Exfuncionarios kirchneristas condenados por corrupción, legisladores y funcionarios del Gobierno anunciaron la presentación de un proyecto en el Parlasur para que el “lawfare” sea considerado en la región un delito que permita revisar condenas judiciales y castigar a los funcionarios judiciales que las dictaron. La pretensión es que el senador nacional Oscar Parrilli y la diputada Fernanda Vallejo lo impulsen como una ley en el Congreso Nacional.

Los fundamentos jurídicos del proyecto, que describió Maximiliano Rusconi, son “recurso de revisión de sentencia y de inaplicabilidad de la ley”, base para impugnar las decisiones judiciales.

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La presentación -donde la conducción estuvo a cargo de Alejandra Minicelli la esposa de Julio De Vido-, se efectuó en una charla organizada por la Liga Argentina por los Derechos Humanos de la que participaron la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño, Oscar Parrilli, Fernanda Vallejos, José Schulman, Oscar Laborde, el padre Paco Olivera, Gastón Harispe y el abogado José Manuel Ubeira, entre otros.

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Camaño dijo que el desconectar la AFI como auxiliar de la Justicia “no alcanzó”. Y agregó: “Tenemos todavía presos políticos por lo que necesitamos que se depure la justicia”.

Señaló que hay una política para buscar convencer a la gente de que el “lawfare” no existe y que es un invento para beneficiar a populistas corruptos. “Existe y a la prueba de ello es la sentencia que determinó la libertad de Lula en Brasil, dijo Caamaño, que señaló que se “usaron los poderes judiciales y los ministerios públicos para eliminar disidencias”.

“El ‘lawfare’ persigue dirigentes populares y habilita la limitación de derechos de toda la sociedad” por los jueces trasladados, “el forum shopping, la digitación de sorteos”. Señaló Caamaño que “hay magistrados que forman parte del acuerdo del lawfare para aniquilar referentes de la política”. Indicó que hubo casos donde se produjo una “hostigación para crear un clima social persecutorio”.

Denunció los abusos de la propiedad privada y dijo que se usó la prisión preventiva como moneda de cambio para lograr las confesiones” y se usó además dijo “para quitar al acusado del medio social cuando era un funcionario de un Gobierno popular que son los que le dan derechos a la gente”. Dijo que los jueces “están empatizando con el establishment, no con lo popular, quieren ser como la derecha, son de derecha de hecho”.

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Indicó que se usó la figura del arrepentido “contraria a la Constitución Nacional”. Dijo que “desde un lado se da la persecución solo para los gobiernos populares, para el otro lado, se da la impunidad”. Por eso señaló que el “el lawfare ayuda a destituir gobiernos privando de la libertad a políticos elegidos por el voto popular y para eso se necesita de los jueces, de la corporación, del establishment y de los medios de comunicación”.

Cristina Caamaño, de la AFI, junto con Alberto Fernández y Santiago Cafiero

Rescató la tarea del presidente Alberto Fernández de “desarmar el lawfare” mediante la tarea que ella misma efectuó en la AFI, como interventora de un organismo usado como “herramienta de la persecución judicial de las decisiones del neoliberalismo”.

El argumento central de la charla fue que el lawfare es la continuidad del Plan Cóndor por otras vías, el camino de dominación del “imperio” sobre los gobiernos populares de Latinoamérica.

“Golpes blandos”

Fernanda Vallejos describió al lawfare como emparentado como los “golpes blandos” y el reemplazo de la técnica de los golpes militares. “Hoy son las cortes y los juzgados como antes los cuarteles donde se ponen en marcha los golpes, se trata de los mismos actores que buscan impedir el avance de los proyectos emancipatorios”.

“Con la reinterpretación de las leyes, la elección de juzgados más ventajosos para atacar al enemigo, que son los líderes populares, dique frente al avance del neoliberalismo incluye el control de los medios que son el instrumento para la construcción del imaginario que justifica el lawfare. Son herramientas tan importantes como las detenciones arbitrarias y las penas desproporcionadas”

Por eso entendió que los tribunales tienen hoy un rol protagónico en la política cuando las causas anticorrupción marcan la agenda mediática y política”. Puso como ejemplo los casos de Brasil, Ecuador, Bolivia y Argentina con las causas que enfrenta Cristina Kirchner, Boudou o De Vido, dijo.

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“Es una guerra por otros medios desde el dentro de los poderes que amenazan los intereses del poder económico y financiero”. Ejemplificó con el fallo de la justicia de ayer que frenó el cobro del impuesto a la riqueza a un empresario que presentó un recurso de amparo. "

Hubo aportes en video de Amado Boudou, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Fernando Esteche, Luis D’Elía, Julio De Vido. Jaime, condenado y que admitió sus delitos, dijo por ejemplo que la mesa judicial sigue intacta; Boudou, con el pelo largo, fijó que el lawfare es “una herramienta para disciplinar a los políticos " y un “nuevo instrumento de dominación”.

Shulman entendió que “el lawfare es una operación de dominación política para liquidar la capacidad de resistencia de los líderes populares como antes se hacía mediante una bala o la picana” y entendió que “hay una guerra judicial que comanda la propia Corte Suprema de Justicia”.

Hernán Cappiello