Alejandro Rebossio

No todos los productos y servicios aumentaron de precio al mismo ritmo en 2022, el año con la peor inflación de los últimos 32. En el resto del mundo también ocurre, tal como reflejó la cadena británica BBC en un artículo titulado “Greedflation: cómo algunas empresas están utilizando la excusa de la inflación para generar ganancias récord a costa de los consumidores”, jugando con la palabra “greed”, codicia en inglés. Allí, el economista jefe de UBS Global Wealth Management, Paul Donovan, es decir, de la división del banco suizo para gestión de grandes patrimonios, no de un centro de estudios marxista, advertía: “Hay sectores que aumentaron su poder de fijación de precios y de los márgenes de ganancia”. En su blog, Robert Reich, exsecretario de Trabajo del gobierno de Bill Clinton y profesor de política pública en la Universidad de California, en Berkeley razonó: “Los precios están subiendo porque las corporaciones tienen el poder de subirlos”.

¿Qué sucede en la Argentina? Veamos qué productos y servicios duplicaron o más sus valores, por encima del índice de precios al consumidor (IPC), de 94,8%. El pan y los cereales, en un mercado atomizado y afectado por el impacto de la guerra de Ucrania en la cotización del trigo, se encarecieron el 108,8% en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La leche y los productos lácteos, que constituyen un segmento concentrado, y los huevos subieron 110,4%. El aceite, las grasas y la manteca, otro sector con grandes jugadores y efecto de la invasión rusa, el 112,1%. También hubo remarcaciones en rubros atomizados en los que influyó la crisis climática en las cosechas: las frutas subieron 129,1% y las verduras, tubérculos y legumbres, 174,4%. El azúcar, los chocolates y las golosinas, otro negocio de pocas corporaciones, se incrementaron 104,8%. Las bebidas alcohólicas, donde hay grandes bodegas y cerveceras que dominan, 124,9%. La ropa, un sector diversificado pero con poderosos proveedores de materias primas y cadenas de shoppings, 129,2%. Los bienes y servicios para el hogar, 102%. Las prepagas, un negocio del que participan también grandes empresas, 100,9%. Los periódicos, libros y revistas, otro sector concentrado, y artículos de papelería, un 113,4%. Los restaurantes y hoteles, un rubro atomizado, el 110,4% y los bienes y servicios de cuidado personal, el 102,7%.

En un reciente paper de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), los economistas Pablo Manzanelli y Leandro Amoretti concluyeron que en la Argentina “las ramas oligopólicas lideraron la aceleración de los precios tanto mayoristas como minoristas en el marco de la post pandemia y la guerra en Ucrania, y que el núcleo de esos incrementos corresponde a las ramas altamente concentradas con un claro predominio de grupos económicos locales o conglomerados extranjeros”. En segundo lugar, señalaron que “registraron aumentos de sus precios mayoristas superiores a los de importación y exportación valuados en pesos o, dicho de otra manera, su variación de precios fue más elevada que el que deviene del shock de precios internacionales sumada la variación del tipo de cambio oficial”. Por último, “las tres ramas oligopólicas con predominio de grupos económicos que fueron analizadas en términos de sus relaciones de compra-venta, siderurgia, aceites y azúcar, exhibieron, en la generalidad de los casos, aumentos de precios por encima de sus proveedores y demandantes, lo que tendió a alterar la estructura de precios relativos de las cadenas sectoriales en que actúan a su favor y en detrimento del resto”.

¿Qué sectores aumentaron mucho menos que la inflación? Es decir, ¿cuáles están relativamente baratos y el que puede debería compra? Las carnes, que se encarecieron 62,4%; el tabaco, aunque perjudicial para la salud, 70,2%; el alquiler de la vivienda, aunque a los inquilinos les suponga cuesta arriba, un 73,4%; la electricidad, el gas y otros combustibles, el 74,8%, y eso que les impactó la guerra de Ucrania y que comenzaron a quitarse subsidios a los más que tienen; el transporte público, el 62%; los servicios de telefonía e Internet, el 64,6%; y los servicios recreativos y culturales, el 69,2%.