El letrado de la empresa, José Furque, consideraba que existía "un vicio de incompetencia" y que la causa tendría que estar en la Corte de Justicia.
El letrado había cuestionado la competencia del Juzgado de 5º Nominación en lo Civil que entendía en la causa, como así también había planteado la nulidad de la medida cautelar que dispuso la paralización de la obra en la Cuesta del Portezuelo. Mediante un fallo unánime, la Cámara resolvió rechazar el Recurso de Apelación presentado por Furque, motivo por el cual el expediente deberá regresar al Juzgado en lo Civil de 5º Nominación a cargo de la Juez Marcela Soria Acuña para continuar con el trámite del proceso.
En la presentación realizada por Furque, el abogado alega la nulidad de la sentencia por "vicio de incompetencia", dado que del escrito inicial (la cautelar presentada por Eduardo Aroca) surge que se trata de una cuestión administrativa referida a la contratación de una obra pública, por lo que tratándose de una causa de naturaleza contencioso administrativa, la competencia de la causa debe recaer en la Corte de Justicia.
En la resolución de la Cámara se especifica que en los hechos narrados en la demanda "queda claro que en esta causa no se alegan derechos derivados de la relación de empleo público, ni se funda la misma en normas de derecho público, lo que determina la improcedencia de la pretensión de la recurrente". Los jueces señalan que el reclamo se trata de un ciudadano tendiente a lograr la reparación de un daño ambiental ocasionado.
La resolución de la Cámara lleva las firmas de Nora Graciela Jalile de Correa (Presidenta), María Alejandra Azar (Decana); Manuel Herrera (Vice decano) y Andrea Tapia (Secretaria).
"Maniobra dilatoria"
El abogado representante de Eduardo Aroca (quien presentó la medida cautelar para parar la obra y que la Cuesta vuelva a su estado anterior), consideró que la presentación de Furque se trató de una "maniobra dilatoria".
“Se trató de una maniobra meramente dilatoria del proceso, ya que el recurso carecía de fundamentos sólidos", dijo el letrado. A lo que agregó: "Esto implicó lamentablemente una demora en la tramitación de la causa. Ahora deberá continuarse con el trámite normal previsto para este tipo de procesos colectivos, mediante la publicación de la demanda a fin de que las personas o entidades que se consideren afectadas puedan tomar participación en la causa”.
Cambio de jueza
La causa que investiga el daño ambiental causado por la línea de 33KV a la Cuesta del Portezuelo cambió de jueza.
En ese sentido, anteriormente la investigación estaba a cargo de la jueza de 4° nominación Silvina Millán. Ahora el expediente está en manos de la titular del Juzgado de 5° nominación Marcela Soria Acuña.
El motivo del cambio se debe a que el Ministerio de Servicios Públicos recusó a la jueza Millán por ser hermana del diputado provincial opositor y uno de los principales detractores de la obra Juan Pablo Millán (FCS).
La presentación llegó a la Cámara Cívil que aceptó el planteo de los abogados del Ministerio. De esta forma se trasladó la causa al Juzgado a cargo de Soria Acuña.
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