La camarista y presidenta de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, sugirió ayer que los jueces de la Corte Suprema que firmaron el fallo que habilitó el cómputo del 2x1 para genocidas, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, deberían dejar su cargo. Y los acusó de haber "perdido conexión con la realidad".

"Creo que no está bien la permanencia en la Corte de algunos de los firmantes. Se han equivocado largamente.

Estamos reivindicando hoy a (Carlos) Maqueda y (Ricardo) Lorenzetti como los que mantienen las políticas de Estado a nivel judicial. Los demás han perdido conexión con la realidad", sostuvo la titular de la Cámara de Casación Penal.

La magistrada, en declaraciones a radio La Red, señaló que "el derecho no es unívoco", pero que "el juez debe hacer una interpretación acorde a la realidad de la sociedad en la que vive". "Fue un error jurídico y político", agregó.

Para Garrigós "el fallo es malo técnicamente, no se adecua a la situación específica del beneficiario". "Es incomprensible que se haya elegido ese caso para esta decisión y además de eso es una lectura incorrecta de la situación jurídica y social -sostuvo-. Además, contraviene las convenciones internacionales".

La camarista apuntó también al Poder Ejecutivo, aunque por elevación. Si bien desestimó que el Gobierno nacional haya pedido o influido en esa decisión del máximo tribunal, manifestó: "No creo que se lo hayan pedido, pero no hace falta decirles a los jueces lo que tienen que hacer, basta con nombrar a la persona indicada que uno piensa que va hacer lo que uno quiere que haga".

El escenario de continuidad en la Corte empezó a tensarse esta semana, cuando Highton sorprendió al pedir una licencia de una semana en medio de fuertes versiones de movimientos en el seno del máximo tribunal.

Tras el fallo en la causa contra el represor Luis Muiña, a quien se le permitió aplicar la ley del 2x1, en el Congreso surgieron pedidos de juicio político a los tres jueces que firmaron ese expediente. Hay al menos dos: uno presentado por diputados del FpV y otro por los legisladores de izquierda. Estas iniciativas van en línea con las declaraciones de la presidente de Justicia Legítima, que apuntan a la renuncia de los magistrados que se ganaron el repudio de 500 mil personas en Plaza de Mayo, el miércoles pasado.