Fabián "Pepín" Rodríguez Simón tendrá que presentarse este jueves a las 14.30 ante la jueza uruguaya especializada en Crimen Organizado Adriana Chamsarian. Será el inicio del proceso de extradición, medida pedida junto con su detención por la jueza María Servini que lo investiga por amenazas y extorsiones a los accionistas del Grupo Indalo durante le gobierno de Cambiemos. El operador judicial de Mauricio Macri tendrá 24 horas para analizar con sus defensores toda la documentación que haya en el expediente y decir si quiere o no ser extraditado.

Está claro, por los anuncios que hizo públicamente hasta ahora, que su intención es no rendir cuentas ante los tribunales proteños, lo que explica que esté declarado en rebeldía por la jueza Servini. Mientras tanto la Comisión de Refugiados (CORE) --que funciona en la órbita de la Cancillería uruguaya-- analiza su solicitud de protección como supuesto perseguido político, aunque su informe no está listo todavía. Según señalaron funcionarios de los tribunales de Montevideo a Página/12, de todos modos, la decisión sobre el futuro de "Pepín" la tomará la magistrada. Es lo que dice la Ley de refugiados en el artículo 41.

De acuerdo con las normas procesales del país vecino, a la audiencia de debate a la que fue citado Rodríguez Simón irán "la persona requerida asistida por su defensor, el abogado del Estado requirente y el Ministerio Público" fiscal. Allí la jueza le informará formalmente al (todavía) diputado del Parlasur acerca del pedido de extradición que lo afecta y le dará la opción de tomarse un día para revisar los fundamentos de ese pedido. Para oponerse al pedido de extradición tendrá que demostrar defectos del pedido, o que no es la persona buscada o que es improcedente. También tiene la opción de aceptar ser extraditado en cualquier momento del proceso. El código procesal uruguayo prevé que si el tribunal encuentra que no hay ninguna anomalía con el planteo de extradición, podría dictar la prisión preventiva, pero no está claro que eso vaya a ocurrir.

La lógica es que Rodríguez Simón reitere que ya pidió ser admitido como refugiado político porque considera que es víctima de una persecución y en un comienzo planteó que estaba bajo amenaza de ser privado de su libertad. También puede ofrecer prueba. Es llamativo que en el expediente que conduce Servini no pidió la eximición de prisión ni tampoco había nada que hiciera pensar que iba a ser detenido, ni él ni ninguna de las personas investigadas, entre quienes se encuentra el propio expresidente Macri.

Pepín se escuda, como contó públicamente, en dos dictámenes para decir que reúne condiciones para ser considerado refugiado político: uno de Didier Opertti, un ex canciller uruguayo del Partido Colorado, y el profesor de derecho internacional de la Universidad de la República, Martín Risso, también rector de la Universidad Católica uruguaya. La CORE, que recibió el pedido de Rodríguez Simón a comienzos de mayo, hará su evaluación y deberá entregara a Chamsarian. Ese organismo está integrado por un representante de la Cancillería de Uruguay, otro de la Dirección Nacional de Migración, uno de una universidad, un legislador, dos de organizaciones no gubernamentales y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o un representante.

La semana pasada el gobierno de Luis Lacalle Pou dio señales, incluso en diálogos directos con el embajador argentino, Alberto Iribarne, de que no tienen ninguna intención de obstaculizar el proceso de extradición. Mientras tanto, el juzgado de Servini esta semana ya toma indagatorias a ex funcionarios de segundas líneas de la AFIP.