Sin la presencia de Juntos por el Cambio -que impugnó la audiencia- la comisión de Acuerdos del Senado analizó 10 traslados y dictaminó para que los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal porteña -revisora de fallos de instrucción- y Germán Castelli del Tribunal Oral Federal 7, donde tramita la Causa por los Cuadernos en la que está imputada la vicepresidenta Cristina Kirchner, dejen esos puestos y regresen a sus tribunales de origen. Esa decisión deberá ser refrendada en el recinto por los senadores en una sesión, pero el kirchnerismo cuenta con  los votos suficientes para hacerlo, así que se descuenta que lo formalizará en el próximo encuentro.

Ninguno de ellos tres acudió a la comisión, donde el oficialismo tiene mayoría propia. Por lo contrario, presentaron amparos y recurrieron también a la Corte Suprema para evitar que los remuevan de sus cargos.

Con críticas por su actitud, los legisladores oficialistas optaron por revertir los traslados que se hicieron durante la gestión de Cambiemos y disponer que vuelvan a sus tribunales originales.

“Bruglia se niega a concurrir tratando de permanecer en un cargo ilegal, arbitrario e ilegitimo y con sus acciones muestra su desprecio a la normas constitucionales”, apuntó el senador cristinista Oscar Parrilli.

“El gobierno de (Mauricio) Macri armó una compleja estructura para usar los procedimientos judiciales para alcanzar los objetivos políticos y económicos. Bruglia y Bertuzzi fueron un eslabón en el armado de causas por parte de los jueces designados por ellos mismos para armar el tribunal de alzada a su medida. Lo mismo se dio en la provincia de Jujuy”, agregó Guillermo Snopek.

El presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, propuso entonces que se mocione directamente por el rechazo de los traslados de los jueces que no se presentaron. "A estos funcionarios que se nieguen a presentarse ante el Congreso argentino no podemos darles el acuerdo. Nos hubiese gustado escucharlos, saber qué visión tienen de la Justicia, pero no han cumplimentado con lo que indica la Constitución", sentenció y minutos más tardes el dictamen comenzó a circular para su firma.

Los jueces Bruglia y Bertuzzi integraban un Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py y en 2018, fueron nombrados por decreto del presidente Mauricio Macri para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal, la primera instancia de revisión de lo actuado por los doce juzgados federales de instrucción del fuero de excepción. Entre los fallos que dictaron se encuentra el procesamiento de Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos de la corrupción.

Por su parte, Germán Castelli es juez del Tribunal Oral Federal 7, donde tramita esa causa.

Los traslados de los otros siete jueces -que se presentaron a la comisión- y también fueron puestos a revisión del Senado por parte del Ejecutivo seguirán siendo analizados. 

La audiencia, presidida por la senadora cristinista Anabel Fernández Sagasti, se llevó adelante por videoconferencia. Fue convocada a pesar de que la jueza en lo contencioso administrativo federal Alejandra Biotti había ordenado al Senado, semanas atrás, abstenerse de la revisión.

Sin embargo, el oficialismo desoyó el planteo de Biotti y aprobó un proyecto de resolución -presentado por el oficialista Mario Pais- en el que justifica su rechazo señalando que "las materias del Poder Legislativo están fuera de la competencia del Poder Judicial".

Juntos por el Cambio impugnó la audiencia y avisó mediante una carta que no estaría presente. Consideran que no se cumplieron los plazos para convocar, que no se puede hacer de forma remota y que "el Senado no tiene competencia para considerar" estos pliegos.

"Siendo que los decretos del Poder Ejecutivo nacional en análisis se encuentran firmes y consentidos y, además, no fueron impugnados ni administrativa ni judicialmente, resulta evidente que, en el hipotético caso que tuviesen un vicio -lo cual, no ocurre- solo podrían ser revisados -y, eventualmente, anulados- por el Poder Judicial”, señalaron en la carta que enviaron a Sagasti. 

"Parece que la oposición se está acostumbrando a impugnar el procedimiento de comisiones en el senado", respondió Sagasti y agregó: "El Ejecutivo ha enviado acuerdos a este Senado y nosotros aplicamos el trámite reglamentario correspondiente".

Por impulso del Frente de Todos, en julio el plenario del Consejo de la Magistratura –con el voto clave de la diputada lavagnista, Graciela Camaño- aprobó la revisión de los traslados de los diez jueces federales dispuestos durante la gestión de Cambiemos. Acto seguido, el Ejecutivo envió al Senado los pliegos cuestionados para su revisión.

El oficialismo plantea que los traslados no cumplieron ciertas normas ligadas a la competencia o jurisdicción, y que no fueron aprobados por el Senado.

También se analizó el caso del juez Eduardo Farah quien era juez de la Cámara Federal de Comodoro Py y pidió su cambio primero a un Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 y luego a un Tribunal Oral Federal 2 de San Martín, donde se encuentra actualmente.

Lo hizo después de su fallo sobre “Oil Combustible”, en el que confirmó el procesamiento de Cristobal López, pero modificó la calificación legal y revocó la prisión preventiva.

“Durante aproximadamente dos meses, los medios de comunicación criticaron ese fallo y pusieron en tela de juicio mi honestidad. Decidí pedir mi traslado para ser investigado del modo que la función que yo cumpliera no fuera un obstáculo y preservar a mi familia y sobre todo a mis hijos que estaban muy preocupados por la situación”, aseguró.

El senador cristinista Oscar Parrilli, le preguntó por la frase de Mauricio Macri cuando en una entrevista se refirió a ese fallo y dijo “esto no fue lo que acordamos” . "La recuerdo y la verdad que me llamó la atención porque yo no había acordado nada ni con pel ni con nadie, así que no sé a qué se refirió puntualmente", contestó Farah.

Los otros casos son los de los jueces Juan Manuel Iglesias, Zunilda Niremperger, Federico Hernán Villena, Verónica Skanata, Esteban Hansen, Enrique Velazquez.