El juez Adrián González Charvay habilitó el funcionamiento provisorio de dos turbinas de la “Central Matheu III”, ubicada en la localidad de Villa Rosa del Partido de Pilar. El conflicto viene desde la gestión del ex intendente de Juntos, Nicolás Ducoté.

El comienzo del conflicto se remonta al 2016. En aquel entonces se instalaron las usinas de generación termoeléctrica Matheu II y Matheu III, catalogadas como industrias categoría 3, peligrosas desde el punto de vista ambiental.

En 2017 vecinos de los partidos bonaerenses de Pilar y Escobar se congregaron para rechazar la instalación de las termoeléctricas Araucaria Energry y APR. Con la autorización unánime del Concejo Deliberante, las plantas fueron emplazadas en medio de zonas residenciales, lo que consideran "un daño al medio ambiente y a las personas que viven en las cercanías".

En 2018, la justicia de primera y segunda instancia dio por acreditados los potenciales efectos nocivos para la salud y el ambiente que podrían generar las termoeléctricas y los cinco millones de litros diarios tomados del acuífero Puelche que requerirían su funcionamiento.

Una de las centrales, operada por APR, anunció en 2022 su retirada y desmantelamiento. Hoy solo queda Matheu III, operada por Araucaria.

Habilitación judicial

El 23 de enero de 2023 la Justicia entendió que con el retiro de una de las centrales y con la puesta en funcionamiento de solo dos turbinas están dadas las condiciones como modificar la medida cautelar que en su momento ordenaba a la empresa Araucaria Energy S.A. suspender la construcción, operación, ensayos de prueba y demás actividades de la central termoeléctrica en cuestión.

La medida, firmada por el juez Adrián González Charvay, permitirá a la termoeléctrica Araucaria operar la planta de generación de energía de Pilar con carácter provisorio y con un régimen limitado. Las dos turbinas solo se podrá encender en el horario de 08.00 a 21.00 para evitar el impacto sonoro a los vecinos cercanos.

De acuerdo con el fallo, la medida se basa en tres estudios de impacto ambiental que establecen que “no se han encontrado objeciones ambientalmente significativas o impactos negativos de tal magnitud que impidan su entrada en funcionamiento”.

El estudio de Ingeniería Acústica acredita que con la operación de dos turbinas se está dentro de la normativa acústica aplicable.

Tanto el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires (ex OPDS) como la Municipalidad de Pilar no pusieron objeciones pero desde el municipio de Escobar expresaron su rechazo:

“La Municipalidad de Escobar expresa en sus presentaciones el rechazo a la resolución dejando en claro que hará todo a su alcance para impedir que la central vuelva a funcionar”, dijeron desde el municipio vecino a Pilar.

Tras conocerse la decisión, desde la Asociación Civil Organización de Ambientalistas Autoconvocados ( O.A.A) mostraron su enojo y tildaron el fallo de “arbitrario”.

“Repudiamos el accionar del juez, del Municipio de Pilar y del Ministerio de Ambiente provincial. Consideramos que el fallo es arbitrario, no aplica los principios del derecho ambiental, permite el funcionamiento sin la totalidad de los permisos y/o habilitaciones ambientales”, manifestaron en un comunicado.