Publicado el 21/09/2012 - La Justicia avanzará en la investigación sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos del Instituto de Seguridad Social para Profesionales de Santiago del Estero (Isspse), al ampliar las averiguaciones sobre diferentes movimientos de dinero e inversiones de la entidad.

Según señalaron calificadas fuentes tribunalicias, el juez Miguel Ángel Moreno decidió incorporar otros ítems en el análisis del desenvolvimiento financiero y administrativo del Isspse.

Cabe recordar que en una primera etapa, la atención se centró en las operaciones de la cuenta denominada “Sellados”.

En ella, se registraba el pago de los sellados establecidos por ley provincial sobre los pagarés que firmaban los asociados cuando recibían un préstamo personal de la institución.

En la valoración que hicieron los peritos de la División Delitos Económicos de la Policía de la Provincia de los balances de los años 2009, 2010 y 2011, se detectó una diferencia de algo más de $ 297.000.

Eso fue informado oportunamente a los funcionarios judiciales y de esa manera se cerró una etapa en la causa.

Hasta entonces, fueron imputados el ex responsable del área contable, financiera y administrativa, Antonio Martín y el gerente general, Jorge Acosta.

Otras cuentas

Según se supo, el juez va a armar un nuevo equipo de trabajo con técnicos de Delitos Económicos para dedicarse a estudiar otras cuentas y sus resultados.

Asimismo, no se descartaba que se incluyera en esta ampliación de las pesquisas que se evaluaran las inversiones en títulos bursátiles e inmuebles que se hicieron con fondos del Isspse.

Justamente, algunos de esos temas fueron planteados en el pedido de constitución como querellantes particulares de un grupo de abogados, que son asociados al Isspse.

En julio pasado, los profesionales del Derecho, Lucía Amín de Lavaisse, Mario Lavaisse, Sandra Zemán, Teresa del Valle Pereyra y Daniel Karam se presentaron en su condición de presuntos damnificados por la aparente defraudación que se habría cometido en el instituto.

En ese escrito, habían requerido que la investigación judicial debía abarcar la última década y todos los aspectos en los que hubo dinero invertido o gastado.

Sin embargo, calificadas fuentes estimaron que demandaría mucho tiempo hacer un trabajo investigativo de esa magnitud, por lo que se reduciría a los tres o cinco últimos años.