El juez federal Leónidas Moldes hizo lugar al amparo colectivo presentado hace ya nueve años por impulso de la Defensoría del Pueblo de Río Negro para poner límite a la contaminación del lago Nahuel Huapi y ordenó a la provincia que ejecute en un año las obras de saneamiento.

El fallo aclaró que en caso de no cumplir con la condena -que incluye la construcción del segundo módulo de la planta depuradora, el colector costanero y otras obras complementarias- los funcionarios responsables se exponen a recibir sanciones económicas “proporcionales al costo de las obras”.

El amparo original fue presentado por la exdefensora del pueblo Ana Piccinini y luego complementado por otras acciones similares que impulsaron la senadora Magdalena Odarda y la organización ambientalista Árbol de Pie.

El trámite se extendió por casi una década, en la cual hubo un largo diferendo por cuestiones de competencia, que debió ser saldado por la Corte Suprema.

El juez consideró probado el daño ambiental que causa el vertido al lago de efluentes cloacales sin tratar y también el perjuicio que generan las conexiones domiciliarias indebidas a la red cloacal en el barrio Melipal.

Por esto último también responsabilizó al Departamento Provincial de Aguas, como organismo fiscalizador.

El fallo condenó también a Parques Nacionales a “procurar la finalización y puesta en funcionamiento del segundo módulo de la planta depuradora y obras complementarias”, que se ejecutan por contrato del gobierno nacional y exigió al DPA el relevamiento de las conexiones cloacales del barrio Melipal, a fin de verificar las irregularidades denunciadas.

También rechazó la “falta de legitimación pasiva” alegada por el municipio y lo condenó a controlar las conexiones cloacales “en el ámbito de lo que resulte competente”.

El juez sólo eximió de responsabilidad a la Cooperativa de Electricidad Bariloche, que tiene a su cargo la concesión del servicio de saneamiento.