Quienes rondan los 30 años pueden tener el siguiente recuerdo de su infancia: ir a la panadería con una moneda de $1 y volver con dos tiras de pan. Más allá de la distancia en el número, hoy es difícil entrar a una panadería con una idea cierta de cuánto dinero se necesitará sacar de la billetera. Los precios varían muchísimo de un comercio a otro y, si en todo caso se sabe algo, es que es muy difícil encontrar el kilo de pan en el rango de precio que acordó el Gobierno con los panaderos: entre $220 y $270.

Si bien ya pasó un mes desde que se anunció la constitución de un “Fondo Estabilizador del Trigo Argentino” para contener los precios locales, esta herramienta todavía no está activa y, por lo tanto, su efecto no llegó a los mostradores ni a las góndolas donde se exhiben fideos, tapas de empanadas o galletitas. Es decir, no se concretó todavía la retracción en los precios que anticipó el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. 

Según pudo saber este medio, la Secretaría de Comercio trabaja en la estructuración del mecanismo, que debe ajustarse minuciosamente para evitar errores de interpretación y, dado que tiene una vigencia inicial de cinco años pero puede ser prorrogado mientras el Ejecutivo lo considere necesario, para que funcione de la misma manera sin importar quiénes sean las personas a cargo de gestionarlo. Se anticipa que estará listo la semana próxima. 

El fideicomiso debería garantizar que la bolsa de harina 000 de 25 kilos vuelva a los valores previos a la guerra, a $1.150 más el costo de transporte. 

La medida fue formalizada en el Boletín Oficial el 19 de marzo pasado y anunciada por Feletti en una conferencia de prensa el 23 de marzo. El objetivo es amortiguar el impacto de la disparada del precio internacional del trigo que generó la guerra entre Ucrania y Rusia, dos países que producen alrededor de un tercio del trigo a nivel mundial y que están sumidos en un conflicto bélico desde el 24 de febrero. 

Para eso, el fondo captura parte de las rentas que resultan de la exportaciones y la transforma en subsidios para quienes venden dentro de la Argentina. El procedimiento se hará mediante un fideicomiso nutrido por los alrededor de US$350 millones que resultarán del aumento de dos puntos en las retenciones al aceite y la harina de soja, decisión también formalizada el 19 de marzo.

¿Cómo funciona? El Estado recauda el dinero y lo transfiere a la cuenta fiduciaria, administrada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), un banco público que preside José Ignacio de Mendiguren. El BICE distribuye los fondos a los molinos que procesan el trigo y abastecen de harina tanto a panaderías como a fábricas productoras de alimentos. Para recibir el subsidio, los molinos –que son 154 en todo el país, según Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM)– tienen que estar inscriptos en un legajo y contar con la documentación de todas sus ventas.

Esto debería garantizar, según se detalla en el decreto, que la bolsa de harina 000 de 25 kilos vuelva a los valores previos a la guerra, a $1.150, sin considerar el costo de la entrega, que varía del 3,5% en CABA y provincia de Buenos Aires al 8% en la Patagonia. Además de ese precio, las bolsas tendrán la inscripción “Harina subsidiada por el Estado Nacional”. Pero, como el fideicomiso todavía no está activo, ese no es el precio con que se encuentran los panificadores. “Hoy la bolsa la pagamos $2.000 en promedio”, dice Gastón Mora, titular del Centro de Panaderos de Avellaneda.

El precio del trigo se disparó tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania Télam

“Hasta el momento no llegó nada con los precios nuevos, estamos a la espera”, coincide Raúl Santoandré, presidente de la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires. Santoandré asegura que, de todos modos, en “muchas” panaderías el precio del kilo está en $270, como sugirió el Gobierno. “El precio lo pone el panadero en base a sus costos de elaboración, pero se trata de mantenerlo en la medida que se pueda dado que el poder adquisitivo es escaso”, apunta. 

El costo del trigo representa el 10,6% del precio final del pan y el molino suma 5,3%, de acuerdo con un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Es decir que casi el 85% del costo se adiciona en las instancias posteriores y depende de los costos de panadería (59%) y los impuestos agregados (25,1%). 

La variedad de factores que intervienen explica la alta dispersión de los precios. Un relevamiento informal de este medio en panaderías de distintos puntos del país lo pone en evidencia. En el barrio San Martín de la ciudad de Córdoba, el kilo de pan francés se puede encontrar a $260, mientras que en Ushuaia se vende a $210. En el supermercado La Anónima de Trelew el kilo está a $304 y en la ciudad bonaerense de Punta Alta los precios van de $250 en la panadería Fénix a $150 en la Cooperativa Obrera, una cadena de supermercados regional. En la Ciudad de Buenos Aires, el promedio está por encima de estos valores. El kilo de pan se encuentra a $300 en una panadería del barrio porteño de Villa Crespo, a $320 en una de Caballito y a $340 en Colegiales.

Los productos de panificación, cereales y pastas aumentaron 4% solo en la tercera semana de abril respecto de la semana previa, según LCG.

El problema de la demora en la implementación del fideicomiso es que, mientras tanto, aumenta el resto de los precios que impactan en el precio final del pan, desde el transporte y el alquiler de los locales a los salarios de los trabajadores y las tarifas de los servicios públicos, que ajustaron 20% en marzo en gran parte del país. 

Según un informe de la consultora LCG, los productos de panificación, cereales y pastas aumentaron 4% solo en la tercera semana de abril respecto de la semana previa. El pan y otros alimentos a base de harina como los fideos son centrales en la dieta de los hogares argentinos, sobre todo de los más humildes. Integran la canasta básica alimentaria, que en el primer trimestre aumentó casi 5 puntos porcentuales por encima de la –ya muy elevada– inflación general. Por este motivo, su precio y la posibilidad de las familias de comprarlos impacta directamente en la situación social y en los números de pobreza.