La Dirección de Proyectos Especiales del Ministerio de Gobierno informó que se perdieron de los archivos, de forma misteriosa, documentos y facturas que había solicitado la UFI nº 11 de La Plata, en el marco de la causa por lavado de activos. Crecen las sospechas sobre el exjefe de Gabinete, Alberto Pérez.
En el marco de la causa penal en la que el fiscal platense Álvaro Garganta investiga los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de exfuncionarios de Daniel Scioli mediante diversas “cajas negras”, ayer trascendió que desaparecieron o nunca existieron 30 expedientes del Ministerio de Gobierno, en los que se habían autorizado gastos millonarios, informaron fuentes judiciales.
De acuerdo a la información a la que pudo acceder este diario, el fiscal recibió en las últimas horas un informe de la Dirección de Proyectos Especiales del Ministerio de Gobierno como respuesta a una solicitud suya enviada el 9 de noviembre pasado, y tomó conocimiento de que, por razones inexplicables, no fueron hallados los expedientes solicitados y facturas que respaldaban gastos de eventos.
Esa información debería estar, de acuerdo a la hoja de ruta, en la Dirección General de Administración. “Hubo una exhaustiva búsqueda por parte de empleados y funcionarios, pero no los encontramos”, explicó a este medio un vocero del Ministerio de Gobierno.
Se trata de la investigación penal preparatoria nº PP-06-00-0208816/16, y en ese expediente Garganta quería sumar las facturas que respaldaron órdenes de pagos, pero tampoco fueron ubicadas esas boletas.
Esta situación, sin duda, complica aún más al exjefe de Gabinete, Alberto Pérez, y su exsubsecretario de Administración, Walter Carbone, el que en las próximas horas va a ser indagado por el fiscal en la UFI nº 11 de La Plata.
Como se recordará, la legisladora Elisa Carrió se presentó en junio pasado ante Garganta y radicó una megadenuncia en la que señalaba a distintos organismos en los que durante el gobierno de Daniel Scioli se habrían cometido hechos de corrupción.
Una de las ramificaciones de esa causa se enfocó en la Jefatura de Gabinete que conducía Alberto Pérez.
Una estafa de cerca de 11 millones de pesos
En la resolución, a la que tuvo acceso este diario, Garganta sostuvo que “existen elementos suficientes para tener por acreditado que, entre los años 2014 y 2015, el entonces titular del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires y el titular de la Subsecretaría Administrativa, Walter Carbone, sustrajeron por lo menos en 25 ocasiones la suma aproximada de 10.720.347 pesos destinados a supuestos eventos, mediante autorización expresa de pago en efectivo del primero a favor del segundo, que luego rendían con facturas apócrifas”.
Las irregularidades se empezaron a detectar el 6 de enero de 2014, cuando Alberto Pérez dispuso una orden de pago a favor de Carbone por 344.800 pesos, a cobrar en efectivo luego de la presentación de cuatro facturas apócrifas.
En tanto, el último expediente se produjo el 21 de octubre de 2015. El exjefe de Gabinete, con el respaldo de seis boletas truchas, emitió un documento de pago por 700.000 pesos.
Los motivos para justificar esas erogaciones comprenden la organización de eventos en verano en el Partido de la Costa y Mar del Plata, jornadas de capacitación para intendentes e instrucciones para los jefes de mesas en el marco de las elecciones.
De acuerdo con el informe elaborado por la UFI nº 11 de La Plata, durante 2014 se emitieron 45 facturas truchas por más de 4 millones de pesos y, al otro año, fueron 63 las boletas apócrifas por más de 6,5 millones de pesos.
Mañana indagan a Walter Carbone
El exsubsecretario de Administración de la Jefatura de Gabinete, Walter Carbone, será indagado mañana por el fiscal Álvaro Garganta, en la sede de la UFI nº 11 de La Plata, informaron fuentes judiciales.
A Carbone le secuestraron en su casa ubicada en el barrio privado Abril de Hudson un dragón de hierro, alado, en cuyo interior hallaron una caja fuerte. La sospecha de los investigadores es que en esa vivienda se reunían exfuncionarios sciolistas y se repartían importantes sumas de dinero que provenían de lavado de activos.
La semana pasada declaró Mónica Ripamonti, la contadora delegada de la Jefatura de Gabinete durante la gestión de Alberto Pérez, y no pudo explicar ante el fiscal Álvaro Garganta por qué avaló con su firma las facturas truchas con las que se defraudó al Estado con casi $11 millones
Un vocero judicial le dijo a este diario que “la profesional no pudo explicar los motivos por los cuales la boletas presentadas para respaldar gastos por distintos eventos organizados durante los años 2014 y 2015 en la Jefatura de Gabinete no respetaron las normas establecidas por la AFIP”.
Ripamonti había sido citada por Garganta en calidad de acusada por el delito de “partícipe necesario de los delitos de peculado de caudales y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e incumplimiento en el deber de funcionario público”.
Y como se recordará, el extitular de la Jefatura de Gabinete, Alberto Pérez, fue indagado el 7 de noviembre pasado y en esa ocasión responsabilizó al exsubsecretario de Administración, Walter Carbone, y a las autoridades del Tribunal de Cuentas.
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