El STJ confirmó el aumento del 71 % del servicio de aguas y cloacas, fijado por Aguas Rionegrinas, aplicada una mitad en octubre y el resto en el primer semestre del año próximo.

El máximo tribunal convalidó el procedimiento adoptado por esa empresa pública, con ratificación del gobierno, al rechazar un prohibimus presentado por legisladores del Frente para la Victoria y una asociación de defensa del consumidor.

El rechazo se concentra en que los impulsores del recurso “no están legitimados para formalizar” ese reclamo porque “no acreditan la existencia de una afectación actual y personal”. El recurso fue elevado por los legisladores del Frente para la Victoria (FpV), Nicolás Rochas, Marcelo Mango, Alejandro Ramos Mejía y Alejandro Marinao, como también, por las concejalas de Viedma, Evelyn Rousiot y Silbana Cullumilla.

El requerimiento también incluía la suspensión de “la aplicación del incremento del 71,34 % en el servicio de agua potable y desagües cloacales.

El primer voto correspondió al juez Ricardo Apcarian, acompañado por Sergio Barotto y Adriana Zaratiegui, mientras que Liliana Piccinini y Enrique Mansilla se abstuvieron. En su ocasión, la Procuradora, Silvia Baquero Lazcano ya había rechazado el pedido de prohibición también al entender que los demandantes “carecen de la legitimación pertinente y que la mera invocación de la calidad de legislador, concejal, integrantes de una asociación o simple ciudadano no habilita a la legitimación procesal”.

Apcarian entiende que si bien la asociación Decoro estaría legitimada en función del artículo 30 de la Constitución Provincial”, en favor de las organizaciones del consumidor, “resulta imposible soslayar el notorio hecho de que quienes ahora se presentan como afectados han omitido injustificadamente la posibilidad de presentarse a impugnarlas en las actuaciones administrativas”. Incluso, el juez recuerda que el DPA cumplió una “revisión extraordinaria de las tarifas correspondientes a dicho servicio, tal como se encuentra acreditado con las publicaciones realizadas al efecto en el Boletín Oficial”.

El pedido de suspensión del aumento lo habían realizado legisladores del FpV y la asociación de defensa al consumidor Decoro.