Pablo Ibáñez

Sin aparecer, hasta ahora sin opinar en público, Cristina Fernández Kirchner siguió en detalle cada instancia del juicio político que se le inició a Horacio Rosatti y los demás integrantes de la Corte Suprema de Justicia. La vice, desde el sur, estuvo al tanto de cada movimiento, apoyó la iniciativa y hasta se permitió un respaldo a Alberto Fernández, aunque a su lado persiste un clima: que la decisión política se tomó demasiado tarde.

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Aunque está online con gobernadores y legisladores, en contacto fluido con Cecilia Moreau la presidente de la Cámara de Diputados, la vice tiene un enlace preferencial en el tema del juicio a la Corte: se trata de Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, que se convirtió en “sus ojos y su voz” -según un cristinista- en la mesa política que analizó y definió, en dos cumbres y varias conversaciones, avanzar con el juicio contra los cortesanos.

No es el único pero es determinante: en el ecosistema Cristina mencionan que el juicio lo motorizan los gobernadores y señalan, en particular, a Kicillof, el chaqueño Jorge Capitanich y el santiagueño Gerardo Zamora. Son, junto a Sergio Ziliotto, de La Pampa, y a Gildo Insfrán, de Formosa, el scrum de mandatarios más duros a la hora de proponer medidas. Aunque la vice tiene diálogo con todos, el canal más aceitado en este tiempo es Kicillof.

El rol de Kicillof tiene, por derivación, otro impacto. Desde que comenzó la pelea por la copa porteña, fue el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro el dirigente K con más involucramiento. Pero tras la decisión de no cumplir el fallo de la Corte, con el tironeo interno sobre qué organismo o qué funcionario debía intervenir y la postura de Interior de que no estaba en la ruta administrativa, Alberto Fernández redobló su malestar con De Pedro y reforzó, como interlocutor, a Kicillof. Aquello generó chispazos entre Economía e Interior.

Según Fernández dijo en una entrevista con C5N, no consultó con la vicepresidente sobre su decisión de iniciar el juicio político a los integrantes de la Corte. Como contó elDiarioAR este miércoles, el presidente tomó la decisión y avanzó sin esperar el respaldo o no de los mandatarios, sino que los sondeó sobre su opinión y los convocó, pero no condicionó el anuncio a la determinación de los gobernadores. “Ya habían hablado del tema en la reunión de diciembre”, confió una fuente oficial. En el encuentro que hubo, el 22 de diciembre, en Casa Rosada entre Fernández y trece mandatarios, se analizó por primera vez la posibilidad del juicio político.

La postura de la vice

La situación de la Justicia fue, desde el principio de la gestión del Frente de Todos, una discusión en la bilateral política entre los Fernández. El reclamo de Cristina fue que Alberto tenía que actuar, apenas asuma, con autoridad sobre el mundo de jueces y fiscales. El caso testigo, según cuenta cerca de la vice, fue el fiscal Carlos Stornelli, que estuvo a punto de renunciar pero “cuando vio que no pasaba nada, se envalentonó y siguió”. El episodio, en su misma descripción, es revelador: haya sido o no lo que ocurrió con Stornelli, sirve para entender la mirada del cristinismo respecto a la “oportunidad perdida”.

Es más: aunque el acuerdo con el FMI aparece como el expediente que precipitó la pelea entre los Fernández, antes que eso existió una tensión explícita sobre cómo enfrentar la crisis judicial sobre la que advirtió la vice y que el presidente validó aunque los mecanismos de actuación ante eso, fueron diferentes.

Todavía, Cristina no habló del juicio político. A su lado dicen que está clara su postura, que fue hipercrítica de la Corte y la Justicia -habló de “mafia judicial”- y que la decisión política la encabezan, ahora, Fernández y los gobernadores, lo que considera una “instancia importante”. Tuvo, sin embargo, una intervención breve pocas horas después de que el Presidente anuncie el inicio del juicio político y la convocatoria a los gobernadores: tuiteó un informe del periodista Ari Lijalad en El Destape y agregó, como mensaje propio: “Lawfare, partido judicial o sencillamente mafia, el método es uno solo... Y como en toda guerra hay táctica y estrategia”.

En el cristinismo apuestan a que el trámite de la investigación en Diputados, se convierta en una instancia pública que genere un debate sobre la situación de la Justicia, un “juicio público” porque, según señaló el presidente del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, las sesiones de la Comisión de Juicio Político serán públicas y televisadas. “Habrá que ver cuál es el temperamento de los jueces ante un juicio de este tipo, con testigos y acusaciones”, apuntó un dirigente vinculado a Cristina.

En esa instancia, habrá varios legisladores referenciados en la vice que tendrán alto protagonismo en la investigación que, todo indica, iniciará la Comisión de Juicio Político. Entre ellos figuran, por ejemplo Leopoldo Moreau y Rodolfo Taihlade, dos espadas políticas y mediáticas que intervienen en temas vinculados a la Justicia y la Corte.