Aunque se esperaba para esta tarde el llamado a sesionar por parte del Senado de la Nación con el fin de tratar el proyecto de ley del Consejo de la Magistratura, el oficialismo en la Cámara Alta decidió darle prioridad a otro y avanzar en las comisiones.

Así fue que el Frente de Todos definió que hoy, a partir de las 15, se comience a debatir el proyecto de ley con el que se busca crear un fondo especial para pagarle al Fondo Monetario Internacional con dinero de quienes “fugaron” divisas al exterior.

Así, esta tarde, una semana después de que ingresara el proyecto cuyo autor es Oscar Parrilli pero que lleva el acompañamiento del resto de los 34 senadores del Frente de Todos, comenzará a discutirse y se citó a un plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General.

La decisión de posponer el debate en el recinto del proyecto de ley para modificar el Consejo de la Magistratura -que ya cuenta con dictamen de la comisión- implica todo un gesto política de parte de los miembros del Senado, en especial, de aquellos más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner como es el caso de Parrilli.

La previa a esta decisión fue la semana pasada, más precisamente el jueves, cuando se conformó la comisión de Legislación General, que será presidida por el senador del Frente de Todos por La Pampa, Daniel Bensusán.

Presupuesto y Hacienda ya estaba conformada -fue de las primeras para poder tratar el proyecto de acuerdo con el FMI- y como también forma parte del paquete de las denominadas comisiones para la gobernabilidad, también es presidida por el oficialismo, en este caso por el riojano Ricardo Guerra.

El proyecto que se discutirá, y donde se espera que habrá cambios por aportes de senadores del bloque del oficialismo pero también de diputados del Frente de Todos con la idea de avanzar rápidamente, señala que el “aporte especial de emergencia” se aplicará a los bienes situados en el exterior que se detecten a partir de la entrada en vigencia de la ley y no hayan sido declarados ante la AFIP: dinero en efectivo, inmuebles, acciones, participación en sociedades, fideicomisos instrumentos financieros (títulos, bonos, obligaciones negociables, ADRs y criptoactivos, entre otros).

La tasa del punitorio será del 20% sobre la totalidad de los bienes cuando se declaren en forma voluntaria dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley. Si se declaran después de ese plazo, el aporte subirá al 35%. En tanto, si se realiza a través una fiscalización del organismo recaudador, la tasa se elevará al 50 por ciento. El aporte deberá ser transferido en dólares a una cuenta especial que dispondrá la AFIP.

Si se detectan modificaciones de la residencia fiscal durante los tres años anteriores a la vigencia de ley y se comprueba que se trató de una maniobra para desvirtuar el verdadero lugar de residencia, la AFIP podrá disponer que continúen siendo residentes hasta que se apruebe la baja solicitada.

Una de las novedades que presenta el proyecto de Parrilli que desde la oposición señalan como un blanqueo encubierto, es la figura del delator o colaborador. Según la norma que comenzará a ser debatida hoy, las personas o entidades públicas y privadas (entre ellas bancos o financieras) que brinden información sobre evasión por más de $15 millones serán premiadas. Su rol es el de “colaborador” y deberá estar a disposición para declarar de forma confidencial. Como premio, podrá recibir hasta el 30% del monto total recaudado e ingresado al Estado.