La sentencia en el juicio contra Peres y ex vocal del TdeC, Rubén Rivero, por los desmanejos en las cuentas públicas del IPAV se conocerá a las 12.30. La semana pasada, cuando se escucharon los alegatos del juicio oral y público, el fiscal Fernando Rivarola no acusó a ninguno de los dos ex funcionarios y pidió la absolución. Por eso, el juez Néstor Ralli quedó muy condicionado para dictar condenas.

Luego de más de seis años de investigación, nadie es culpable en la administración pública de no controlar la cuenta recaudadora 10.313/6 del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda por la que, entre 1999 y 2003, se desviaron 960.456,21 pesos.

Los ex funcionarios habían sido destituidos hace cuatro años por la Legislatura justamente por no controlar las cuentas recaudadoras 10.313/6 en pesos, y sus cuentas espejos 1000013/3 en dólares y 19030/3 en Lecops.

Peres y Rivero llegaron al juicio como imputados del delito de violación de los deberes de funcionario público en dos oportunidades: por no controlar "deliberadamente" las citadas cuentas y por haber firmado el dictamen 3/99, permitiendo de esa manera que el TdeC tuviera un sistema de control "precario" y "meramente formal" de los dineros públicos de los contribuyentes pampeanos.

Si finalmente hoy se dictan los casi seguros sobreseimientos, quedará impune una parte de la megacausa del IPAV, un caso emblemático sobre corrupción durante el marinismo que se inició por una denuncia de dos funcionarios de ese organismo a fines de 2003, quienes luego terminaron siendo condenados -junto a las máximas autoridades de Vivienda- por el desvío de 960.456,21 pesos, una cifra que actualizada supera los tres millones.

Ipesa.

La otra sentencia será en el juicio que por maltratos y abusos a niños y adolescentes

en el Instituto Provincial de Educación y Socialización de Adolescentes (Ipesa) se le inició a Julio San Miguel, ex director del mencionado centro, y Alicia Echeveste, que estaba a cargo del área de Niñez y Adolescencia de la provincia.

El juicio contra ambos es por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y las denuncias por lo que sucedía en el Ipesa incluyen maltratos de parte de los operadores, encierros con esposas y presuntos abusos sexuales de chicos contra otros niños. También el encubrimiento de esos delitos.

En la acusación, cargo del fiscal Carlos Ordás, se pidió la inhabilitación especial de ocho meses para ejercer cargos públicos y una multa de seis mil pesos a cada uno.