VIEDMA (AV).- Una denuncia penal por la presunta incompatibilidad en su función al frente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, fue presentada ayer contra el titular de esa cartera, Marcelo Martín, por parte del bloque de legisladores del Frente para la Victoria.

Además, esa bancada hizo una presentación en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, contra la ministra de Turismo, Silvina Arrieta, a la que acusan de violar la ley de Ética e Idoneidad de la Función Pública, al haberse quedado con un inmueble de una anciana de 95 años en una llamativa maniobra.

En una rueda de prensa realizada ayer en medio de la sesión legislativa, el integrante de ese bloque, Nicolás Rochás explicó que el caso de Martín es por "incompatilidad" debido a que tiene emprendimientos privados en la industria ganadera cuyos intereses chocan con su cargo en la función pública.

"Se está enriqueciendo", disparó Rochás en alusión a que el Ministro es beneficiario de las políticas que dispone y aplica. Y adelantó que habrá una denuncia penal en ese sentido.

Rochás dijo que es el Ministro de esa cartera quien debe controlar a los feedlots, lo que hace incompatible su función con la actividad empresaria que mantiene en el rubro. Por ello, los legisladores pidieron la renuncia del funcionario.

No descartó además que haya recibido beneficios en lo personal con medidas económicas y políticas dispuestas desde el organismo que conduce.

La polémica afloró luego de que el gobernador de La Pampa, Carlos Verna, declarara que Marcelo Martín es socio de un feedlot con el hijo del empresario Carlos Pilotti, propietario de un frigorífico. Ahora Rochás dijo que cuentan con pruebas que certifican esa propiedad, como también la de otras firmas en las que participaría el ministro.

Por su parte, Jorge Vallaza y Alejandro Ramos Mejía reiteraron el pedido de renuncia de Silvina Arrieta por haber perjudicado a una mujer de 95 años en la compra de un terreno en Bariloche. Los integrantes del bloque del FpV aducen que existe, más allá de lo legal, un cuestionamiento ético-moral ya que el terreno habría sido adquirido a un costo muy inferior al de mercado, afectando a la vecina.

Las acciones fueron explicadas ayer a la prensa, en el hall de la Legislatura, por Alejandro Marinao, Jorge Vallaza, Edith Garro, Nicolás Rochás y Alejandro Ramos Mejía.