De un lado del campo de juego, está el ORSNA, el organismo del gobierno que regula los aeropuertos y preside un militante de La Cámpora, Gustavo Lipovich. Del otro lado, está LAN, la aerolínea privada chilena. Lo que se disputan es el hangar que usa LAN en el Aeroparque Metropolitano: el gobierno ordenó que lo desalojara, la empresa chilena apeló y la Justicia volvió a decir que no. Esta vez, le ordenó al Estado argentino que “se abstenga de interferir el normal uso, goce y explotación del hangar”, por los próximos seis meses o hasta que se resuelva la cuestión de fondo. En el medio están los pasajeros: su posibilidad de elegir en qué aerolínea viajar, la diferencia en dinero y en tiempo entre ir hasta Ezeiza a tomar un avión en Aeroparque. Un “detalle” que parece no importar tanto.

Esta vez, LAN planteó una medida cautelar urgente contra el ORSNA que le permitiera seguir usando el hangar de Aeroparque: una “base de operaciones” de 2.500 m2 donde funcionan los talleres de mantenimiento, oficinas y almacenes de repuestos y en la que dice que invirtió unos 5 millones de dólares. Para ello argumentan que “vienen sufriendo sistemáticos ataques tendientes a empeorar su competitividad”, que la orden de desalojo pone en riesgo el trabajo de sus 2.850 trabajadores y que la decisión estaba “favoreciendo la formación de un monopolio de hecho en Aerolíneas Argentinas”.

Es que, de ocurrir, afectaría no sólo a los trabajadores sino a los pasajeros. LAN transporta desde Aeroparque a 2 millones de personas por año a 14 destinos domésticos: un 30% de los pasajeros de vuelos de cabotaje. “Si no tenemos nuestro hangar vamos a tener que dejar de hacer vuelos domésticos”, habían dicho sus voceros. Y habían asegurado que de trasladarse al aeropuerto de Ezeiza, les resultaría imposible mantener su operatoria. A los pasajeros tampoco les haría las cosas fáciles: un taxi desde el centro hasta Ezeiza, por poner un ejemplo, puede costar tres veces más que hasta Aeroparque.

Ayer, la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal de primera instancia, Liliana Heiland (que ya había prorrogado una medida cautelar) resolvió volver a suspender la resolución que ordenaba a LAN desalojar el hangar en 10 días y dispuso que el Estado “se abstenga de inteferir el normal uso, goce y explotación del hangar que ocupa LAN”. Además, el fallo reconoce que “LAN pactó con un tercero, el concesionario Aeropuertos Argentina 2000, la ‘explotación’ del hangar’ y ese acuerdo tenía “vencimiento en 15 años, lo que implicaba su utilización hasta el 2023”.

La contienda empezó hace más de un mes, cuando el gobierno intimó a LAN a desalojar el hangar que alquila en Aeroparque. Una jueza dictó una medida precautelar para frenarlo y otra la prorrogó. Entretanto, se dio a conocer un video en el que el presidente de Aerolíneas Argentina, Mariano Recalde, reconocía que le había pedido a la presidenta que le suprimiera rutas a LAN. Y hasta hubo un cruce entre la presidenta y su par chileno, Sebastián Piñera, luego de que ella sugiriera en Twitter que él no había vendido LAN tras ser electo presidente.