A diez días de que la Corte Suprema de Justicia aceptara definir el destino de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, el kirchnerismo movió piezas en el Senado para presionar por un fallo que los devuelva a sus tribunales de origen y abandonen las causas contra la vicepresidenta.

Ese jueves, la mayoría del Frente de Todos del Senado aprobó el traslado de dos juezas a sus actuales destinos, donde habían llegado sin respaldo legislativo, pero a diferencia con sus tres colegas asistieron a la audiencia de la Comisión de Acuerdos el 4 de septiembre y explicaron porqué querían quedarse donde están.

Se trata de la chaqueña Zunilda Niremperger, que podrá quedarse en el juzgado 2 de Resistencia, Chaco; y Verónica Skanata en el 1 de Oberá, Misiones. "Tuvieron una actitud diferente, porque comparecieron, dieron sus razones de porqué habían pedido sus traslados y se ajustaron a derecho", las elogió Anabel Fernández Sagasti, que preside Acuerdos y coordina las audiencias.

Los dos dictámenes tienen entre los considerandos de su aprobación que las juezas asistieron al Senado cuando se las convocó, mientras que los rechazos de Bertuzzi, Bruglia y Castelli se fundamentan en sus inasistencias. Niremperger es conocida en el Congreso: fue la que instruyó las causas que derivaron en pedidos de prisión preventiva contra la diputada chaqueña Aída Ayala, de la UCR. 

En aquella sesión de acuerdos fueron citados 10 jueces, cuya designación había recomendado revisar el Consejo de la Magistratura y Alberto Fernández diseño y envió sus pliegos al Senado para que así fuera. 

Entre los cinco traslados que aún no fueron dictaminados está el de Eduardo Farah, el juez que dejó Comodoro Py para irse a San Martín, según relató en su audiencia, por las presiones que recibió después de haber fallado a favor de Cristóbal López.

En el kirchnerismo creen que la Corte puede fallar en contra de Bruglia, Bertuzzi y Castelli 

"La comparecencia en la audiencia pública es un requisito ineludible para que el Senado cumpla con el acuerdo. Y lo quiero dejar claro, porque estamos ante una discusión que no tiene que ver con lo constitucional y lo reglamentario. Pero el Frente de Todos está dispuesto a defender la Constitución y el reglamento de esta Cámara a cómo dé lugar", advirtió a la Corte Fernández Sagasti.

De esta manera, la vicejefa del Frente de Todos anticipó que si el máximo tribunal falla favor de Bertuzzi, Bruglia y Castelli, para el kirchnerismo habrá avalado un mecanismo por el cual los candidatos a magistrados podrían faltar al Senado y objetar el trámite de su pliego en tribunales.  

Y hasta citó antecedentes de sanciones, como el faltazo de Aída Kemelmajer de Carlucci a la audiencia para ser conjueza de la Corte, hace dos años, que le valió el posterior retiro del pliego por parte de Mauricio Macri. Al parecer, por pedido expreso de las entonces autoridades de la Comisión de Acuerdos que presidía el salteño Rodolfo Urtubey, socio en las sombras del ex presidente para cubrir vacantes judiciales.    

La senadora macrista Laura Rodríguez Machado tenía listo su contrataque. Sostuvo que el Senado no suele intervenir en el traslado de jueces en un mismo fuero y se podría violar el principio de "juez natural" de las causas si se obliga a alguno de ellos a volver a sus antiguas oficinas. 

La comparecencia en la audiencia publica es un requisito ineludible para que el Senado cumpla con un acuerdo. En el Frente de Todos estamos dispuestos a defender la Constitución y el reglamento del Senado a cómo dé lugar 

Denunció además que las audiencias de Acuerdos fueron ilegítimas, porque no había protocolo para celebrarlas de modo virtual. Fernández Sagasti citó un antecedente: la primera reunión remota de la comisión fue el 5 de agosto para aprobar tres pliegos de embajadores y Cambiemos firmó a favor sin chistar. Tal vez cayó en una trampa. 

El faltazo de los tres jueces al Senado fue un debate en ámbitos tribunalicios y hasta el propio Bruglia reconoció en una entrevista al diario Clarín que fue una estrategia de su abogado defensor Alejandro Carrió, con la que nunca coincidió. 

La intención, explicó, era invalidar el proceso de revisión, pero no consideraron riesgoso arrinconar a la Corte a un conflicto de poderes con el Senado sin antecedentes, que Cristina está dispuesta a dar.  

En caso de haber concurrido, claro está, los magistrados hubieran enfrentado acusaciones sobre irregularidades en la instrucción de la causa de los cuadernos, como se conoce a la investigación de presunta corrupción en obra pública iniciada por fotocopias de los apuntes del ex chofer Oscar Centeno. 

En la fallida audiencia, el senador Martín Doñate contó que esperaba preguntarle a Bruglia por una copia de un fallo sobre esa causa que el 14 de diciembre, cuatro días antes que fuera emitido, apareció en el teléfono del falso abogado Marcelo D'Alessio, detenido por participar de una red de espionaje ilegal. 

El rionegrino nunca pudo hacer esa consulta, que de no ser respondida como esperaba hubiera justificado un mal desempeño, el rechazo al traslado y un pedido de juicio político en la Magistratura. Nada de eso fue posible. 

Como explicó LPO, la esperanza de Cristina y sus asesores jurídicos es que a la Corte acepte la revisión de los traslados porque cuatro de sus miembros (todos menos su presidente Carlos Rosenkrantz), consideraron  necesario cumplir el proceso constitucional, que requiere la intervención del Senado. Pero otras versiones hablan de un fallo intermedio que les permita continuar hasta que se cubran sus lugares. 

Algunos juristas del Frente de Todos aún se lamentan de una inoportuna decisión de noviembre: avalar en el Consejo de la Magistratura un cambio de procedimiento para que trasladar a un juez requiera dos tercios de ese cuerpo. "Alberto dice que si la Corte falla en contra nuestro podrá remover toda los jueces, pero sabe que no es cierto", se lamentan.

No fue el único atajo que tomó Macri antes de dejar la Casa Rosada con anuencia del kirchnerismo del que hoy se beneficia: por gestión del senador Urtubey, la bicameral de implementación de Código Procesal Penal que presidía apuró la implementación de algunos artículos que restringen la prisión preventiva. 

El entonces presidente no tardó en publicar la resolución y redujo el riesgo de que los jueces encarcelen ex funcionarios de su Gobierno ni bien avance una causa. Necesita, también, que los tribunales queden como estaban. Y lo está logrando.