Una decena de los 30 diputados porteños que dejarán sus bancas en diciembre próximo se presentaron como candidatos a ocupar un cargo de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos, dos organismos de control local, en tanto que también apuntaron a espacios dentro del Ministerio Público Fiscal, que sirve de enlace entre la justicia y los ciudadanos.

Las postulaciones fueron elevadas a la Junta de Etica de la Legislatura, que trabaja contra reloj para acelerar los tiempos para que los diputados lleguen a aprobar las designaciones de los próximos directores de los tres organismos antes del 10 de diciembre, cuando se producirá el recambio parlamentario.

Para ello, ya convocaron a audiencias públicas el 29 de noviembre y 6 de diciembre, con participación abierta, en la cual los candidatos podrán manifestar sus antecedentes para ser elegidos y también estará la chance de exponer objeciones de parte de quienes no los consideren idóneos para los cargos.

Posteriormente, la Junta podrá elevar los expedientes al recinto, donde requerirán los votos positivos de al menos 40 de los 60 diputados y ello seguramente ocurrirá en el marco de una sesión especial que, quizá, se desarrolle el sábado 7 de diciembre o el lunes 9.

En el caso de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, se presentaron 40 postulantes, entre ellos nueve legisladores, para ocupar los seis puestos que quedarán vacantes, una defensoría general y cinco adjuntías.

Los diputados que quieren pasar a ese organismo, cuyo mandato está establecido en cinco años, son Alejandro Amor y María Rachid, del Frente para la Victoria; Delia Bisutti, de Nuevo Encuentro; Laura García Tuñón y María América González, ambas de Buenos Aires para Todos; Oscar Zago y Lidia Saya, del PRO; Claudio Presman, de la UCR, y Julio Raffo, de Proyecto Sur.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad es un órgano unipersonal e independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, cuya misión es la defensa, protección y promoción de los derechos humanos frente a los actos, hechos u omisiones de la administración, de prestadores de servicios públicos y de las fuerzas que ejerzan funciones de policía de seguridad local.

Las adjuntas o adjuntos no pueden ser todos del mismo sexo y cada uno de ellos trabaja diferentes problemáticas ciudadanas: Ambiente y Desarrollo Sostenible, Defensa de los derechos del turista, Planeamiento, identidad barrial y preservación arquitectónica, Temas de justicia, consumidores y adicciones y Defensa de clientes bancarios y deportes.

Para el Ente Regulador, fue el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, de acuerdo a la ley que dio origen al organismo, quien postuló a Paola Michielotto a la presidencia del directorio, en tanto que las cuatro vocalías que completan a la estructura jerárquica son las que deben ser impulsadas por el acuerdo de la Legislatura.

Para ello, fueron nueve las postulaciones en total, de las cuales cuatro correspondieron a diputados que terminan su mandato en diciembre y algunos de los cuales también se presentaron a la Defensoría como el caso de María América González y Julio Raffo; en tanto que también aspiran a obtener una vocalía los legisladores Ruben Campos, de la UCR, y Adrián Camps, del Partido Socialista Auténtico.

Asimismo, la lista de postulantes que no son legisladores en la actualidad se completa con los pliegos de Fernando Barrera, que fue impulsado por el bloque del Frente para la Victoria; Martina David, de la Coalición Cívica; Alejandra Goldsack, de Bases para la Unión; y dos representantes de asociaciones de usuarios y consumidores, de los cuales solo uno podrá ser electo.

El Ente ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos prestados por la administración central para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores en áreas como transporte público de pasajeros, alumbrado público y señalamiento luminoso, higiene urbana, control de estacionamiento por concesión y televisión por cable o de transmisión de datos.

Por último, para el Ministerio Público fueron elevados los pliegos del diputado del PRO Martín Ocampo para Fiscal General, el camarista Horacio Corti para Defensor General y la funcionaria macrista Yael Bendel, como Asesora General Tutelar, en reemplazo de Germán Garavano, Mario Kestelboim, y Laura Musa, respectivamente.