Una vez que la Corte dispuso que se aplique la ley de fueros, Romero se mostró mucho más agresivo e incluso salió al ruedo electoral con un mayor empuje, mientras que a través de su diario, profundizó sus ataques a determinados jueces penales en busca de amedrentarlos e impedir que alguno lo cite a indagatoria.

Esto, sin embargo, no lo pudo evitar, pues en mayo pasado, el ex juez de Transición 3, José María Alvarado Solá, cursó la citación a indagatoria del ex gobernador, quien no asistió al acto procesal y en su reemplazo mandó a un nuevo abogado, Oscar Pedro Guillén, con un recurso que sólo buscaba ganar tiempo hasta que el magistrado se jubilase, tal como sucedió.

Más tarde, sin embargo, el nuevo juez de la causa, Federico Diez, volvió a citarlo a indagatoria, pero Romero también faltó. Lo mismo hizo ante un tercer llamado a indagatoria, aunque para frenar las citaciones recusó al juez y echó mano de una ex jueza de Corte, Rosa Ayala, para con ello mover de la causa al juez Diez, quien era secretario de la ex magistrada en el alto tribunal.

En vista de las constantes maniobras de Romero para no prestar declaración indagatoria, fuentes judiciales revelaron que en la ciudad judicial no descartan hacer uso de la Ley Nacional de Fueros y solicitar en su defecto el desafuero de Romero como senador nacional, para así poder conducirlo con la fuerza pública a declarar por los hechos de corrupción imputados en su contra.

Si bien esta posibilidad, de concretarse, establece un período de 180 días para que el Congreso Nacional resuelva si expulsa o no a Romero del Senado de la Nación, en la Justicia consideran que esta es la única vía que queda por imponer, pues ya se hizo todo lo que se podía para obligar al ex gobernador a cumplir con los mandatos judiciales.

La negativa

Como parte de su estrategia para evitar el accionar de la Justicia, Romero eligió presentarse como víctima de una persecución política, y para ello agilizó su campaña electoral a la vez que intenta amedrentar a distintos medios con demandas y otros aprietes legales.

De esta manera, su diario y ex funcionarios de su entorno aseguran que las causas por corrupción abiertas en contra de Romero se tratan de una cuestión política, cuando en realidad los jueces advierten que a partir de esta maniobra el ex gobernador busca extorsionar a los magistrados con un castigo mediático si avanzan en el proceso penal.

Muchos se preguntan por qué razón el ex gobernador simplemente no se presenta y se abstiene de declarar, instancia habilitada por las normas procesales vigentes para este caso.

De hacerlo, Romero sabe que en algunas causas –como La Ciénaga- la investigación ya está muy avanzada, por lo que teme que tras su presentación le caiga el procesamiento, tal como sucedió con el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou.

Por esta razón, Romero ha decidido evitar incluso cumplir con la citación a indagatoria, paso procesal que ahora no se puede dar cumplimiento debido a los fueros de senador nacional que posee, privilegio que impide a los jueces penales citarlo por medio de la fuerza pública.

Un pedido de desafuero, sin embargo, podría poner en complicaciones a Romero, pues ya no cuenta con suficientes amigos en el Congreso Nacional, donde los apoyos se miden según la corriente partidaria del más fuerte, o sea el kirchnerismo, doctrina con la cual Romero no se identifica para nada.