En 2020 se había declarado a la telefonía celular, internet y la televisión por cable como "servicios públicos" y de esa manera sus precios deberían estar fijados y autorizados por el Estado.
La Justicia prorrogó por otros seis meses la medida cautelar en favor de Telecom Argentina contra el decreto que firmó el presidente Alberto Fernández en 2020 y que había declarado a la telefonía celular, Internet y la televisión por cable como "servicios públicos".
El decreto establecía que los precios debían estar fijados y autorizados por el Estado, pero la cautelar lo frenó. "Gracias a este amparo judicial, la empresa podrá seguir teniendo libertad para definir los valores que cobra por esas prestaciones", afirmó un comunicado el Enacom.
"Es la cuarta prórroga, es decir, que vamos a llevar dos años y seis meses de vigencia de la cautelar cuando lleguemos al mes de octubre y que seguramente la justicia les dará otra", destacó Gustavo López, vicepresidente del Enacom.
En esa línea, López agregó: "Esto es lo que nosotros venimos denunciando, un poder judicial al servicio exclusivamente de los grandes intereses económicos y que no mira a los millones de usuarios que utilizan internet y telefonía todos los días para trabajar, para estudiar y para hacer las cosas más elementales que tiene que hacer."
En agosto de 2020, en plena pandemia, el Presidente firmó el decreto de necesidad y urgencia 690 que declaraba a Internet, telefonía móvil y TV por cable como "servicios públicos" y eso implicó que sus precios pasarían a estar regulados.
Fundamentalmente, en cuanto a sus valores, que pasarían a regirse por una pauta establecida por el Ente Nacional de las Comunicaciones (Enacom). Además, en un contexto en el que se volvieron esenciales durante el aislamiento preventivo, social y obligatorio (ASPO), el decreto creó una "prestación básica universal y obligatoria" (PBU). "Nuevamente la justicia nos impide regular las tarifas y las empresas van a seguir cobrando lo que quieran. Eso se llama injusticia en la Argentina", remarcó López.
La primera cautelar fue en abril de 2021. Tiempo después, también Telefónica y Claro consiguieron sus propios amparos. Las tres representan más del 90% del mercado y operan bajo esa cobertura desde entonces.
Desde enero, el Enacom permitió aumentos escalonados de hasta el 17,6% de febrero a abril. Las grandes operadoras informaron a sus clientes subas de hasta el 30% sólo en el primer mes del año. De hecho, en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a ese periodo fue del 6% y el rubro Comunicación subió 8%, "por las subas en los servicios de telefonía e Internet".
Al 30 de septiembre -última información disponible-, Telecom tenía, bajo las marcas Flow y Personal, 20 millones de clientes de telefonía móvil, 3,5 millones de TV por cable y 4,2 millones de abonos de banda ancha. Su controlante es Cablevisión Holding, sociedad entre el fondo mexicano Fintech y el mismo grupo de accionistas propietario del Grupo Clarín.
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