La mayoría parlamentaria del oficialismo le bastó para dar aprobación al Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo que data del 9 de marzo y que estipula la declaración del estado de emergencia hídrica, social y comunitaria en todo el territorio provincial. "Se trata de otorgar las herramientas necesarias para que el PE pueda acudir con celeridad a atender todas las consecuencias de este temporal sin precedentes", comentó a primerafuente.com.ar, el legislador Ramiro González Navarro.

La normativa fue rechazada por la bancada opositora (UCR, Frente Renovador, Fuerza Republicana y Democracia Cristiana) pero fue respaldada por el sector afín al intendente Domingo Amaya, aunque con varios cuestionamientos.

La principal crítica en la que abundaron los parlamentarios apunta a que la existencia de la Ley de Emergencia Hídrica y Social (ley N° 7875) sancionada en 2007 (posteriormente sería prorrogada en varias ocasiones) y con vigencia hasta el 2016 hace innecesario la aprobación del DNU. "Una ley es más que un decreto. El gobierno cuenta con todas las herramientas jurídicas para hacerse cargo de la situación", acusó el legislador Ariel García de la UCR.

Ante estos planteos, el legislador González Navarro se convirtió en escudero del gobernador y remarcó la necesidad del DNU "puesto que tiene marcadas diferencias presupuestales". La ley 7875 fija una compensación de partidas hasta llegar a un monto que no podrá superar los $60 millones. "Mediante el decreto ya se obtuvo créditos de la Nación por $90 millones, un 50% por encima del tope fijado en la ley", aclaró Navarro.

Los legisladores alperovichistas ratificaron la importancia del decreto y remarcaron las condiciones "excepcionales" en la que se produjeron las últimas inundaciones. "No se podía prever esta situación. Las condiciones climáticas excedieron cualquier cálculo", aseguraron.

Este último punto del discurso oficialista tuvo respuesta por casi la totalidad de sus pares opositores, quienes se empeñaron en remarcar al presidente del cuerpo, el vicegobernador Juan Manzur, la responsabilidad de la gestión alperovichista en el "colapso" de la infraestructura hídrica que "quedó al descubierto" con las últimas inclemencias climáticas. "Esto no fue una emergencia. Lo que pasó fue por la ineptitud de las áreas de Obras Públicas", sentenció el radical Federico Romano Norri, al tiempo que insistió en la convocatoria al secretario de Obras Públicas, Oscar Mirkin, para que "dé explicaciones" ante el cuerpo legislativo "sobre qué se hizo para prevenir este tipo de situaciones".

En el mismo contexto, José Teri (Frente Renovador) cuestionó el mega emprendimiento Lomas del Tafí y aseguró que "hubo un fallo estratégico". "La construcción de Lomas de Tafí provocó deforestación y generó lagunas de retención de agua. No se tuvo en cuenta la capacidad de los canales por eso colapsaron", sostuvo.

Por parte del Amayismo, el principal reclamo giró en torno a la falta de detalle con respecto a la distribución del capital para atender las necesidades sociales de los sectores afectados por las inundaciones. "No entendemos hasta donde alcanza la definición de emergencia social. Esperamos que el estado provincial se haga cargo de la totalidad de los bienes perdidos en las inundaciones y que no sólo se limite a elevar el monto de los planes", remarcó el amayista Alfredo Toscano.

En respuesta a Toscano, el que salió al cruce fue el legislador ultraoficialista Sisto Terán quien recordó que junto con la emergencia también se aprobaron varios proyectos que tienen por objetivo la creación de viviendas para los damnificados de las últimas inclemencias climáticas. "Tenemos que reconstruir la vida cotidiana de los ciudadanos que han perdido prácticamente todo", agregó.