Será en el marco de la causa federal que impulsan empresarios del rubro. Así lo recomendó el fiscal general Daniel Adler al Juzgado Federal Civil N°2.
El camino de la judicialización del aislamiento social, preventivo y obligatorio que impulsa un conjunto de gastronómicos de la ciudad tuvo su primera novedad: el fiscal general Daniel Adler planteó la realización de una audiencia conciliatoria entre el gobierno nacional, provincial, municipal y los empresarios, en el marco de la causa que lleva adelante el Juzgado Federal Civil N°2.
A comienzos de la semana, el juez Santiago José Martín aceptó la acción declarativa de certeza para determinar la constitucionalidad del ASPO y giró las actuaciones a la Fiscalía General, que en las últimas horas respondió con esa iniciativa.
En primer término, la causa impulsada por el abogado Fernando Herrera obtuvo un primer guiño de la Justicia Federal, dado que Adler también entendió que el “reclamo resulta ser formalmente adecuado”, en relación que se busca una “actuación preventiva” con el objetivo de “prevenir un quebranto en el patrimonio de los actores”.
Como primer paso para acercar posiciones, la Fiscalía Federal General recomendó al juez la realización de una audiencia conciliatoria –por medio virtuales- donde se “busquen acuerdos mínimos para salvaguardar los derechos de todos”.
"Ni los actores quieren muertes ni el Estado quiere desempleo. La extensión de esta pandemia y de las normas estatales que la abordan y que impide el ejercicio pleno de los derechos invocados, necesita de una instancia superadora", entendió Adler. "Debe adoptarse en esta coyuntura un rol del juez que no se centre en la tradicional lógica de decidir entre ganadores y perdedores, sino en alcanzar acuerdos sociales e institucionales que solo se alcanzan mediante acuerdos razonables de convivencia pacífica ante una situación inédita para nuestros tiempos. El sistema de administración de justicia puede cumplir un rol relevante en esta encrucijada", resaltó.
De ese encuentro participarían una representación de los estamentos de gobierno, los propios gastronómicos, Zona Sanitaria VIII, la Universidad Nacional de Mar del Plata y la CGT, para “analizar la situación de manera integral y avanzar en la búsqueda de consensos necesarios para la preservación equilibrada de los derechos”.
Una vez recibido el despecho, ahora será el turno del juez Martín se expedirse sobre la recomendación de Adler.
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