Con una inflación proyectada cercana al 70% para este 2022, según las encuestadoras más optimistas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aceleró un proceso de inyección de dinero en la masa de trabajadores que de él dependen: administración pública en general, docentes, médicos, judiciales y fuerzas de seguridad provincial. A las paritarias que rondaban el 40% anual les agregó la semana pasada un refuerzo con dos nuevas cuotas que corresponden al mes de mayo y de diciembre. En el medio, atravesado por la interna del Frente de Todos, busca no pisar el camino de la confrontación directa -pese a que asegura que es conducido por Cristina Kirchner- e intenta mostrarse activo en el interior bonaerense con inauguraciones y recorridas.

Alrededor de Kicillof aseguran que donde mejor se desempeña es en el territorio con la gente y eso sucede generalmente cuando sale de la zona AMBA. No en vano fue el propio mandatario quien publicó en sus redes un video suyo donde se lo ve rodeado por estudiantes de la escuela 16 de Monte haciendo pogo. Se trató de una recorrida que hizo por ese distrito e incluyó la inauguración del Jardín 910.

Más allá de las selfies y el acompañamiento o no que tiene cuando va al interior, el gobernador intenta que el impacto inflacionario -que existe y es una de las principales preocupaciones que pasan por su agenda diaria, según comentan quienes tienen trato diario- “no se le escape”. Por eso, ante la demanda de los gremios estatales, abrió la instancia de monitoreo y revisión de lo que fue la paritaria para el 2022. La semana pasada, al acuerdo original de 40%, se le agregaron dos tramos nuevos en suma salarial que corresponden al mes de mayo y de diciembre, llevando la suba interanual al 60% para una masa de 600 mil trabajadores.

Lo acordado con docentes, profesionales de salud, estatales y judiciales se replicó este martes para policías e integrantes del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Se agregaron dos nuevos tramos del 10% para mayo y diciembre. El acumulado para esta franja de trabajadores, como con los los estatales, será del 60% anual. Según se consignó, el sueldo neto de un oficial de policía ingresante será en diciembre $113.194. Si se le suma la compensación por uniforme de $7.500 que perciben de manera mensual, el sueldo neto de un Oficial de Policía que recién inicia su carrera ascenderá a 120.694 pesos.

Además de la acción administrativa, la decisión de plegar a las fuerzas de seguridad al incremento salarial del resto de los trabajadores del Estado sugiere también un gesto político luego de lo que fuera aquella revuelta policial de mediados del 2020 que incluyó protestas en la puerta de la Quinta de Olivos, en la residencia de la gobernación donde vive Kicillof y en distintos puntos de la provincia, con epicentro en el comando de Puente 12 en La Matanza. En el gobierno bonaerense remarcan que, a partir de ahora, el sueldo básico de un oficial de policía se incrementará en 146% a partir de diciembre en relación al mismo mes del año anterior, incrementando su participación en el salario bruto del 31,5% al 48,5%, reduciendo la participación relativa del resto de las bonificaciones y adicionales.

En el Ejecutivo bonaerense también remarcan la suba en las jubilaciones y pensiones mínimas a través del Instituto Previsión Social (IPS). Será del 50% y pasará de 14.040 pesos actuales a 21.060 pesos. Alcanzará a 7.347 personas que representan el 2,6% de los beneficiarios del IPS. Kicillof también impulsó un bono móvil de hasta 10 mil pesos a 26.975 de personas que cobran jubilaciones y pensiones contributivas menores a los 38 mil pesos. Mientras que las pensiones no contributivas que reciben menores de 21 años se incrementarán un 76,4% para ascender a los 12.636 pesos, mientras que las del régimen general serán de 8.845,20 pesos. Y, finalmente, un bono de 6 mil pesos destinado a 24.800 beneficiarios de pensiones no contributivas.

Lejos de la zona de fuego amigo

Una estrategia que se montó en La Plata como respuesta a la interna y debate que atraviesa del Frente de Todos -y que interpela a Kicillof- fue que el gobernador acelere recorridas por el interior con inauguraciones, que se muestre con intendentes tanto oficialistas y opositores y que se mantenga un tanto alejado de la exposición mediática.

En los últimos 15 días inauguró cinco edificios educativos: un jardín maternal en Salto cuya obra estaba iniciada desde la gestión de Cristina Kirchner, tres jardines de infantes (Pilar, San Miguel del Monte y Pilar) y una escuela secundaria en Pilar.

En las últimas semanas también estuvo en Veinticinco de Mayo en la reactivación de obras de la planta transformadora de energía que quedará preparada para recibir dos líneas adicionales de 500 kilovatios, permitiendo el despacho de energía eléctrica en Saladillo, Chivilcoy y Lobos. Además, también fue a Saladillo donde anunció el inicio de obra para la ampliación de la planta de tratamiento cloacal, con una inversión de 757 millones de pesos. Allí fue recibido por el intendente radical José Luis Salomón. En Cañuelas también inauguró un nuevo edificio del Registro de las Personas.

Parte de la agenda que viene llevando día a día se las hizo saber a los intendentes del Frente de Todos y Juntos que asistieron a la presentación de 119 proyectos del Fondo de Infraestructura Municipal 2022, una política que Kicillof sostiene desde la gestión de María Eugenia Vidal. Para este año el gobierno provincial desembolsará en total 17 mil millones en ese programa, para que los municipios definan dónde intervenir con infraestructura de impacto local.

Algunos intendentes de la oposición demandan mayor celeridad en la transferencia de fondos. Apurados por la inflación, jefes comunales de Juntos sostienen que la brecha entre lo proyectado y lo ejecutado es cada vez mayor. En el gobierno reconocen este fenómeno y aseguran que los excede. Días atrás, en una entrevista con Infobae, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Nardini, explicó: “Estamos tratando de agilizar la gestión para que las obras que están licitadas se puedan ejecutar en tiempos coherentes para que les rinda a las empresas que ganan esas licitaciones”.