Crece la puja entre ambos sectores. Desde el FpV y el oficialismo suman denuncias por acciones persecutorias de los penalistas. A Ricardo Arroyo lo procesaron y luego retiraron la acusación.
El accionar de los fiscales de Viedma se instaló de lleno en el centro de la discusión política. El bloque del FpV denunció a dos de ellos, penalistas, por acciones “persecutorias” tras sus declaraciones. En la misma línea acusó el legislador oficialista y ex ministro de Desarrollo Social, Ricardo Arroyo. Los acusó porque “me armaron una causa con dos papelitos”.
Ambas denuncias expresan hoy la injerencia de la política en las tareas que desarrollan los fiscalías.
La bancada opositora denuncia que se la quiere “callar y amordazar –según el titular del bloque del FpV, Alejandro Marinao– a partir de la citación judicial del legislador Nicolás Rochas para ampliar una nota periodística que reproducía declaraciones suyas contra su par oficialista, Facundo López, a quien el justicialista calificó de “operador” en la Justicia del gobernador Alberto Weretilneck.
Simultáneamente, el legislador de JSRN, Ricardo Arroyo, busca liberarse de la acusación penal originada por su tardía respuesta a un oficio de la Justicia. Fue cuando era ministro de Desarrollo Social y apuntaba a los programas de contención de menores.
Esta semana, en el debate del juicio, la fiscal Itziar Soly retiró la acusación. “Cómo explicar que la misma fiscal que me acusó, ahora, un año y medio después, entienda que no hay delito”, declaró Arroyo. Explicó esa contradicción en la intervención de la política. “Fue una payasada, me armaron una causa penal con dos papelitos”, insistió, y lanzó sospechas hacia el propio oficialismo.
Los integrantes del bloque del Frente para la Victoria, en conferencia de prensa, advirtieron que se lo quiere “amordazar” y “perseguir” por sus dichos. Enfatizaron en la actuación “de oficio” del fiscal Juan Pedro Puntel, acompañado por el adjunto Juan Chirino. Los legisladores anunciaron que formalizarían una denuncia contra ellos por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
Rochas insistió en desconocer de qué delito se correspondía con la causa abierta. Y advirtió de la existencia de otras similares, las cuales, alertó, “podrían derivar
–como ocurre en la Nación– en espionajes telefónicos”.
Días atrás, Marinao y Rochas hablaron de un “pacto de impunidad” entre el gobierno y la Justicia. En cambio, el último legislador resaltó que la citación se centró en los dichos de López y negó que se tratara de un pedido de la fiscalía de ampliación de información sobre aquella difusión pública. “No fue una denuncia, sino un alerta”, explicó Rochas, aludiendo que era advertencia a partir de comentarios de vecinos.
Ricardo Arroyo (JSRN)será sobreseídoEl legislador oficialista, Ricardo Arroyo, fue procesado en mayo del 2015 por “desobediencia judicial” mientras era ministro de Desarrollo Social. Pero finalmente será sobreseído, ya que la fiscal Itziar Soly no acusó en la audiencia del juicio.La imputación contra Arroyo respondía a su demora a responder un oficio judicial. El juez Favio Igoldi –hoy suspendido– lo procesó al verificar “la no intención de cumplir la manda dentro del plazo legal”. Ahora, la fiscal Soly –ya nombrada jueza penal– no mantuvo esa acusación, al ponderar el relato de los testigos en referencia a la actitud del ex ministro de responder a la Justicia y, en ese sentido, relativizó el atraso en la respuesta, considerando que solamente se atrasó “un día y medio” del plazo para su contestación.“Cómo explicar que la misma fiscal [Itziar Soly] que me acusó, ahora, un añoy medio después, entienda que no hay delito”,
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