Justicia investiga supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de Mauricio Macri, Daniel Scioli y Adolfo Rodríguez Saá con una hipótesis: que los partidos políticos fueron utilizados para lavar dinero de origen ilícito, proveniente de la corrupción -en su mayoría-, pero también de delitos más graves, como el narcotráfico.

Esa conclusión se desprende de la investigación que realizó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Los fiscales a cargo, Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta, presentarán hoy el informe ante su par con competencia electoral, Jorge Di Lello.

La utilización de empleados públicos como pantallas para blanquear aportes ficticios y donaciones indirectas de empresas a través de sus ejecutivos -muchas proveedoras del Estado- son las dos principales irregularidades que detectaron sobre las rendiciones de cuentas de Cambiemos, el Frente para la Victoria (FPV) y Compromiso Federal (San Luis).

"La mayoría de los fondos en investigación son provenientes del dinero negro de la política, ya sea a través de donaciones escondidas de empresas con estrechos vínculos con el Estado o mediante el blanqueo de recursos de los que ya disponían las fuerzas políticas, las tres con gestión de distintos estratos del Estado", explicó una fuente judicial. Y apuntó que el informe incluye sospechas sobre operaciones de lavado de dinero vinculadas a "delitos más complejos, como el narcotráfico".

La tarea de la Justicia estará enfocada en el rastreo de la ruta del dinero, para determinar si los donantes estaban en condiciones reales de desembolsar esa cantidad. "Es relativamente sencillo, porque se trata de grandes movimientos de dinero", reveló una fuente con experiencia en estas investigaciones.

Una tendencia detectada, que se percibe especialmente en el informe de Cambiemos, es la utilización de jóvenes de 20 a 32 años como aportantes de campaña. La edad despierta desconfianza de la Justicia por la supuesta falta de capacidad económica generalizada para realizar esas donaciones electorales, que en algunos casos superan los $ 50.000.

El informe de la Procelac incluye a tres empresarios cercanos a Cristóbal López, que donaron $ 340.000 -en total- a la campaña del FPV. Ricardo Benedicto, socio en Casino Club, aportó $ 120.000; Héctor José Cruz, socio de López en Estados Unidos, desembolsó también $ 120.000, y Carlos Fabián de Souza, socio en el canal de televisión C5N, hizo una donación de $ 100.000.

El organismo detectó también que Compromiso Federal, cuyo candidato presidencial era Adolfo Rodríguez Saá, reunió a doce de los quince donantes privados más generosos de toda la elección. La suma de sus 12 aportantes -que quedaron bajo la lupa- supera los $ 4,3 millones.

La investigación de los fiscales se realizó sobre la base del convenio firmado con la Cámara Nacional Electoral en marzo de 2015, que permite el intercambio de información. Tal como publicó LA NACION, la auditoría del tribunal había detectado serias inconsistencias en los informes que presentaron las alianzas electorales, lo que fue tomado como base por la Procelac para avanzar sobre casos sospechosos de lavado de activos.

La Cámara Electoral detectó a principios de este año que Cambiemos, el FPV y el Frente Renovador tampoco declararon entre sus gastos de campaña a reconocidos asesores, como Jaime Durán Barba, que omitieron buena parte de sus viajes en aviones privados y que no incluyeron información sobre los ingresos de las cenas de recaudación de fondos.

El informe de la Procelac contó con la colaboración de la Unidad de Información Financiera (UIF). Los partidos políticos no enviaron ningún reporte de operación sospechosa (ROS), a pesar de que buena parte de las donaciones eran superiores a $ 50.000, tal como lo indica la resolución 30/2011 de la UIF. "El problema es la falta de regulación que existe con respecto al sistema de prevención para maniobras de lavado de dinero en las campañas electorales", sostuvo una alta fuente judicial.

Las autoridades partidarias y los responsables políticos y económicos de las fuerzas pueden ser sancionados -según la ley de financiamiento de las campañas- con la pena de inhabilitación de entre seis meses y diez años para ejercer cargos públicos. Será la jueza con competencia electoral María Romilda Servini quien determinará si aprueba los informes de la última campaña presidencial.

Según pudo saber LA NACION, el Gobierno ensaya por estos días un proyecto de ley para "sincerar" el financiamiento electoral, que incluye quitar la prohibición para que las empresas puedan aportar dinero a las campañas. Esta iniciativa correría en paralelo a la reforma política que impulsa el oficialismo y que será tratada hoy en el Congreso.