Firmado por las autoridades del interbloque del Frente de Todos, José Mayans (Formosa) y Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), los senadores oficialistas presentaron como propio el proyecto de ampliación de la Corte Suprema de Justicia que impulsan los gobernadores peronistas.

Tal como anticipó LA NACION, la propuesta eleva a 25 los jueces del máximo tribunal de Justicia de la Nación y establece que en el proceso de integración “las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta” de los miembros que compongan el cuerpo en ese momento.

El proyecto presentado no establece que los nuevos miembros de la Corte deban ser uno de cada provincia. Nada dice sobre esta idea. En sus fundamentos, la iniciativa se limita a sostener al respecto: “Una Corte Suprema de Justicia de la Nación con este número de jueces no solo resuelve las cuestiones de funcionamiento, sino que permite una composición, en principio más acorde con el sistema republicano de gobierno y con la multiculturalidad que caracteriza a nuestra sociedad y que es la base de la democracia igualitaria y plural a que todos aspiramos”.

El proyecto contempla expresamente el respeto de los mandatos de los cuatro miembros actuales del tribunal. Los nuevos jueces “se irán integrando” a la Corte -dice el proyecto- “conforme sean designados y designadas, de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley”. El procedimiento constitucional para nombrar jueces en la Corte prevé que el Poder Ejecutivo los nomine y el Senado, con el voto de los dos tercios, los designe.

Según los fundamentos del proyecto, la ampliación a 25 miembros “permitirá contar con un alto tribunal en que se eviten los altísimos niveles de delegación de trabajo jurisdiccional en personas que no son sus jueces”.

En el cuarto de sus cinco artículos, la iniciativa establece que las disposiciones de la ley se pondrán en marcha una vez que esté la partida presupuestaria correspondiente, para lo cual prevé que el jefe de Gabinete deba realizar las reasignaciones presupuestarias.

La irrupción de los gobernadores en el debate sobre la ampliación de la Corte es una jugada destinada a presionar al tribunal en momentos en que sus cuatro integrantes tienen en sus manos la definición del reclamo de la ciudad de Buenos Aires por los puntos de coparticipación federal de impuestos que le quitó la Nación en 2020 para favorecer a la provincia de Buenos Aires.

El camino del proyecto

El proyecto de ampliación de la Corte comenzó a discutirse hace un mes y medio en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales. Fue una respuesta de Cristina Kirchner en su enfrentamiento con el tribunal por la conformación del Consejo de la Magistratura.

Hasta ahora, había cuatro proyectos en debate. Tres de ellos plantean la ampliación de la Corte en números que van desde los 9 hasta los 16 miembros.

Según fuentes oficialistas, ahora que la propuesta de los gobernadores peronistas tomó estado parlamentario -al ser presentada como proyecto de ley por Mayans y Fernández Sagasti-, las comisiones podrían volver a reunirse dentro de las próximas dos semanas.

La iniciativa de los gobernadores es similar a la que planteó el exjuez del alto tribunal Raúl Eugenio Zaffaroni, quien en una de las reuniones en las que expusieron especialistas invitados por el oficialismo (la oposición le dio la espalda al debate), propuso una Corte integrada por 24 miembros, uno por cada provincia más la ciudad de Buenos Aires.

La propuesta de los caciques peronistas promete opacar las iniciativas presentadas por los oficialistas Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), que propone elevar a nueve los miembros; Silvia Sapag (Neuquén), que promueve una Corte con 13 integrantes; y el provincial Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), que postula la creación de una corte federal de 16 jueces designados según cuatro regiones en las que el texto divide al país.

Si bien Weretilneck cuestionó la propuesta de los gobernadores, a la que calificó de “inviable”, y se supone que no la acompañará, el kirchnerismo ya se aseguró el voto de la exdisidente peronista Clara Vega (La Rioja). Con este respaldo más el de la provincial Magdalena Solari Quintana (Frente Renovador de la Concordia de Misiones), alineada de manera automática con el oficialismo, el Frente de Todos tendría asegurado los 37 votos que le garantizarían su aprobación en el Senado. La suerte que el proyecto pueda tener en la Cámara de Diputados es todo un albur, aunque por el momento no parece contar con los votos suficientes para convertirse en ley.