Matías Kulfas consiguió un acuerdo con la oposición para dictaminar por una unanimidad en Diputados el proyecto de ley que promueve a las industrias del conocimiento, que había enviado en febrero y reemplaza al sancionado el año pasado. 

Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Productivo consideraron que, como estaba redactada esa ley, de las pocas que se sancionó en tiempos de elecciones presidenciales, permitía acceder a los beneficios a empresas de envergadura que luego no podían supervisar y acotaron sus alcances.

La pandemia del coronavirus aumentó la necesidad de contar con la herramienta, de tal modo que el ministro negoció con los referentes de Cambiemos en el tema, como la radical Karina Banfi, y accedió a varias modificaciones para tener una unanimidad.

El debate fue mediante el sistema de teleconferencia en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Comunicaciones, presidida por el kirchnerista Pablo Carro, a cargo de la coordinación. 

La empresas beneficiadas deberán demostrar el 70% de su facturación en actividades tecnológicas, demostrar inversiones en capacitación y en investigación y desarrollo. Por la pandemia, no se aumentaron los requisitos para 2022. 

Las empresas beneficiarias deberán demostrar que el 70% de su facturación del último año provino de "actividades promovidas de manera intensiva para incorporar conocimiento derivados de avances científicos y tecnológicos en sus productos, servicios o procesos productivos".

Y tendrán que contar con dos de tres requisitos: acreditar mejoras continuas en sus servicios, inversiones en capacitación de empleados o investigación y desarrollo; o exportaciones de bienes que surjan de estas actividades.

Algunos de los incentivos serán una reducción del 60% del impuesto a las Ganancias y un crédito fiscal transferible por una única vez con el 70% de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado con destino a los sistemas y subsistemas de la seguridad social. 

La ley elimina las "retenciones y percepciones del impuesto al valor agregado" a las exportaciones, que este sector tuvo por primera vez en 2018, y Kulfas considera que podría aumentar las ventas externas aún en medio de la pandemia. 

"Hemos hablado con las diferentes cámaras de software y de tecnología y creemos que hay una oportunidad de crecimiento en el sector exportador en un mundo donde la comunicación da oportunidades. Hay empresas que en este difícil momento contrataron gente", se entusiasmó. 

La ley crea un fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento, FONPEC, el que se conformará como un fideicomiso de administración y financiero con los alcances y limitaciones establecidos en la presente ley y su reglamentación.

Uno de los cambios respecto al texto de febrero, anunciado por María Apólito, subsecretaria de Economía del Conocimiento, es que las cláusulas transitorias serán menos exigentes y en 2022 nadie deberá mostrar aumentos de exportaciones para seguir incluido. 

Y habrá criterio de territorialidad y de género para la contratación de personal. Es así que tendrán hasta el 80% de descuento de aportes quienes le den trabajo a mujeres, travestis, transexuales y transgénero, profesionales con estudios de posgrado en materia de ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; residentes de "zonas desfavorables y/o provincias de menor desarrollo relativo"; o beneficiarias de planes sociales.   

 "La ley asegura ingreso de dólares genuinos y la creación de puestos de trabajo. Además plantea un esquema de distribución de fuerte tono federal ya que debe realizarse teniendo en cuenta la realidad de todo el país y con perspectiva social y de género, ya que los beneficios son mayores si los puestos de trabajo que se generan son cubiertos por personas desempleadas y por mujeres", celebró Carro. 

La promoción al software se inició con una ley en 2004 y permitió que el sector se convirtiera en el tercer exportador del país, detrás de la producción agrícola y el sector automotriz. 

Aún así, recién el año pasado fue posible sancionar una regulación general, que Alberto derogó y envió en febrero. "Con estos temas nos van a tener trabajando juntos; cuando tomen medidas como los superpoderes, estaremos en la calle con las cacerolas", diferenció Banfi. 

Destacó que las grandes empresas de biotecnología que la vieja ley incluía podrían ser las que produzcan herramientas claves para el desarrollo y la prevención, como los tan demandados respiradores. 

Le respondió la kirchnerista Marisa Uceda. "Con la promoción de 2004 este sector que generó mucha movilidad en provincias como Mendoza, pero tal vez fue un error tratar esta ley en un año electoral como el 2019, con una economía en cuarentena", cuestionó la mendocina y recordó que aún la mitad de los hogares tienen problemas de conectividad. 

Otra de las modificaciones cuestionadas por Cambiemos a través del radical Luis Petri es la estabilidad fiscal que la anterior ley incluía en un artículo preciso. Kulfas consideró que son garantías otorgadas a empresas de recursos naturales que realizan una gran inversión con un retorno a largo plazo, pero las tecnológicas dependen de la estabilidad nacional. 

"El corazón de este proyecto no es la estabilidad fiscal, sino el afianzamiento para la inversión, aprovechando lo que tiene Argentina que es un recurso humano altamente calificado", enfatizó.  

De todos modos, apuntó que se crea un consejo consultivo que permita "entender cuando hay preceptos que no cuadran, porque es un fenómeno dinámico y colaborativo".

"Esta política de Estado que estamos consolidando para los tres gobiernos próximos encargados de implementar la Ley (de Economía del Conocimiento), sostenemos el carácter estratégico de esta actividad, que contribuye al crecimiento macroeconómico de la Argentina, y cuida la estabilidad fiscal con oportunidades para las inversiones, especialmente de las pequeñas y medianas empresas en todo el país", cerró el ministro.