El costo que tuvo para la Argentina la denominada Campaña Antártica, esto es el abastecimiento de las bases en ese continente, quedó bajo la lupa de la Justicia. El juez federal Luis Rodríguez encomendó a peritos contadores oficiales de la Corte Suprema de Justicia que realicen un informe para saber cuánto fue el dinero que desembolsó el Estado en la operación 2012/2013.

Según informaron fuentes judiciales a Infobae, el magistrado encomendó la pericia para saber cuál fue el costo de las licitaciones que llevó adelante nuestro país, pero también aquellos gastos extraordinarios que no estuvieron previstos.

La licitación 77/2012 fue sobre la parte aérea y el contrato fue de u$s 10.420.842; en tanto que la segunda, la 79/2012, demandó un costo de u$s 6.800.440. En tanto que los gastos no previstos en ninguna, se estima que rondaron los 30 millones.

Ambos contratos fueron con la empresa Transport & Services, y además de las presuntas irregularidades en las licitaciones, la Justicia investiga la designación del hijo del entonces ministro de defensa Arturo Puricelli, Alejandro, como asesor.

El juez Rodríguez pidió además a los peritos que determinen si el costo que demandó la campaña 2012/2013 es "razonable" en comparación con las que se hicieron en 2010/2011, 2011/2012 y 2013/2014.

También si los gastos por fuera de las dos licitaciones hechas "se coinciden con los distintos inconvenientes suscitados" en la campaña 2012/2013. Entre ellos está la contratación de un crucero, el Polar Pioneer, por las demoras en el abastecimiento de las bases fijas y móviles; la rotura de uno de los helicópteros que participó del operativo; o bien la contratación de más personal para los buques.

En la causa fueron imputados por el fiscal Ramiro González, el ex ministro Puricelli, su hijo Alejandro, Carlos Lugones Aignasse, Fernando Aldet; Juan Manuel Locatelli; Mario Romarion; Jorge Mauro Vega y el capitán de navío Alejandro Sanz Valentín.

En la causa también se investiga la contratación del hijo de Puricelli, quien accedió por medio de un programa de asistencia técnica que entabló la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con el Ministerio de Defensa.

La causa se inició a partir de una denuncia que hizo el diputado Manuel Garrido, y éste será el primer peritaje contable oficial que se ordena en la investigación luego de la documentación que fue acumulando en los últimos meses el juez Rodríguez sobre las dos licitaciones y los gastos extraordinarios.