La acción del titular del Juzgado Federal N°2 de la ciudad, Santiago Martín, se da en el marco de la demanda con la que se pretendía suspender las actividades de exploración sísmica, "hasta tanto se obtuviera la Declaración de Impacto ambiental garantizando el acceso a la información pública relacionada con esta actividad y la efectiva participación de la comunidad del Partido de General Pueyrredon en el proceso de evaluación de impacto ambiental en los términos del Acuerdo de Escazú, y en la toma de decisiones en lo concerniente a la actividad proyectada”.

En dicha demanda, también solicitó que se diera intervención a la Universidad Nacional de Mar del Plata, a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, a la Universidad Nacional de La Plata y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), para la elaboración de los informes sanitarios, técnicos, ambientales y de impacto, correspondientes.

El magistrado avanzó con este primer pedido de informes después de que la fiscal Laura Mazzaferri diera un primer dictamen favorable al pedido judicial. Para la representante del Ministerio Público Fiscal, los presupuestos para el otorgamiento de la medida cautelar requerida estaban dados, ya que se había argumentado correctamente sobre la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora del reclamo.

Cabe traer a colación que, en la víspera, se conoció una cuarta presentación, un nuevo recurso de amparo presentado por un conjunto de organizaciones como la Asociación de Surf Argentina, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que piden que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución 436/2021 del gobierno nacional, que autorizó la exploración en tres áreas offshore.