La Justicia impidió que vuelva a funcionar unas de las termoeléctricas de Villa Rosa

La Justicia impidió que vuelva a funcionar unas de las termoeléctricas de Villa Rosa

Araucaria había solicitado que se le permita encender dos turbinas. Para eso, debía modificarse la medida cautelar que lo prohíbe. Pero el juez lo rechazó por falta de permisos de Provincia y Municipio.

El Juez Federal de Campana, Adrián González Charvay, volvió a rechazar la puesta en marcha de una de las dos plantas generadoras termoeléctricas que se habían instalado en la ruta 25, en Villa Rosa.

A través de una resolución firmada en los últimos días, González Charvay rechazó el pedido de la firma Araucaria para encender dos turbinas con la intención de inyectar electricidad en el sistema de distribución nacional.

El magistrado fundamentó su pedido en la falta de permisos tanto del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires como del Municipio de Pilar, cuyo intendente, Federico Achával, se manifestó abiertamente en contra del funcionamiento de las termoeléctricas.

La resolución de González Charvay dejó firme una medida cautelar vigente desde diciembre de 2017, que obligó a Araucaria a cesar su funcionamiento. La prohibición alcanzaba también a APR, la otra termoeléctrica que se había instalado en el mismo lugar. Esa medida fue luego confirmada por la Cámara apelaciones de San Martín

Sin poder funcionar casi desde su instalación, este año APR fue desmantelada y las turbinas retiradas del predio. La decisión, que fue celebrada tanto por los vecinos como por el gobierno municipal, le dio a Araucaria una oportunidad: el cambio en la situación original, le abrió la puerta para insistir en su pedido de funcionamiento.

Insistencia

Araucaria se presentó ante el juzgado de González Charvay el 31 de agosto pasado. En un escrito solicita “la modificación parcial de la medida cautelar dictada en autos, permitiendo operar la central de forma provisoria con dos turbinas”.

La firma invocó “nuevas circunstancias” que generaron “la desaparición de las condiciones iniciales invocadas para justificar el dictado de la medida cautelar hace ya más de cuatro años”. Asimismo, informó que, en enero y julio de este año, realizó sendos pedidos de autorización a los organismos provinciales y municipales correspondientes.

Araucaria destacó también en sus presentaciones “que resulta crítico asegurar la mayor disponibilidad de potencia para abastecer al Sistema Nacional de Interconexión a fin de evitar interrupciones del suministro en los centros de mayor densidad poblacional. En esas condiciones, la operación de la central, aun parcial, resulta esencial para garantizar la continuidad del abastecimiento en los centros urbanos de la Provincia de Buenos Aires”.

González Charvay admite en su fallo el carácter “flexible” de las cautelares, ya que ante variaciones que las condiciones que las sustentan se “posibilita un nuevo análisis de su procedencia, pudiendo ser modificada o suprimida en todo momento”.

De todos modos, sostiene que en este caso, “bajo el pretexto de una modalidad diferente de funcionamiento por parte de la central termoeléctrica la parte no hace más que reeditar cuestiones que ya han sigo zanjadas” anteriormente.

Así, recuerda que en otras oportunidades, el “tribunal rechazó su análisis hasta tanto sean acompañadas las autorizaciones pertinentes por parte de la Municipalidad de Pilar y OPDS (hoy, Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires); circunstancia esta que al día de la fecha no se ha acreditado”.

Por eso, rechaza la “solicitud de modificación parcial de medida cautelar” ya que “no hace más que evidenciar -de una manera solapada- la reedición de cuestiones que ya han sido tratadas por el suscripto, circunscribiéndose a la falta de los permisos por parte de los organismos que correspondan para el funcionamiento de la central operada por Araucaria S.A., en cualquiera de sus modalidades”.

Planeamiento

Las termoeléctricas se instalaron en un 2016 en una zona de Villa Rosa que entonces estaba catalogada como “residencial”, por lo que no habilitaba el uso industrial. Para poder funcionar, el gobierno del entonces intendente Nicolás Ducoté primero les otorgó una excepción al código urbano y luego, en una reforma integral, directamente lo rezonificó como industrial. Ahora, los vecinos reclaman que el Municipio vuelva a modificar el código de planeamiento para que en el futuro otras industrias no puedan instalarse donde hoy está la termoeléctrica que queda.

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