En el atardecer del lunes, la gobernadora Alicia Kirchner ingresó a la Casa Rosada para reunirse con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.La reunión entre ambos duró casi una hora y estuvo centrada en las dificultades financieras que vive Santa Cruz y en la necesidad de destrabar, entre otras cuestiones, el financiamiento que viene gestionando la provincia hace siete meses. El mismo se viene demorando por distintas trabas burocráticas y restarían sólo un par de firmas para poder avanzar en la emisión de títulos de deuda pública por 350 millones de dólares, que Alicia Kirchner esperaba tener colocados en el mes de febrero y de esta manera transitar un 2017 sin mayores sobresaltos.Según trascendió ayer en medios nacionales, durante el encuentro Frigerio se habría comprometido a “avanzar” en una alternativa de asistencia, pero habría puesto “condiciones”.“La escuchamos, entendemos sus necesidades, pero los fondos son escasos. Vamos a evaluar un programa de financiamiento sustentable de la provincia, con el compromiso de su parte de mejorar la eficiencia del gasto público”, afirmaron desde el despacho de Frigerio al diario Clarín.Pero fuentes extraoficiales de Santa Cruz sostuvieron que también se condicionó la asistencia financiera a que la provincia avance en la reforma política y en la Ley de Coparticipación, cumpliéndose lo que ya había anticipado el propio Eduardo Costa el sábado pasado en ocasión de concretarse la Convención Radical, cuando afirmó que “es mentira que Nación nunca ayudó, porque ayudó con dinero y le dijeron a la gobernadora que es importante que envíe más dinero a los municipios con una Ley de Coparticipación y que se derogue la Ley de Lemas. Esta semana la gobernadora irá a pedir plata y le dirán lo mismo”.

Crisis financieraSanta Cruz atraviesa un ahogo financiero que provocó que, llegado el día 28 de marzo, aún no se hayan terminado de pagar, en su totalidad, los sueldos del mes de febrero. Esto ha provocado un escenario de ebullición social, producto de las distintas medidas de fuerza que ejercen los gremios en la búsqueda de lograr percibir la totalidad de sus haberes, con paros por tiempo indeterminado en varios sectores.Si bien el Gobierno no ha salido a explicar qué provocó este desfase en el pago de haberes, cosa que no había ocurrido de forma tan marcada en los meses anteriores, de acuerdo a lo que pudo saber La Opinión Austral esto se relaciona con los fondos girados por Nación, pero descontados casi en su totalidad de manera inmediata e inesperada.Hasta el mes pasado la provincia vino recibiendo, mensualmente y con diversos montos, adelantos de coparticipación, que si bien eran descontados sobre fin de mes, permitían cancelar los sueldos en plazos con menor retraso, pero en marzo la situación fue distinta.Si bien se concretó el adelanto de 270 millones de pesos, casi en simultáneo se descontaron 210 millones a cuenta del pago de los acuerdos de deuda firmados hasta 2015. Esto, sumado a que en estos días, lo que fue una de las razones de la presencia de Alicia Kirchner en Buenos Aires, Hacienda descontaría los 270 millones que fueran adelantados a principios de mes, y se buscó evitarlo.

Denuncias y condicionesEl mismo día en que se conocieron las declaraciones de Costa sobre los condicionamientos políticos al financiamiento, fue el diputado Jorge Arabel quien salió a la palestra, asegurando que el Gobierno Nacional buscaba “extorsionar” a la provincia. Se refirió a los dichos de Costa y también ratificó la defensa del sistema jubilatorio provincial.Este punto no es menor, ya que las fuentes que fueron consultadas por el matutino nacional en Casa Rosada deslizaron a modo de ejemplo que para “bajar” el gasto público, lo que encaró la gobernadora Rossana Bertone en Tierra del Fuego fue “la reforma del sistema jubilatorio”. Sin embargo, fuentes de la provincia aseguraron que ese tema no se trató durante la reunión entre la gobernadora y Rogelio Frigerio.Por otra parte, también existe preocupación del futuro financiero provincial, porque mientras se atrasa la salida al mercado con la emisión de deuda, los adelantos de coparticipación que quedaron pendientes de devolución en 2016 (poco más de 700 millones de pesos) fueron refinanciados, como planteó la Ley de Presupuesto Nacional 2017, pero a una tasa prácticamente de “mercado”. Mientras que hasta 2015 los adelantos eran convertidos en préstamo al 6% anual, los de 2016 fueron prorrateados al 24% anual, lo que implica un grave perjuicio para las arcas provinciales.