El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires conformó este miércoles una mesa de inclusión social penitenciaria y post penitenciaria con el objetivo de implementar el programa “Más trabajo, menos reincidencia”. El mismo propone brindar acompañamiento, capacitación laboral y educativa a personas que transitan el encierro punitivo y a quienes recuperen la libertad. Es una decisión política que propone efectuar cambios profundos en la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

En el cónclave participaron además del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Nacional (INAES), Mario Cafiero; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila; la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec; representantes del Ministerio de Gobierno y de Producción y el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

La mesa de trabajo para la capacitación técnica está integrada por la Directora Nacional de Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti; los intendentes comunales de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; de Escobar, Ariel Sujarchuk; y representantes de San Martín, Moreno, Morón y Quilmes; el senador y jefe de bloque del partido Frente de Todos, Gervasio Bozzano y su par en Diputados, Facundo Tignarelli; por la iglesia el arzobispo de La Plata, Victor Manuel Fernández; y el Padre José “Pepe” Di Paola y el Padre Tano. También participan diversas organizaciones sociales y autoridades de diferentes universidades con el objetivo de que el programa sea articulado a nivel local con los intendentes.

“La puesta en marcha de este programa de inclusión penitenciaria y post penitenciaria en el territorio de la provincia es un punto de inflexión histórico, porque empezamos de a poco a torcer el discurso y la práctica dominantes en materia penitenciaria y política criminal”, explica a Tiempo, Gabriela Carpineti, directora nacional de Acceso a la Justicia.

La abogada ahondó en que el lanzamiento de esta política pública muestra que: “Hay funcionarias y funcionarios a nivel nacional, provincial y municipal que no quieren gobernar con odio y miedo para el titular de los grandes medios de comunicación. Lo están haciendo con amor, fomentando la cultura del trabajo, la educación y la solidaridad”.

“El proyecto es muy bueno porque tiene como protagonistas a las personas liberadas. Se propone la creación de herramientas concretas de integración social, laboral y educativa a través del cooperativismo. Otra cosa que también es importante es la participación de los intendentes. Es fundamental que cada municipio pueda contar con un registro de las personas que están encarceladas y que son oriundas de ese distrito”, subraya Carpineti.

“De este modo el intendente de cada partido tendrá un registro propio de las personas que están prontas a cumplir la condena y de las que egresan de las unidades penitenciarias. Esto tiene que ver con impulsar estrategias desde lo local en relación a la reinserción social y laboral que requiere cualquier persona que atravesó el encierro y que está por ser liberada”, sostiene la letrada.

Cabe destacar que en la provincia hay alrededor de cincuenta mil personas detenidas y la mayoría de ellas está por delitos contra la propiedad privada. Es el comienzo de una nueva etapa, en la que toman el protagonismo las organizaciones de liberados y liberadas que lo largo del tiempo fueron olvidadas.

“El proyecto tiene puntos muy novedosos que habían sido desatendidos históricamente. Los presos más precarizados son los de la provincia de Bueno Aires, hay un 50% de ellos sin condena firme. El patronato de liberados se entera que otorgaron una libertad cuando los ex detenidos aparecen en la sede, es decir, no reciben información previa de quienes están por ser liberados, excarcelados o que van a gozar de algún beneficio liberatorio”, asegura Carpineti.

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, confirmaron a Tiempo, “el proyecto está inspirado en la idea de que la inmediata inclusión laboral de las personas que recuperan la liberta baja significativamente el índice de reincidencia que en la provincia es muy alto”. Y continuó explicando que: “Con esta medida buscamos una solución al problema. El programa tiene una intervención nacional, provincial y municipal en coordinación con las cooperativas de personas liberadas, la Iglesia y las universidades”.

“De este modo”, detalla, “se intenta proyectar las salidas de las personas que va recuperando la libertad, desde seis meses y un año antes al egreso del penal. La idea es brindarles una formación ajustada a las necesidades del lugar donde viven éstas personas, para que al salir cuente con un trabajo. Se encontrará con una red de cooperativas de liberados que les brindará un primer trabajo”.

Por su parte, Matías Demicrof, ex detenido y miembro de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, (UTEP), expresó. “Es muy interesante lo que se está haciendo. La propuesta surge desde el sector de liberados. Todos unidos y organizados. Agradecemos que el ministro Julio Alak lo haya tomado con la seriedad que merece el asunto. Fue él mismo quien se encargó de mejorar la propuesta de las organizaciones de liberados e involucró a otros actores”.

Demicrof, también es parte del espacio Encuentro Peronista que articula a través del bloque del Movimiento Evita en la UTEP: “Estamos trabajando en Lanús y Lonas de Zamora, tenemos cuatro cooperativas y trabajan más de 150 personas liberadas”.

Desde la Iglesia también hay una manifiesta preocupación por la situación que atraviesan las personas que padecen el cautiverio, apoya y cree en el nuevo proyecto que se implementó para suavizar el problema: “Es una decisión muy importante la que tomó el ministro Alak. La Iglesia como institución cumple un rol muy comprometido en las barriadas populares, que es de donde provienen la gran mayoría de las personas que están en las cárceles. Sabemos que muchas veces cuando salen en libertad no les prestamos la atención que necesitan y eso se traduce en reincidencia”, explica el padre José “Pepe” Di Paola.

“Consideramos que es una política justa. Porque la parroquia está muy presente en las vivencias cotidianas de éstas personas. Estamos en los colegios, las colonias, los centros culturales, los comedores, merenderos y también en las cárceles. Es muy injusto lo que padecen las personas en el encierro. Apostamos a que esta sea una solución al problema”, finaliza el cura villero.