Por Fernando Latrille.

Los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmaron el lunes en San Nicolás un convenio de asistencia y cooperación en seguridad. “Es dar un paso más en la colaboración, en la articulación federal entre provincias argentinas, siempre a disposición de las provincias hermanas, siempre trabajando regionalmente entre los municipios, reafirmando que sin un Estado presente estas cosas no se solucionan”, destacó Kicillof sobre el acuerdo solidario. En realidad, dos estados presentes: Santa Fe, gobernada por el radical Pullaro, y Buenos Aires, por el peronista Kicillof. Más allá del acuerdo en sí, este encuentro por encima de las líneas divisorias partidarias horada la demonización del kirchnerismo y apunta a un realineamiento político que modificaría el mapa nacional. Pullaro fue aliado de Horacio Rodríguez Larreta en las primarias cambiemitas, mientras Patricia Bullrich jugó con la senadora Carolina Losada, que representa a Santa Fe pero vive en Nordelta, en la provincia de Buenos Aires. Losada anunció que de ser derrotada, no apoyaría a Pullaro, a quien acusó lisa y llanamente de vinculación con el narcotráfico. Palabras que luego de las elecciones se llevó el viento, en esta época en la que se dice y se hace cualquier cosa, a primera vista sin consecuencias.

En la conferencia de prensa, que se realizó en el Puerto de San Nicolás, se anunció también la creación de una base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y el fortalecimiento del despliegue policial en la región mediante el Operativo Saturación Norte. “Hemos desplegado en nuestra provincia lo que llamamos Saturación Norte, que tiene que ver con el vínculo, con la integración con la provincia de Santa Fe del lado bonaerense. Son recursos, son agentes de diferentes áreas de la policía de la provincia de Buenos Aires que están trabajando en las rutas, en la conexión de Santa Fe-Buenos Aires, para dar una respuesta que ya ha tenido frutos”, expresó Kicillof.

Sobre la base de la UTOI, que se abrirá en mayo en San Nicolás, precisó que es un cuerpo especial de la policía “específicamente formado para dar respuesta a este tipo de delitos”, en referencia a las bandas narco que operan en la ciudad de Rosario, a tan solo 70 kilómetros de San Nicolás. Informó que la base de UTOI “va a trabajar en toda la región” y que se trataba de “un refuerzo muy importante para las fuerzas de seguridad en el norte de la provincia de Buenos Aires”.

Pullaro destacó no haber cedido ante las amenazas de las bandas narco y valoró que “quien acudió a colaborar fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que primero se había solidarizado conmigo y mi familia luego de las amenazas” y después puso “a disposición cosas que no le sobran a la provincia de Buenos Aires”. “Siento que por primera vez en la República Argentina se entiende que es un problema de todos”, sostuvo. La solidaridad bonaerense estuvo en el envío de 80 patrulleros blindados y tres minibuses el pasado 15 de marzo.

Kicillof refirió que lo acordado es producto de un trabajo “que ya veníamos haciendo”. Lo calificó como “una cuestión de integración federal” y “de solidaridad”, aunque también “en defensa propia, de la provincia de Buenos Aires”, porque se le otorgaría “demasiada ventaja al delito” si se lo aborda como un problema local, sin tener en cuenta que la narco-criminalidad no “respeta fronteras”.

Para dos provincias que tienen un límite territorial amplio y se encuentran comunicadas a través de rutas provinciales y de la Ruta Nacional 9, que las conectan con sus puertos, la interacción entre los mandatarios para ofrecer una respuesta integral al control de la narco-criminalidad resulta fundamental pero insuficiente sin una intervención comprometida del Poder Judicial –hasta el momento no la ha demostrado– en seguir la ruta del dinero negro de la droga, que vuelve al mercado legal sin que nadie se pregunte su origen.

El convenio firmado tiene un plazo de 18 meses. Ambos gobiernos se comprometen a “una amplia cooperación y asistencia recíproca en las materias de nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad y en las temáticas relacionadas al análisis sobre actividades criminales con el propósito de facilitar los actos investigativos de actividades ilícitas”. Las actividades tendrán como propósitos:

- Elaborar planes de actuación conjunta o coordinada, de acuerdo con sus funciones y competencias específicas de cada provincia;

- Promover la coordinación de los órganos competentes en materia de análisis periciales y estudios técnicos y científicos orientados al esclarecimiento de hechos delictivos;

- Planificar y dirigir el desarrollo de estudios e investigaciones sobre delito organizado y criminalidad compleja;

- Desarrollar actividades de capacitación y de asistencia recíproca en las materias de empleo de nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad.

Kicillof explicó que será el municipio de San Nicolás quien prepare el lugar donde funcionará la base de la UTOI y la provincia de Buenos Aires la que movilizará los recursos para su funcionamiento. Del anuncio participaron el ministro de Seguridad, Javier Alonso, el senador provincial Sergio Berni, el intendente nicoleño Santiago Passaglia y la presidenta del Consorcio de Gestión del puerto de San Nicolás y concejala por Unión por la Patria, Cecilia Comerio. Acompañaron los intendentes Mauro Poletti, de Ramallo, y Cecilio Salazar, de San Pedro, donde luego Kicillof recorrió con esos mandatarios los puestos de seguridad de sus respectivos distritos.

La alianza regional entre gobernadores de distintos espacios ante un problema que demanda políticas integrales refleja una actitud responsable aunque no puede ser la única respuesta. Como exclamaba el personaje Omar Little en la célebre serie The Wire –que emitió HBO entre 2002 y 2008– ambos mandatarios podrían decir “yo tengo mi escopeta” mientras “ellos tienen el maletín”, exponiendo la corrupción de abogados que ayudaban a lavar dinero de traficantes en la ciudad de Baltimore. A la realidad argenta le pasa lo mismo: se puede utilizar la escopeta de las fuerzas de seguridad que conducen los Ejecutivos provinciales para enfrentar la narco-violencia, pero esa política carecerá de efectividad mientras no cuente con un Poder Judicial limpio –con los jueces Carlos Villafuerte Ruzo en San Nicolás y Marcelo Bailaque en Rosario será difícil conseguirlo– que siga luego la ruta del maletín, extendiéndose a asuntos soterrados como el lavado de dinero del narcotráfico en el mercado inmobiliario y sus nexos.