lugar de estudio. Según publicó LA MAÑANA en primicia el lunes pasado, el Gobierno dispuso un ajuste en el Boleto Educativo Gratuito, al reducir de ocho a dos los pasajes mensuales para los estudiantes del interior. El proyecto pide que el Gobierno “rinda cuentas sobre la implementación del programa de Boleto Educativo Gratuito desde su inicio hasta la actualidad y explique las razones de los recortes que afectan principalmente a los estudiantes del interior provincial”. “De la Sota ya nos tiene acostumbrados a las acciones de marketing que se caen a poco de implementarse”, dice el pedido de informes.