El destino del kirchnerismo, en su trazo más grueso, se está jugando en sigilosas conversaciones reservadas. Son las tratativas que llevan adelante Martín Guzmán y su subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, para que los bancos renueven sus tenencias de títulos públicos cifrados en pesos. Se trata de un problema de primera magnitud. El país tiene vedado el crédito internacional porque, dado su nivel de riesgo, la tasa que debería convalidar es impagable. Por lo tanto, el déficit del Estado sólo puede solventarse en moneda local. El Gobierno ha recurrido durante mucho tiempo al Banco Central para que cubra esos desequilibrios emitiendo billetes. El Central debió ofrecer toneladas de letras para absorber esa emisión, asumiendo una deuda cada vez más inquietante. Para atenuar ese problema, el Ministerio de Economía comenzó a colocar sus propios títulos, al mismo tiempo que prometía a quienes le prestaban el dinero que reduciría el déficit del Tesoro para que ese pasivo se volviera sustentable. Pero el rojo siguió agravándose y entre los tenedores de esos papeles resultó evidente que estaban haciendo un mal negocio. En especial porque, si el Gobierno intenta recompensarlos con una tasa equivalente o superior a la inflación, debería emitir una suma de dinero enloquecedora. Así se fue instalando una duda difusa sobre la capacidad del Estado para pagar su deuda en pesos.

Bastó una pequeña corriente de aire para que se desatara una tormenta. El miércoles pasado varios agentes privados desmontaron sus inversiones en títulos públicos ajustados por inflación. Ese movimiento fue acompañado por un gran retiro del fondo Carlos Pellegrini, que administra el Banco Nación, por parte de Enarsa. Las autoridades de esta empresa aclaran que no se desprendieron de los bonos que actualizan su valor por la inflación, que fueron los más castigados por la corrida. Sin embargo, el movimiento de Enarsa contribuyó a generar pánico por el volumen general de las ventas. El valor de los bonos en pesos se desplomó. Los operadores calculan que perdieron entre 10 y 15% de su valor en menos de una semana. Agotado el financiamiento del déficit fiscal por la vía de la emisión monetaria, aparece ahora un gigantesco signo de interrogación sobre el financiamiento por la vía del crédito en pesos.

En este contexto, Guzmán y Tosi están apelando a los bancos, compañías de seguros y fondos de inversión para que renueven sus tenencias en títulos públicos cuando lleguen los próximos vencimientos. Hay uno importante, de 500.000 millones de pesos, el próximo 29. Sin embargo, la cuesta más empinada aparece en septiembre: el Gobierno deberá conseguir que el mercado le renegocie alrededor de 800.000 millones de pesos en títulos que, en su gran mayoría, ajustan por el índice de inflación.

Las instituciones financieras están cada vez más incómodas prestándole al Estado. Sus balances presentan un nivel de riesgo altísimo. En el caso de las entidades extranjeras deben justificar esa adicción al peligro ante sus casas matrices. Los expertos sospechan que Guzmán conseguirá refinanciar esos pasivos gigantescos en volúmenes inferiores, a plazos más cortos y tasas más altas.

Esta atmósfera crea una nueva incertidumbre: si los bancos, las compañías de seguros o los fondos de inversión retacean el crédito al Gobierno, debe presumirse que éste recurrirá a una emisión monetaria más caudalosa. Una parte de esa emisión, se supone, irá hacia el dólar, que estará más caro. Por lo tanto, lo mejor es comenzar a comprar dólares desde ahora. Quiere decir que el límite que le ponga el mercado al endeudamiento en pesos del Tesoro se proyecta sobre una disparada del dólar paralelo y del contado con liquidación. Como las autoridades se aferran a la cotización oficial de la divisa, alarmadas por los efectos inflacionarios de una devaluación, la brecha cambiaria se agiganta. Y, con ella, se agigantan todas las distorsiones.

El paisaje que se va configurando explica un fenómeno principal de la economía, que quedó opacado por los ribetes judiciales que rodean la presencia en Ezeiza de un avión iraní ploteado por Venezuela. Ese vuelo traía autopartes desde Querétaro, para que Volkswagen las ensamble en su planta de Pacheco. La fabricante de esa mercadería es la multinacional Faurecia. Todavía no apareció el tuit de Cristina Kirchner exigiendo que los asientos y los paneles instrumentales del Taos de Volkswagen se elaboren en el país, como reclamó para la chapa del gasoducto Néstor Kirchner. De a poco ella debe ir comprendiendo que la Argentina de hoy incentiva mucho más a importar que a producir. Una derivación del atraso cambiario que deriva de financiar el déficit fiscal con un tsunami de emisión.

En estas horas el Gobierno se prepara para anunciar un decreto con un presupuesto nacional que le había prometido al Fondo Monetario para el 15 de abril. Sólo dos meses de procrastinación. Aceleraron el paso. También se comunicará una suba en la tasa de interés. Y, es muy probable, más restricciones cambiarias; en especial límites a las importaciones. Con un récord de ingreso de divisas por exportaciones, las autoridades siguen creyendo que faltan dólares. No que sobran pesos. Por lo tanto, es probable que no calculen que los pesos que ya no serán absorbidos por las compras de bienes importados, generarán más inflación. Acelerarán la inercia que quieren frenar. Y afectarán a la producción, porque habrá menos insumos. Una contrariedad sobre la que debe estar meditando Daniel Scioli mientras prepara su campaña sobre el dinamismo de la industria nacional, sobre todo entre los importadores de Tierra del Fuego, su lugar en el mundo. Esa campaña empezó ayer: Scioli dijo que no hay cepo.

Los ejecutivos de Volkswagen aprovechan, por ahora, el dólar oficial para comprar autopartes a Faurecia que, a la vez, baja costos encomendando su logística a empresas aéreas que son bienvenidas en muy pocos países. Debe suponerse que esos vuelos han sido habituales y se corresponden con la opacidad que va adquiriendo la Argentina. Iraníes y venezolanos se dirigían a Córdoba en la confianza de estar ingresando en un país amigo. Es decir, suponían que no les iba a suceder lo que le pasó a la canciller de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, el último diciembre, cuando no pudo ingresar a los Países Bajos para visitar el tribunal de La Haya, donde se investiga a varios funcionarios del chavismo por gravísimas violaciones a los derechos humanos. ¿El inconveniente? El avión que la llevaba no pasó los controles de seguridad.

El caso de la aeronave de la iraní Mahan Air transferida a la venezolana Emtrasur está funcionando como un líquido de contraste que revela el pésimo funcionamiento del Estado argentino. La incógnita inicial es si se trató del primer vuelo. O si hubo otros habituales, no detectados porque no se habían presentado los inconvenientes que provocó la niebla. En el caso de los viajes de turismo, en el sector de la aviación se comenta que existe un tráfico bastante sistemático de aviones operados por Irán que llevan pasajeros desde la Argentina hasta Punta Cana.

Sólo se sabe que el vuelo contratado por Faurecia fue, o debería ser, el último. La demostración es que Conviasa, la empresa controlante de Emtrasur, suspendió ayer un viaje al país: dejó su avión en Bolivia y delegó el tramo final del trayecto en Boliviana de Aviación.

Otra rareza de esta peripecia fue la aparición de Agustín Rossi, el flamante titular de la Agencia Federal de Inteligencia, para pensar en voz alta en una entrevista televisiva. Rossi aclaró que no tenía información, pero que presumía que los iraníes estaban entrenando a la tripulación venezolana. ¿Una aeronave de carga que transporta mercadería está habilitada como aparato de entrenamiento? ¿Puede un equipo de instructores dar clases en el espacio aéreo de otro país? ¿Tiene lógica que un curso de capacitación para pilotos, cuya clave es el ejercicio reiterado de despegues y aterrizajes, se realice en un trayecto de 7000 kilómetros, que es la distancia de Querétaro a Córdoba? Interrogantes que el jefe de los espías no se formuló. Rossi tampoco recibió la información sobre la aeronave y su tripulación. Los que se enteraron fueron los paraguayos, que dieron aviso a otros países del Cono Sur.

Para que todo sea más folclórico, la investigación sobre el avión y sus tripulantes cayó en manos del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena. Se trata de un magistrado muy controvertido, odiado por kirchneristas y macristas a la vez. Ambos bandos lo acusan de haber sido agente de su propia persecución por pedido de la facción contraria. Villena, muy ligado en su momento a la subdirectora de la AFI de Cambiemos, Silvia Majdalani, enfrenta severos cargos en el Consejo de la Magistratura. La causa del avión le vino como anillo al dedo para blindarse por un tiempo ante cualquier recriminación.

Villena está hiperactivo. No dejó trascender, hasta ahora, ningún indicio sobre la ilegalidad del vuelo o sobre la conducta de sus tripulantes. Severo secreto de sumario. Sin embargo, prohibió la salida del Boeing. Y ordenó investigar los celulares de los viajeros.

Los venezolanos e iraníes que llegaron a Córdoba creyeron estar pisando un terreno confiable. Tienen derecho, dada la familiaridad del oficialismo con las tiranías de sus países. En especial con la venezolana. Fernández viene de defender en Los Ángeles al régimen caribeño, al que ve haciendo avances en materia de derechos humanos. Viendo visiones, diría Carlos Fuentes. Maduro le agradeció desde Teherán. Por lo tanto, la facilidad con la que aviones como el de Mahan/Emtrasur circulan por cielos argentinos no debería sorprender a nadie. Ni a los Estados Unidos, país para el cual uno de los tripulantes milita en una organización terrorista, ni a Israel, que padece la incesante amenaza iraní. Ni siquiera el empeño del vendedor de armas y tecnología Mario Montoto por mejorar las relaciones del kirchnerismo con los israelíes corrige la imagen del Gobierno. A propósito de Montoto: su candidato para ocupar la embajada en Israel, José Glinski, tampoco parece haber advertido la presencia de visitas. Es el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Los que sí deben estar asombrados son los venezolanos y, más aun, los iraníes, a quienes el juez Villena secuestró los teléfonos celulares para que sean sometidos a una investigación. Los destinos anteriores del vuelo que llegó a Córdoba permiten imaginar el tipo de información atesorada por esos equipos: Ciudad del Este, Teherán, Moscú, Caracas, etc. Aunque quizá haya que moderar las expectativas. Los dueños de esos móviles tuvieron varios días para eliminar cualquier contenido inconveniente. Hay otro detalle que llama la atención. Villena no confió su inspección a ninguna fuerza de seguridad federal. Entregó los teléfonos a la Policía de la Ciudad, que controla un gobierno de la oposición. ¿Una policía provincial investigando a terroristas? Hay un detalle que a lo mejor explica todo: Villena es íntimo amigo de Marcelo D’Alessandro, el ministro de Seguridad porteño, que ayer estuvo reunido con el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley, y con Gentry Smith, subsecretario de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado.

Sería una ingenuidad suponer que la Argentina puede contagiarse los vicios de sistemas muy poco transparentes. No hace falta. Las enfermedades son, desde hace tiempo, endógenas. Ayer hubo una demostración escalofriante. El fiscal de la justicia ordinaria de San Isidro, Claudio Scapolan, había sido procesado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado por encabezar una asociación ilícita que inventaba causas extorsivas y que se quedaba con volúmenes increíbles de drogas provenientes de procedimientos policiales. Un jury bonaerense había suspendido a Scapolán, casi por unanimidad: sólo la senadora provincial Sofía Vanelli, del Frente Renovador (sic) que conduce Sergio Massa, protegió al fiscal. Una versión errónea indicó, en su momento, que también el diputado Walter Carusso se pronunció a favor de Scapolan.

Sin embargo, ayer los camaristas Marcelo Fernández, Marcos Morán y Juan Pablo Salas, de la Sala I de la Cámara Federal de San Martín, removieron casi todos los argumentos de Arroyo y dejaron a Scapolan muy cerca de la absolución. Arroyo y el fiscal del caso, Fernando Domínguez, cometieron, como de costumbre, varios errores que allanaron el trabajo a los camaristas. Pero el beneficio para Scapolan llegó desde la política.

El fiscal es un protegido de Massa. Se atribuye a la esposa de Massa, Malena Galmarini, haber hecho gestiones a favor del procesado ante la cámara que finalmente lo ayudó. Habría recurrido a la intermediación de Javier Fernández, el eterno gestor judicial del tenebroso Antonio Stiuso, con gran influencia en los tribunales de la zona norte. En esos tribunales se afirma que también el binguero Daniel Angelici, eterno gestor judicial de Mauricio Macri, ayudó mucho a Scapolan. Se ve que entre Macri y Massa no todos los puentes están rotos.

Los Massa estarían devolviendo un favor invalorable. Una versión muy insistente sostiene que, cuando en agosto de 2013 les robaron su casa, el fiscal del caso, Washington Palacios, descubrió que el prefecto Alcides Gorgonio, el ladrón, se había llevado una suma superior a los 500.000 dólares. Al parecer la novia de Gorgonio, que trabajaba con la familia, avisó que en esos días al domicilio había llegado una alegría. Massa estaba en ese entonces en plena campaña electoral.

Palacios fue desplazado del caso y Scapolan se encargó de desmentir las infamias. Se dice que alguien debió corregir el acta original del allanamiento a lo de Gorgonio. Scapolan fue el candidato de Massa a cubrir el cargo de fiscal general de San Isidro, en reemplazo de Julio Novo, otro amigo del presidente de la Cámara de Diputados. Novo fue procesado por encubrir a bandas narcos. Washington Palacios también fue desplazado de su función de fiscal, por impulso de Massa: se lo acusó de querer beneficiar al ladrón Gorgonio. La dirigencia política miró, casi por completo, para otro lado. Palacios contó con la solitaria defensa de Elisa Carrió.

Como la vida pública continúe en esta trayectoria declinante, los aviones que no podrán volar por sospechosos serán los argentinos.