Intendentes del oficialismo y de la oposición están de acuerdo en cambiar un artículo de la norma sancionada en 2016 que les permitirá gobernar por un período más pero asumen que frente a la crisis epidemiológica no es momento de poner el debate sobre la mesa. La discusión sería llevada a la Legislatura bonaerense en diciembre, con la mayor parte de la población ya vacunada y las elecciones de medio término resueltas
“Vacunar, vacunar y vacunar”: los intendentes lo repiten como un mantra. Saben que de la agenda de la pandemia solo pueden desviarse para tratar cuestiones económicas pero no hay margen para hacer públicos debates del micromundo de la política. Aunque hay una inquietud que ataña tanto a oficialistas como a opositores: la ley que limita las reelecciones indefinidas. Comienza la negociación por los lugares en la listas y muchos de los jefes comunales de la provincia de Buenos Aires no podrán reelegir en 2023 por lo que empiezan a barajar la posibilidad de ocupar otros casilleros: una banca en la Legislatura, el gabinete nacional y hasta la formación de un sucesor de estrecha confianza. Movimientos ajedrecísticos para no transitar dos años de vacío de poder mientras se discuten artilugios legales para mantener la conducción de los municipios hasta 2027.
Tal como está la ley afecta a 95 de los 135 intendentes del territorio bonaerense; 51 de ellos pertenecen a Juntos Por el Cambio, 50 al Frente de Todos y cuatro vecinalistas. De los oficialistas, hay históricos dirigentes del peronismo. Alberto Descalzo (Ituzaingó), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Fernando Gray (Esteban Echverría), Ariel Sujarchuk (Escobar), Gustavo Menéndez (Merlo), Juan Zabaleta (Hurlingham), Mario Ishii (José C. Paz), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Mario Secco (Ensenada) y Julio Zamora (Tigre), son algunos de los que no podrán reelegir. Mientras que de la oposición estarían transitando su último mandato consecutivo: Julio Garro (La Plata), Jorge Macri (Vicente López), Néstor Grindetti (Lanús), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Gustavo Posse (San Isidro).
Si bien falta para 2023 el escenario de las Legislativas es propicio para que en este contexto surjan nuevos candidatos que les disputen el poder territorial que han conseguido en la última década.
Desde su sanción en 2016 se charlaron distintas alternativas para modificar la norma pero hasta ahora ninguna fuerza política dio el primer paso para abrir el debate en la Legislatura bonaerense. La ley es hija del acuerdo de gobernabilidad que mantuvieron en aquella oportunidad María Eugenia Vidal y Sergio Massa, por lo que ninguno de ellos estarían dispuestos a boicotearla. Por su parte no es un tema que desvele a Axel Kicillof, quien se mantiene al margen considerando que no tiene impedimentos para buscar ser reelegido. El único que se mostró a favor de que no haya límites a las reelecciones fue Alberto Fernández.
Se especulaba con que la llegada de Máximo Kirchner al Partido Justicialista bonaerense agilizaría el planteo del tema. Pero, en medio de la disputa judicializada que mantiene con Fernando Gray, la asunción del presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados que iba a suceder a principios de mayo se postergó hasta diciembre.
Diciembre sería justamente el mes en el que queden resueltas las inquietudes de los jefes comunales. “Lo más probable es que se modifique a fin de año, que se aclare para que no haya lugar a malas interpretaciones”, indicó uno de los referentes del Frente de Todos en el conurbano.
En La Plata circula la versión de que en diciembre puede haber un acuerdo cuando se vote el Presupuesto de la provincia. En el oficialismo coinciden en que sería un momento propicio para que se modifique el artículo 7 de la Ley 14.836 que sostiene que “el período de los Intendentes, Concejales, Consejeros Escolares, Diputados y Senadores a la entrada en vigencia de la presente Ley será considerado como primer período”. Tal como está redactada, se considera primer mandato a aquellos que comenzaron en 2015, por lo tanto quienes fueron reelectos en 2019 no podrán volver a hacerlo en 2023.
Los intendentes oficialistas y opositores coinciden en que la ley no puede ser retroactiva y que el primer mandato a contabilizarse debería ser el inmediatamente posterior a la sanción de la norma y no el que estaba en curso en aquella oportunidad. De formalizar este acuerdo en la Legislatura de la Provincia, 2019 - 2023 sería considerado el primer mandato por lo que “todos tendrían cuatro años más de gobierno”, adelantaron a Infobae fuentes del oficialismo.
Ahora bien la norma afectará en las elecciones de este año a concejales, consejeros escolares, diputados y senadores provinciales que fueron electos por segunda vez en 2017. Considerando que no tienen el mismo peso y poder territorial que los intendentes para barajar distintas alternativas, no se descarta que algún dirigente que tenga comprometida su participación en los comicios de septiembre haga una presentación judicial antes del cierre de listas argumentando lo mismo que los jefes comunales: que la ley se está aplicando de forma retroactiva.
Tanto segundas y terceras líneas del Frente de Todos y de Juntos Por el Cambio están estudiando la posibilidad de hacer la presentación en el juzgado de su ciudad. El escenario es complejo: el planteo puede recaer en la Corte bonaerense o en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por tratarse de un tema electoral.
Más allá de alegar la inconstitucionalidad del artículo, si el juzgado le da la razón el fallo puede apelarse. Y si el juzgado dice que no es competente y pasa a la Corte, “sus tiempos no son los tiempos del cierre de listas”, asume un dirigente del kirchnerismo que si bien planteó las dificultades admitió que un fallo para un caso particular generaría una ola de presentaciones judiciales.
Lo que decidan hacer consejeros escolares, concejales o legisladores provinciales no condicionará los movimientos de los jefes comunales. En cada municipio consultado por este medio coinciden en que no forzarán nada por el momento y seguirán enfocados en la pandemia.
El sendero para ellos comenzará a dilucidarse en diciembre. La discusión del Presupuesto 2022 será el marco político de acuerdos entre el oficialismo y la oposición ya que se necesita dos tercios de la Cámara para su sanción.
Para modificar el artículo de la ley que limita las reelecciones se necesita de una mayoría simple. En Diputados no sería un inconveniente. Sin embargo, el Frente de Todos aguarda ganar las legislativas para mejorar el número en el Senado donde Juntos por el Cambio no solo es mayoría sino que cuenta con quórum propio. En el kirchnerismo son conscientes que una medida de este tipo debe ser consensuada independientemente del peso de cada fuerza.
En público, además de Alberto Fernández son pocos los intendentes que cuestionan la ley. “Es una posición política del Presidente reconocer que esta ley fue una gansada”, manifestó Mario Secco meses atrás. El clima social producto de la pandemia no da lugar a plantear este tema en la agenda, pero tanto en el kirchnerismo como los referentes de Juntos por el Cambio en la provincia coinciden en que la ley debe modificarse.
Para no generar rispideces con Vidal, en la oposición hablan de “aclarar” el artículo que genera discusión “sin alterar el espíritu de la ley”. Mismo argumento del oficialismo para contar con el aval de Massa. “Al final del día no habrá problema”, analizan en la Legislatura provincial donde prevén un resultado tan holgado que permitirá que algunos se abstengan de votar.
Conscientes que frente a la crisis epidemiológica el debate por la reelección es “banal” y de “micromundo”, los intendentes esperarán con paciencia que la discusión se abra en diciembre donde esperan que la mayoría de la población esté vacunada y que las elecciones de medio término estén resueltas.
Por Matías Russo Coroman
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