La sentencia fue dictada en el día de hoy en el marco del juicio de amparo que iniciamos contra el Concejo Deliberante el día 25 de junio ante la falta de respuesta a los pedidos de acceso a información pública que formulamos a su presidente, el concejal Ricardo Villada.

Durante el proceso, el presidente del Concejo Ricardo Villada, había solicitado el rechazo de la acción de amparo. Entre otros argumentos había señalado que sería una "irresponsabilidad" de su parte informar si existe o no la documentación, mientras se realice la auditoría externa que se ha dispuesto mediante resolución. 

En su fallo, el Juez Domínguez señaló que la actitud de la demandada de restringir el acceso a la documentación solicitada por el actor, y constreñir el derecho de información a los resultados de una Auditoría Externa, transgrede con arbitrariedad extrema dichos principios y constituye una vulneración al derecho de acceso a la información pública.

Señaló también "que la información solicitada surge de la propia actuación administrativa del Estado, que en tal carácter debe estar documentada porque involucra la decisión y ejecución del gasto público" y que "...la puesta a disposición de la documentación debe ser completa, es decir, tiene que abarcar toda la existente y referida al gasto público en cuestión." 

"Ello presupone, obviamente, por aplicación del principio de transparencia y buena fe, que la demandada debe agotar todos los medios a su alcance para cumplir tal obligación y, si por cualquier razón ello no fuera materialmente posible, debe expresarla."

A partir de la notificación de la sentencia, el Concejo Deliberante deberá en un plazo de quince días brindar la información sobre sus gastos reservados. 

Se trata de un monto de aproximadamente 25 millones de pesos que se ejecutaron en los años 2.012 y 2.013 sin que se haya informado su destino.