La justicia dictaminó a favor de Jorge Alí, Cristián Tait, Susana Rivero, Gustavo Gil de Muro y Patricia Leniz, ex-funcionarios durante la intendencia de Carlos Arroyo. Reclamaban por el pago de vacaciones no gozadas durante el período 2018-2019.

El dictamen se ampara en que debido a la renuncia de las mencionadas autoridades, estas no pudieron gozar de la licencia anual correspondiente al año previo. Si bien el derecho corresponde desde lo legal, se abre un interrogante.

Ser funcionario, ¿es una inversión a futuro? Los sueldos abultados, muy por encima del común de la gente sumadas a las jubilaciones de privilegio y derechos especiales, quedan lejos de los discursos de ética y austeridad, pronunciados habitualmente por todos los espacios políticos.

La compensación para el ex-intendente, sin ir más lejos, supone una cifra millonaria.

La situación de Arroyo

A pesar del fallo favorable a sus ex-funcionarios, el otrora intendente de Juntos por el Cambio, Carlos Arroyo, aun aguarda respuesta de la justicia. 

“Somos varios los que hacemos el reclamo. En cuatro años no me tomé un día. Cualquiera que trabajó conmigo sabe que es verdad. Es un capricho de esta gestión que no nos quieren pagar. Todas las anteriores pagaron esto”, había declarado hace algunos días.