La movida, además de buscar un impacto político, le termina otorgando legitimidad a una iniciativa presidencial que inicialmente el kirchnerismo tildó de inconstitucional.
Después de haber declarado que era inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Mauricio Macri para establecer un sistema para la extinción de dominio en casos de corrupción, narcotráfico, lavado y trata, desde el kirchnerismo salieron a reclamar que se utilice con la familia presidencial. Más precisamente, con Gianfranco Macri, el hermano. A través de un escrito presentado ante el procurador general, Eduardo Casal, los diputados del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade y Martín Doñate exigieron que ese organismo ponga en marcha los mecanismos legales para el recupero de bienes que el hermano presidencial habría obtenido por una operación de la empresa familiar con parques eólicos, algo que fue revelado por PERFIL y que se está investigando en el fuero penal. Gianfranco Macri, el hermano del Presidente, declara ante Bonadio En el texto aseguran que de la información con la que se cuenta “surge que el hermano del presidente de la Nación, Gianfranco Macri, recibió la suma de cinco millones de dólares de parte de la firma que controla los paquetes accionarios de las sociedades que obtuvieron las concesiones, y que constituye una mínima parte de lo que se estima fue la ganancia de la familia presidencial por esta operación: aproximadamente US$ 70 millones”. En base a eso, sostienen que se impone la apertura del procedimiento que establece el DNU firmado por Macri, “a efectos de recuperar los 5 millones de dólares que están en poder de Gianfranco Macri”. Y agregan: “Se trata de una suma de dinero obtenida a partir de hechos que configuran claros delitos contra la administración pública”. En plena campaña, los seis casos que marcarán el año judicial de Macri La movida, además de buscar un impacto político, le termina otorgando legitimidad a una iniciativa presidencial que inicialmente el kirchnerismo tildó de inconstitucional. Hasta ahora no hubo presentaciones en ese sentido en la Justicia, ni el Congreso se expidió al respecto, por lo que la norma está en vigencia. Desde la Procuración todavía tienen que poner en marcha los mecanismos para designar a los miembros del equipo especial de fiscales que trabajarán específicamente para la extinción de dominio en favor del Estado nacional. Según expresó el ministro de Justicia, Germán Garavano, ese equipo debería estar en funcionamiento en dos o tres meses. En caso de prosperar la denuncia contra Gianfranco Macri, el hermano presidencial va a estar obligado a demostrar el origen lícito de los fondos, caso contrario un juez comercial podría determinar su decomiso.
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