"No me van a hacer desempatar", pidió anoche Ciurca en tono de chanza durante la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria. Todo apunta al rechazo del proyecto opositor que propicia que el gobernador Francisco Pérez demande judicialmente a la presidenta Cristina Fernández, algo "absolutamente inviable" para el oficialismo.

El reclamo opositor es por "la devolución" del 15% de la coparticipación federal que la Provincia cedió a la Anses desde 1993, para alimentar una jubilación pública que -se suponía- entraba "en vías de extinción" ante la decisión de Carlos Menem de privatizar el sistema jubilatorio.

Si el escenario legislativo de la semana pasada sigue "congelado" diecinueve senadores votarán contra la propuesta. Ellos son los quince del Frente para la Victoria (Calvi, Ciafrelli, Da Rold, Escoda, Gallardo, Giacomelli, Muñoz, Ortigala, Paredes, Segovia, Fernando Simón, Stevanato, Torres, Montes y Vendramín) más los tres del Eje Peronista (Pettignano, Cófano y Gómez) y la única senadora de Nuevo Encuentro (Naman).

Enfrente, se espera que voten a favor otros 19 senadores, entre los 13 de la UCR (Biffi, Camerucci, Copoletta, Dengra, Del Río, Jaliff, José, Moralejo, Ortiz, Sáenz, Guillermo Simón, Suárez y Vilches), los dos demócratas (Aguinaga, Corvalán); los dos de Unidad Popular (Amstutz y Márquez); el único del Peronismo Federal (Valls) y del Pro (Cairo).

El desempate será inevitable "si no hay fugas ni cambios de último momento? nada descartables", hay que repetir en una Legislatura que hace un ejercicio diario de la "negociación permanente" y es capaz de transformar cualquier escenario "estable".

Se espera que antes de la votación haya un cruce de argumentaciones. Hace tres semanas el radical Juan Carlos Jaliff fundó su proyecto en la "caída" de la prórroga del acuerdo de cesión de fondos por ausencia de una ley y apelación a un decreto nacional en 2011 y en la necesidad que tiene la provincia de "recuperar" ingresos para evitar sus déficits recurrentes.

Se estima que hoy el justicialismo (a través de los senadores Fernando Simón e Ignacio Ortigala) contraargumentará que el Pacto Fiscal "está vigente" hasta que no lo sustituya otro Pacto Federal o una ley de Coparticipación, y en que una demanda contra la Nación, "lejos de aportar fondos inmediatos, traerá más inconvenientes". En el fondo, oficialismo y oposición discuten el tipo de relación con el gobierno nacional.

En la oposición -sin mayoría en la Cámara alta- se espera hoy una derrota "casi segura" en el Senado, aunque mañana en Diputados -donde cuenta con mayoría propia- se descuenta que insistirán reflotando dos proyectos similares de los ex legisladores Roberto Infante y Alejandro Molero.

Otras provincias

El gobierno de Santa Fe llevó este mismo tema a la Corte Suprema en 2009 y reclamó más de 2 mil millones de pesos, pero sufrió el revés del procurador general de la Corte, Luis González Warcalde (por entonces a cargo tras la renuncia de Eduardo Righi y antes de la asunción de Alejandra Gils Carbó) quien aconsejó al máximo tribunal que "corresponde rechazar la demanda" y que "debe desestimarse el planteo de inconstitucionalidad".

Santa Fe planteó "la inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley 26.078, que prorrogó, sin acuerdo previo de las provincias, la detracción del 15% de la masa coparticipable con destino a la Anses". La semana pasada el presidente de la Corte Nacional, Ricardo Lorenzetti, reveló que "el expediente está en la etapa final y la sentencia es inminente en términos judiciales".

En tanto, otro ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, señaló que las presentaciones de Córdoba y de Corrientes "tienen motivaciones políticas" y, por lo tanto el tema "se debe resolver en una mesa de diálogo".

En cambio Córdoba (que inicialmente reclamó una puesta al día en los envíos de la Nación a la Caja provincial y luego pidió la inconstitucionalidad) alcanzó una postura favorable. El procurador general, González Warcalde, dictaminó que debe ser la Corte Suprema la que intervenga en el reclamo por los fondos que la Anses debe a la Caja de Jubilaciones cordobesa, por 1.040 millones de pesos.