La eterna candidata y jubilada de la política, Elisa Carrió, es la gran denunciadora serial de la oposición argentina. En los últimos ocho años realizó 66 denuncias penales ante los juzgados de Comodoro Py, muchas de ellas desestimadas, incluso ridículas, acompañadas por los medios de comunicación y, en ocasiones, basadas en anónimos. Lo curioso es que 64 de las acusaciones fueron presentadas entre 1012 y 2018, a un promedio de nueve por año, y tan sólo dos entre 2019 y 2020. En el medio tuvieron lugar el D'Alessiogate y la banda conocida como Super Mario Bros, dos causas que terminaron con funcionarios, espías e integrantes del núcleo macrista en la mira de la Justicia. Las extorsiones de Marcelo D'Alessio y las operaciones de espionaje ilegal que se investigan en Lomas de Zamora dejaron al descubierto un profundo y oscuro entramado de los servicios de inteligencia, los medios de comunicación y la política, lo que se conoce como lawfare. 

El corte en el tiempo del análisis obedece a la digitalización y publicación de las denuncias por el Centro de Información Judicial desde 2013 y otras, como antecedente de 2012, promocionadas por la propia dirigenta de la Coalición Cívica en su página web. El promedio de acusaciones fue muy alto hasta 2018, más de nueve por cada vuelta al sol, pero sólo una por año desde 2019. En febrero de ese año estalló la causa D'Alessio que se complementó con el descubrimiento del Super Mario Bros en 2020. Si bien Carrió prácticamente desapareció de los ámbitos judiciales, utilizó a sus dos alfiles, Mariana Zuvic y Paula Olivetto, para presentar algunas operaciones como la causa "Puf Puf". La hipótesis apuntó a un supuesto armado, por parte de ex funcionarios kirchneristas presos, del D'Alessiogate. Las pruebas presentadas en la Justicia fueron escuchas que supuestamente llegaron de forma anónima al despacho de la ex diputada de Cambiemos. Por supuesto, fue archivada por inexistencia de delito en septiembre del año pasado.

Los abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, querellantes en la causa por el espionaje ilegal macrista que se investiga en Lomas de Zamora, pidieron la indagatoria de Carrió porque, según argumentaron, las escuchas fueron filtradas por el área de Jurídicos de la AFI macrista y terminaron en manos de la dirigenta de la Coalición Cívica. A ella se le atribuye “responsabilidad en la maniobra ilegal desplegada desde la Agencia Federal de Inteligencia con los objetivos de influir en la situación institucional y/o política y/o social del país y en la opinión pública y de dar cobertura a la organización paraestatal que integraban el espía Marcelo D’Alessio y otras personas a las que la nombrada se encontraba estrechamente vinculada”.

Desde el D'Alessiogate, Carrió sólo apareció para presentar dos denuncias. Una, en septiembre del año pasado, fue por la prórroga del protocolo de sesiones remotas de la Cámara de Diputados, mecanismo utilizado para sortear la pandemia del coronavirus. La segunda fue el 23 de diciembre, momento en que apuntó contra el presidente Alberto Fernández y el ministro de Salud, Ginés González García, por un supuesto e insólito "envenenamiento". Una acusación realizada contra la Sputnik V y las gestiones del Gobierno para garantizar la vacunación de la población vulnerable.

Lilita no sólo fue una denunciadora sino que también fue acusada por supuestas mentiras ante la Justicia y recepción de informaciones secretas de la AFIP con finalidades políticas. La investigación se desprende de una causa que aborda presuntos beneficios para el PJ santafesino mediante un plan de pagos. Llamativamente, la fundadora de Cambiemos fue una de las testigos y se inició una averiguación especial para determinar si le mintió a los magistrados. En 2016 le habían preguntado si sabía qué contribuyentes accedieron a esos beneficios y ella respondió: “No lo sé porque hay secreto fiscal. Hago esta declaración en mis prerrogativas como diputada nacional ”. Adujo que fue informada por “notas anónimas”. A raíz de esto, se puso en duda su rol como testigo y la forma en que consiguió los datos. La investigación había caído en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral.

Se extinguió el fuego de las denuncias

Elisa Carrió supo ser una de las protagonistas de Comodoro Py con denuncias que cubrieron un gran espectro: contra amigos de Mauricio Macri, contra Cristina Kirchner, contra diputados que fueron heridos en represiones de Cambiemos, contra ex funcionarios que no respondieron sus preguntas y también por supuestas presiones a jueces (¡plot twist!). La mayoría fueron desestimadas, archivadas o con acusados sobreseídos pero sirvieron, sin embargo, para llenar titulares de los medios hegemónicos. De hecho, las que siguen abiertas tienen en su espalda el apoyo del aparato mediático del mainstream.

Para comenzar por un principio relativamente cercano, en 2012 Lilita hizo cinco denuncias de las cuales todas fueron desestimadas y archivadas. Por supuesto, se dirigieron contra Cristina Kirchner, entonces presidenta de la Nación, y miembros del Congreso por la intervención y expropiación de la imprenta Ciccone Calcográfica. Casi camino al ¡bingo!, CFK fue acusada, junto a Mercedes Marcó del Pont - del Banco Central - por restricciones a la compra de dólares. Finalmente, también fueron apuntados Aníbal Fernández, Alejandra Gils Carbó y Julio Alak por presiones a los jueces (¿Qué habría pasado si hubiera descubierto la existencia de una mesa judicial macrista?).

En 2013 subió el promedio e hizo 13 denuncias de las cuales tres fueron desestimadas por falta de delito y siete terminaron con el sobreseimiento de los acusados. En el primer grupo están Gils Carbó por la suspensión del fiscal José María Campagnoli por mal desempeño; César Milani por supuesto enriquecimiento ilícito (presentación que fue posible gracias publicaciones de Jorge Lanata en Periodismo Para Todos); y otra contra Martín Sabbatella por supuesto uso de fondos de la AFSCA. En el grupo de los sobreseídos también está Milani. Así lo decidió en octubre el juez Marcelo Martínez de Giorgi luego de investigarlo por el presunto uso de la inteligencia militar para cuestiones de política interna. Otra de las archivadas tuvo a Diego Bossio como protagonista por supuesto desvío del dinero de los jubilados, en tanto que Cristóbal López y Ricardo Echegaray fueron sobreseídos en una causa por supuesto lavado de dinero que quedó archivada. 

De la promoción 2013, tres denuncias siguen en trámite y no llamará la atención su estrecho vínculo con el poder mediático hegemónico. Una es la llamada "Ruta del Dinero K" contra Lázaro Báez. El empresario señaló un complot en su contra comandado por Carrió, Jorge Lanata, servicios de inteligencia y el sindicalista Luis Barrionuevo. En la causa, dos testigos (Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino) admitieron que mintieron y aceptaron su condena por falso testimonio. Otra de las pesquisas es la de Oil Combustibles contra Cristóbal López.

El mes pasado, la AFIP denunció la existencia de un grupo de tareas macrista para armar causas contra el kirchnerismo, entre ellas ésta. En el juicio, el funcionario que realizó el informe contra a López dijo que comenzó a redactarlo luego de que la información saliera en La Nación y antes de la presentación de Carrió, una secuencia temporal imposible. Finalmente, una acusación contra Aníbal Fernández por presuntos vínculos con partícipes del Triple Crimen de General Rodríguez, algo que se reforzó cuando en el programa Periodismo Para Todos lo acusaron de ser "La Morsa", instigador de los asesinatos. Finalmente, el año pasado se supo que La Morsa era Julio César Pose, un exagente de la ex SIDE. La maniobra fue tan grande que apareció en el caso D'Alessio y uno de los condenados declaró que le armaron una nota periodística para involucrar al ex jefe de Gabinete con la "ruta de la efedrina".

La línea de tiempo contabilizó 18 denuncias de Carrió ante tribunales federales en 2014. El grupo de las archivadas (17) incluye cosas insólitas como una presentación contra el entonces jefe de Gabinete Capitanich por no responder a sus preguntas durante un informe en el Congreso y una llamativa: un pedido para que "se investigue al empresario Nicolás Caputo", señalado en el escrito como "el socio de (Mauricio) Macri, que carece de funciones en el Gobierno" de la Ciudad pero "habría negociado la adenda al convenio" por el juego celebrado entre la administración de la CABA y el empresario Cristóbal López. También, en base a un informe del programa La Cornisa conducido por Luis Majul, denunció que las tomas de tierra en Villa Lugano habían sido instigadas por “punteros de La Cámpora”. La denuncia llegó a la Corte Suprema y fue desestimada.

La única que avanzó fue la causa por el supuesto pago de coimas por parte de Pan American Energy para concretar el proyecto Cerro Dragón. En Comodoro Py, todos los acusados negaron cualquier irregularidad o delito en las negociaciones y en julio de 2017 Canicoba Corral sobreseyó a cuatro empresarios imputados. El magistrado indagó al director de YPF por Chubut, Néstor di Pierro, quien desmintió a un testigo que dijo haber escuchado montos y reparticiones de la supuesta coima. La investigación está parada.

El 2015 se hubiera convertido en el año con menos denuncias si no fuera por la ausencia casi total de Carrió en Comodoro Py tras el caso D'Alessio. Hace cinco años sólo presentó tres acusaciones de las cuales dos fueron desestimadas por inexistencia de delito y la tercera, en el marco de la causa por la muerte del fiscal Nisman, sigue abierta. La misma sostiene que se ordenó a la Policía Federal liberar la zona de la vivienda del fiscal. 

Un año más tarde, en 2016, volvió a levantar el perfil con 14 acusaciones sin demasiado avance. Se destacan una del 13 de enero que tuvo como objetivo a Ricardo Lorenzetti por haber ocultado, supuestamente, activos en el exterior. Algo que fue desestimado menos de dos meses después. Luego, en noviembre, denunció a la madre de Cristina Kirchner, Ofelia Wilhelm, por un contrato entre la Cooperativa El Aldabón, que preside, y el Correo Argentino. Según Carrió, se hizo “en base a información anónima que llegó a mis manos”, algo que a la ex diputada le ocurre muy seguido. Fue archivada por el juez Torres el 10 de diciembre de 2019 por inexistencia de delito.

En 2017 presentó siete denuncias penales. La más llamativa fue contra Leopoldo Moreau y otros diputados por incidentes durante la sesión de 2017 en que se debatió la reforma previsional. Ese día, siete diputados resultaron heridos o se descompensaron por los gases lacrimógenos arrojados por la policía durante la represión a manifestantes en la plaza del Congreso, entre ellos Moreau. Por supuesto, para no cortar con la tradición, fue archivada el 21 de noviembre de 2018.

Finalmente, en 2018 fue artífice de ocho denuncias. La última, el 23 de octubre, contra los dueños de los principales laboratorios farmacéuticos del país. En ese entonces, Lilita protagonizó una disputa con el macrismo y responsabilizó a los dueños de los laboratorios por la salida del gobierno de Mario Quintana, uno de sus alfiles en el Poder Ejecutivo.

Así, Carrió fue una de las protagonistas judiciales de la década pese a que decayó en los últimos dos años. Las investigaciones que sobrevivieron están ligadas íntimamente a la difusión mediática y al mantenimiento de los temas en la agenda hegemónica y de operaciones.