Autor: Horacio Papaleo

“Nunca más se supo de ellos, del caso no se habló más” cantan los Fabulosos Cadillacs en su tema El León Santillán. En Luján, la canción resuena cuando se repasan hechos ocurridos hace exactamente siete años, en tiempos de la Intendencia de Graciela Rosso. Y que recobran actualidad a la luz del desfile judicial para poder determinar responsables y montos de la presunta corrupción en la obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Corría el mes de junio de 2009 y la página 10 de EL CIVISMO titulaba una nota “Dudas sobre una licitación para obras de pavimentación. Los interrogantes apuntan al Ministerio de Planificación”.

A principios de ese mes la empresa Viani S.A.C.I.C. salía beneficiada para la pavimentación de 70 cuadras en una licitación en la que cotizaba la obra 10.350.000 pesos. La Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense Limitada (CESPLL) perdió, a pesar de su cotización de 5.700.000; prácticamente la mitad.

Viani también ganaría la compulsa de precios en el marco del plan “Pavimentación de 130 cuadras en Luján”, haciéndose cargo –supuestamente- de su mantenimiento.

La intransigencia del Departamento Ejecutivo para rever la medida en beneficio de un precio mucho más accesible, cotizado además por una cooperativa local con amplio curriculum en la realización de esta obra, encendió el alerta político y mediático.

Por entonces, la Secretaría de Obras Públicas estaba en manos de Adolfo “Fito” Sigwald, un ilustre desconocido que desembarcó en la gestión comunal traído por la jefa comunal y con una única cucarda que flameaba orgulloso: línea directa con el entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

Las otras empresas que participaban de la licitación no presentaron quejas. Y quedó flotando un dato anecdótico que nadie se molestó en desmentir: que los representantes de Viani, Doio SRL, Pipsa SA y Tecnipiso SA venían a las licitaciones en Luján en un mismo auto.

Las sospechas de licitaciones realizadas “a medida” no se limitaron a un supuesto ahorro en transporte para llegar a esta ciudad. Generaron que el bloque del Partido Justicialista no alineado con Rosso redactara y lograra la aprobación de un proyecto de comunicación que nunca nadie respondió.

“Esto está en la oscuridad total. Y todo acto público tiene que ser transparente. La empresa perjudicada es la Cooperativa Eléctrica, que ha hecho más de 500 cuadras de hormigón y es fuente de trabajo para muchos lujanenses. Acá hay gato encerrado y será responsable la intendenta municipal y los funcionarios intervinientes en el trámite de adjudicación”, decía el concejal justicialista Domingo Faro.

“Este es el modus operandi del Ministerio de Infraestructura en el conurbano bonaerense. Desde esta banca hemos dicho hasta el cansancio que pretenden hacer de Luján el último pueblo del conurbano y no el primero del interior. El concejal Faro dijo que después del acto de apertura de sobres con las ofertas, los cuatro representantes de las empresas que vinieron de afuera se fueron en un Fiat todos juntos. (...) Recordemos que algunos dirigentes nacionales han denunciado que el ministro Julio De Vido es el recaudador de este gobierno”, expresaba el edil Roberto Monzón, del GEN, agregando que “si bien la plata viene del Ministerio de Infraestructura, es plata que ponemos todos los argentinos. Si una obra está sobrevaluada, nosotros tenemos que velar para que con esa misma plata se haga el doble de obras”.

Las dudas también se expresaban desde la Unión Vecinal. En un plenario convocado para aclarar la situación de esta licitación ganada por la firma Viani, el entonces concejal Oscar Luciani decía: “Hay muchas falencias en la confección del pliego de licitación, sobre todo en el término legal. El pliego de licitación dice que para las licitaciones y la realización de obras públicas, la normativa aplicable es la ley provincial. Si la obra es hecha por la Municipalidad, y el dinero viene de Nación: ¿por qué la normativa aplicable es la ley provincial, si nosotros tenemos una ley orgánica de las municipalidades?”, preguntaba. “Esto genera sospecha de que los pliegos pueden ser hechos a medida para que los ganen ciertas empresas”, decía Luciani.

Desde el sector liderado por Francisco De Narváez, el concejal Pablo Tonini aportaba su sospecha: “¿Por qué se adjudicó la obra a una empresa que ofertó alrededor de un 40% más que la Cooperativa Eléctrica? Desde el gobierno se mantienen los cuestionamientos a ese monto por considerarlo ‘poco razonable’. Pero el precio del metro cuadrado que propone la Cooperativa Eléctrica está igualado a los presupuestos que hemos consultado en la zona”.

QUIÉN ERA VIANI

¿Quiénes defendían a Viani? El kirchnerismo local de esos años. El concejal Mauricio Molinero argumentaba que la CESPLL no presentó un certificado pedido como documentación para licitar, papel que aún hoy la Cooperativa explica como “absolutamente subsanable”. “La Cooperativa Eléctrica sabía muy bien que no tenía los certificados. Y un documento interno de la asesoría letrada de la entidad deja constancia que no alcanza el mínimo de capacidad de ejecución anual solicitado y considera que no acredita capacidad financiera para acceder a esta obra”, esgrimía Molinero.

Había que salir a sostener la decisión. Por eso las licitaciones adjudicadas a Viani generaron la única conferencia de prensa conjunta de tres secretarios de Rosso: Marcelo Forneris, María Ofelia Sendes y Elba Thompson; de Economía, Gobierno y Legal y Técnica, respectivamente.

Se les preguntaba, por ejemplo, cuál era el rol del Ministerio de De Vido en las licitaciones cuestionadas: “El primer paso es la no objeción al proyecto de fijación del presupuesto oficial. Después de la adjudicación, la no objeción del trámite. Es decir que todo lo que se hizo en Luján después va a Nación, con todos los papeles y documentación”, respondía Thompson.

También se consultó a los funcionarios qué se sabía desde el gobierno local de la empresa ganadora. “¿Por qué hay que dudar de una empresa? Quién es la empresa Viani consta en el expediente. Hay detalles de sus obras en los últimos diez años”, decía Sendes, cortante.     

Pasarían pocos años más para que ciertas obras no solo comenzaran a esbozar deficiencias, sino para que saliera a la luz información sobre la firma que llegó a Luján en los tiempos de Rosso.  

El 17 de noviembre de 2013 el diario Clarín informaba que “la AGN denuncia que no le entregan un edificio” y “acusa a una empresa que tiene vínculos con Planificación”. ¿Adivinó? La empresa era Viani. “La Auditoría General de la Nación, uno de los pocos organismos de control que todavía funciona, tiene un edificio a disposición que no puede usar por una mezcla de desidia y falta de voluntad política. La obra, en manos de la empresa constructora Viani desde junio de 2007, todavía no está terminada. (…) La firma, sin antecedentes en ese tipo de obras pero con fluidos vínculos en el Ministerio de Planificación, está a nombre de Andrés Alfredo Galera, hijo de Andrés Enrique Galera, un contador imputado en la causa Skanska”.

Siguen encastrando las piezas. “Como secretario de Obras Públicas, José López daba la cara. Participaba en actos y se reunía con gobernadores, intendentes y empresarios. Pero luego, cuando él se marchaba, llegaban sus operadores en las sombras. Uno de ellos era el contador Andrés Galera, que durante los últimos 15 años acumuló una causa por estafa, acusaciones de ‘valijero’ o ‘intermediario’ del poder, una indagatoria y un allanamiento en la causa Skanska, el calificativo de ‘emisario’ del ex presidente Néstor Kirchner en el club Racing”, escribió el mes pasado el periodista Hugo Alconada Mon.

El círculo de la sospecha cierra perfecto. A todo lo enumerado se suma un recuerdo: un mes después de acordar la adjudicación de las obras de asfalto a la empresa Viani, Rosso eyectó de su gabinete a Sigwald. La tarea estaba concluida.

Tal vez por eso, con caliente actualidad, el 10 de julio de 2009 este medio publicó un editorial que enojó al gobierno local de Rosso. El camino de la transparencia, cuyos tramos centrales volvemos a compartir. “…Graciela Rosso, hasta hace pocas semanas, era descrita por propios y extraños como una persona honesta. Así la definieron referentes de la oposición, incluso en momentos en que se peleaban por conseguir el voto de los vecinos. ¿Hubo algún cambio, alguna acción de último momento que horade esa calificación? Para los opositores, sin duda. La situación que se fogonea desde los bloques opositores y abre interrogantes sobre los manejos administrativos de la actual administración, se inició con el desembarco en la Casa Municipal de Adolfo ‘Fito’ Sigwald en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la comuna. El funcionario llegó con la presunta ‘chapa’ de tener contacto directo y fluido con el Ministerio de Planificación Federal, a cargo aún de Julio De Vido. No había secretos respecto de lo que se buscaba: conseguir financiación rápida para obras postergadas en el partido. Lo cierto es que, gracias a esos contactos o no, se terminaron algunas de esas obras, como la repavimentación de un tramo de la ruta provincial 192 o el camino a Carlos Keen. Pero se acercó la campaña electoral y el ritmo de obra debía acelerarse. Fue así como se articularon las herramientas para licitar la pavimentación de un importante número de cuadras.

“Entre ellas, apareció la licitación 5/2009. Correspondía a la ejecución de 70 cuadras de pavimento asfáltico en sitios a determinar por el Departamento Ejecutivo.

“La Cooperativa Eléctrica de Luján ofertó mejor que las otras cuatro empresas interesadas. Estimó que esa obra se podía realizar con un presupuesto de 5.738.796,97 pesos y la segunda oferta, de una empresa llamada VIANI, ascendió a 10.369.153,99 pesos. Nada menos que 4.630.367,02 pesos de diferencia. Lo cierto es que, objeciones técnicas municipales mediante, la obra quedó en manos de esta firma extranjera, de la que sólo pueden rastrearse un par de antecedentes. ¿Qué tan grave serían los errores en la oferta de la Cooperativa para justificar un gasto excedido en más de 4 millones y medio de pesos respecto de su cálculo? Y no sólo eso: ¿tan irremediables eran esas falencias como para priorizar una oferta millonariamente más cara y que además no dará trabajo ni recursos para una entidad cooperativa local?”.

¿Sería, como decía Faro hace justo 7 años, que había gato encerrado?